Los ejércitos y su función

1. Introducción

Un Estado, o si se quiere una comunidad, debe organizarse para la supervivencia como tal comunidad. Desde el inicio de las sociedades humanas, e incluso de manera más simple de las asociaciones de animales superiores, sus miembros sienten la necesidad de organizarse al menos en tres aspectos: la defensa común del grupo, unas reglas de convivencia y cooperación y un sistema de arbitraje o judicial. La defensa común del grupo organizado implica la defensa de un territorio, pues este a su vez garantiza el acceso regular a unos recursos con los que se logra la supervivencia del grupo. Por otra parte la territorialidad es un proceso común a todo conjunto de seres vivos.

En las sociedades humanas más primitivas los elementos de la organización básica con que se han regido, han sido siempre la justicia bajo unas normas y la defensa; y en una segunda fase, el logro y acumulación de unos recursos mínimos para la consecución de esos objetivos. Todo esto exige la cooperación entre sus miembros, no exenta de cierta competencia entre ellos para elegir o sustituir a sus dirigentes, inicialmente con atribuciones arbitrales como jueces.

En la organización de un grupo armado especializado en la defensa, formado por los individuos más fuertes e inteligentes del grupo, tanto la organización como la cooperación se refinan y llevan al extremo. Por un lado, la organización exige la existencia del grupo fuertemente jerarquizado con un sistema de justicia inmediato mediante sanciones y premios. La cooperación se lleva también al extremo mediante la exigencia de sacrificio, incluso de la propia vida, en beneficio del grupo.

En el transcurso de la historia una sociedad más elaborada y compleja, como fue la romana, ha tratado de asumir otros tipos de tareas como obras de interés público y educación, pero las únicas que son imprescindibles para el mantenimiento de una sociedad humana son la justicia para preservar el orden interior y evitar su descomposición y la defensa para preservar la supervivencia ante ataques exteriores. Lo que se denomina educación, no es más que un sistema elaborado de trasmisión y acumulación de conocimientos y experiencia, atribuidos inicialmente a la familia como grupo elemental, y por supuesto imprescindibles para la consolidación del grupo. A su vez el siguiente escalón en una sociedad compleja, la ejecución de las obras que mejoran los sistemas de comunicación, como vías y puentes, es llevada a cabo en gran medida para facilitar la defensa y el rápido desplazamiento de ejércitos.

El sistema de normas ha regulado al menos el aspecto de protección de la vida humana, una mínima regulación de las relaciones familiares y una defensa de la propiedad y para completar esto un sistema de reparación del daño ocasionado por quebrantamiento del equilibrio existente en defensa de estos bienes. Ello se hace a su vez mediante la regulación de la existencia de unos jueces con poder para dictaminar en qué forma y medida debe ser reparado el daño. A su vez si la independencia de los jueces como árbitros, ante los diferentes litigios, no está garantizada, carece de eficacia.

Ahora bien, el grupo no puede pervivir como tal sin una defensa externa que le ponga a salvo de agresiones de otros grupos o incluso de desgracias colectivas por fenómenos catastróficos naturales, que requieran para su reparación una solidaridad y una organización colectiva.

La organización y defensa es una tarea tan completa y a la vez tan compleja, que en el gobierno de Roma existía una correlación entre un buen emperador y su pasado como un buen general: César, Augusto, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, que además como contraste suelen regir un Estado durante períodos prolongados de paz. Por el contrario todos los emperadores tiránicos, que utilizaban el poder de forma arbitraria, habían tenido una escasa o nula experiencia militar: Calígula, Nerón, Cómodo… En la época actual tampoco faltan ejemplos de pacíficos gobernantes con experiencia militar, como pueden ser De Gaulle o Eisenhower y en alguna medida Kennedy, en contraste con belicistas provenientes del ámbito civil como Churchill, Roosevelt, Clemenceau, Hitler, Mussolini o Stalin.

Ello es explicable puesto que no existe nada tan complejo como mandar una gran unidad militar, especialmente en campaña y aportando la experiencia del elevado coste económico y en sufrimiento humano de una guerra. Exige dotes de equilibrio, determinación, sagacidad, previsión y planificación, austeridad, buena administración de recursos, diplomacia y todo ello regido con justicia. Incluso no falta la necesidad de dictar normas de rango menor. Al mismo tiempo, nada resulta tan satisfactorio para un general como ganar una batalla sin combatir.

El plan del artículo para encajar una institución como el ejército en un Estado exige determinar esquemáticamente la estructura en la que encaja un ejército y su razón de ser. Es decir: la definición de principios por los que se rige un ejército y su razón de ser; una comparación de los recursos entre los países más destacados y próximos geográfica y culturalmente; los recursos precisos en ese entorno para España; el sistema de reclutamiento y la formación de reservas para hacer viable un ejército; el planteamiento militar, desde el punto de vista ético, que se le presenta a unas fuerzas armadas en la situación límite de estallido de un conflicto.

2. Definición de principios y objetivos políticos

Las cuestiones y objetivos de una política de defensa la debe fijar el poder político y precisan de estabilidad a largo plazo por ser intereses de Estado, y para que tengan un mínimo de eficacia es preciso que estén coordinadas con la política exterior. Al mismo tiempo deben atenerse a unos principios básicos. En resumen, considero que son los siguientes:

Autonomía

Un ejército es como un barco en la travesía, es decir, es preciso que goce de autonomía para sobrevivir, de forma que en cierto modo es un reflejo del Estado en pequeño, que se rige por sus propias reglas y justicia y dispone de los recursos materiales desde alimentos y sanidad a armas para seguir funcionando durante un tiempo relativamente prolongado.

El flujo de recursos se suministra y procede de la sociedad a la que defienden –a semejanza de los puertos en relación con los barcos– y si se cortan el ejército deja de funcionar y ser útil, y este flujo implica a su vez dependencia. Esa dependencia, si procede de otro Estado, aunque sea en forma de compras, hace que en alguna medida el primer Estado reduzca su independencia pasando a una situación subordinada.

En ese flujo de suministros es fundamental el de material bélico, que al menos en una proporción alta debe ser suministrado por el país, pues el desgaste que sufre el material en combate es tal que, si no se repone rápidamente, el ejército queda paralizado. En este sentido no existen más países independientes, aparte de EEUU, que China, Francia, Rusia y en alguna medida Reino Unido e Israel. Todos los demás países son independientes en la medida en que puedan mantener un ejército en campaña, que suele ser durante un breve período.

Muy importante es la investigación y el desarrollo de proyectos propios o en colaboración con países afines. No tiene sentido que se siga viviendo en España de desarrollos de hace más de cuarenta años: a título de ejemplo, que el portaviones «Príncipe de Asturias» tenga su origen en 1973, el magnífico avión de entrenamiento avanzado C-101 sea un proyecto de 1975, el vehículo acorazado BMR-600 Pegaso sea de 1972, los submarinos de la clase Galerna (Agosta francés) sea un proyecto de colaboración de 1975, el avión de transporte C-212 (el mayor éxito de la industria aeronáutica española) sea de finales de los años 60 y que desde los años 70 apenas haya proyectos propios o colaboraciones.

Subordinación

Como contrapeso de la autonomía del ejército como institución, se precisa una subordinación clara al poder civil legítimo, que en última instancia y como situación extrema decidirá su uso.

Glosando la famosa frase de Clausewitz: «La guerra es la simple continuación de la política por otros medios» (Cap. XXIV del Libro I de De la guerra), según lo que es lógico interpretar desde el punto de vista del autor, la guerra es un acto político extremo y como tal la decisión de la misma corresponde al poder civil que evaluará técnicamente las posibilidades de esta decisión.

En el propio Evangelio (Lc. 14, 31-32), Jesús, acudiendo al sentido común de sus oyentes dice: «¿O qué rey, que sale a luchar contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si puede enfrentarse con diez mil hombres al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz». Un auditorio de hombres sencillos comprendía perfectamente que la decisión del empleo del ejército correspondía al poder civil –el rey y sus consejeros–; que evaluaban si era preferible o más ventajosa la guerra o una paz negociada aunque fuera onerosa.

Especialmente delicada es la relación entre el ámbito político, ministerio de Defensa, y el militar, la Jefatura del Ejército. La elección de objetivos, las decisiones de intervención, el volumen de recursos que emplear y la relación con la industria de defensa pertenecen al ámbito político; y la organización del Ejército, el armamento preciso y más adecuado y su aprobación, la elaboración de los planes de operaciones y su ejecución corresponden a la Jefatura del Ejército. En este sentido podemos aprender mucho de países como EEUU, Francia o Israel.

Ámbito geográfico y de intereses

Cada sociedad y su gobierno deben definir el ámbito geográfico de su potencial intervención y las posibilidades de utilización del ejército, así como los países con los que colaborar en defensa de intereses comunes. Es evidente que el ámbito geográfico en que se desenvuelve un país, dada su permanencia, es el elemento que condiciona su actuación.

En este aspecto, para España, el ámbito geográfico de una posible intervención es África, y los países con los que hay más intereses convergentes son Francia y Portugal y, en segundo lugar, Italia y Bélgica, ello como colaboración y coordinación permanente, y de ser factible con Inglaterra, Alemania, Marruecos y Argelia. Evidentemente siempre hay que tener en cuenta EEUU como potencia hegemónica y la pertenencia a una organización militar.

El ámbito hispanoamericano sólo se puede tener en cuenta como de colaboración ocasional en ambos sentidos. Desde luego no tiene mucho fundamento la intervención en Asia más allá del Mediterráneo, salvo de una manera testimonial.

Porcentaje de los recursos que emplear

En este aspecto debe tenerse en cuenta tanto el PIB global de país como el presupuesto.

Ello está sujeto a su vez por los siguientes principios:

– Salvo en caso de supervivencia, como es el caso de Israel, o de pretensión hegemónica, como en el caso de EEUU, el porcentaje del PIB no debe superar la media internacional. Precisando más, deberá ser aproximadamente la media de los países del entorno. En el caso de España, es orientativa la media de Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Marruecos y Argelia. En este caso, la media simple sería para el año 2011, y de acuerdo con el Cuadro I, del 2,62% del PIB. Ello implica que para alcanzar una cifra de gastos razonables en defensa tendría que multiplicar por más de 4 el presupuesto actual. De manera más modesta, sería creíble una defensa que empleara unos recursos del orden del 2% del PIB e incluso algo inferiores, mostrándose como una potencia con aspiraciones pacíficas y sin ambiciones de proyección e influencia exterior lejana.

– La segunda cuestión que se plantea es la de la realidad de los gastos en defensa, que podría ser aplicado igualmente a cualquier otro aspecto. Los gastos en defensa deben ser aplicados a ello y no a otros destinos como pueden ser aviones para el transporte de personalidades o el empleo de personal y vehículos para su custodia. Esta distorsión juega en ambos sentidos, de forma que son frecuentes gastos atribuidos a investigación en diversos campos, en aeronáutica y espacial, que son en realidad gastos de defensa. La distorsión utilizando recursos de defensa para otros fines –en no pocos casos suntuarios– es utilizada en países débiles y con alto grado de corrupción, mientras que el sistema contrario de disimular los gastos en defensa suele utilizarse en países fuertes para ocultar o disimular su fortaleza.

– Otra cuestión importante es la de la procedencia del armamento. Un armamento adquirido en el exterior implica dependencia del suministrador, que lógicamente debería ser marginal y de hecho lo es en buena parte en cualquier país parcialmente independiente incluso de peso tan modesto como Suiza, Suecia, Canadá o Israel, Turquía, Taiwan y Corea del Sur.

A mi juicio, lo razonable es que los recursos empleados en defensa no sean apreciablemente más bajos que aquellos de los países de nuestro entorno y que serán del orden del 2,62% del PIB. Todos los países tienen la obligación de reducir la tensión tratando de comenzar por emplear una proporción en defensa por debajo de los países de su entorno. En el caso de España podría ser un porcentaje del 2 ó 2,1 % del PIB o como mínimo del 1,8% del PIB como se exponía anteriormente, que es del orden de un 20% inferior a lo que le correspondería razonablemente en comparación con su entorno. Bien entendido que un empleo de recursos en defensa demasiado bajos es tan desafiante como unos demasiado elevados, pues invita a ejercer presión por parte de otros países con ambiciones sobre los recursos del débil y que pueden ser muy variados, desde la explotación de recursos submarinos hasta la conquista de mercados del país débil o la ocupación de su potencial zona de influencia. De la misma forma que una joyería media desprotegida es mucho más vulnerable y expuesta al robo que otra con una protección aceptable y proporcional a su negocio.

En este sentido, los recursos actuales empleados por España en defensa son tan bajos que resultan inútiles y son un ejemplo de lo que es una defensa provocadora incluso para países aparentemente tan débiles como Marruecos, para los que resulta una invitación belicista la debilidad de un vecino tan desprotegido. La tentación es tanto mayor cuando la única manera de consolidarse en el poder de la clase dirigente de un país con un sistema tiránico y venal es una política agresiva que desvíe la atención de los verdaderos problemas internos.

3. Comparación entre países

En materia de defensa hay que establecer la comparación con otros países de dimensión semejante por población o recursos y fundamentalmente si son del entorno geográfico.

La rivalidad o cooperación se establece fundamentalmente con los países del entorno geográfico y cultural, salvo en el caso de una potencia global como es EEUU, que por otra parte está relativamente próxima.

Incluso en la relación con una superpotencia como es EEUU, el grado de influencia potencial como aliado, de un país medio como España, en la toma de decisiones depende del peso de su ejército, su nivel científico y su economía independiente.

En el cuadro I se toman en consideración los elementos relevantes en la influencia de un país en concierto internacional.

VER CUADRO I

En el Cuadro I, en la columna de eficacia se hace una nueva clasificación en función de la estimación de la eficiencia, que se refiere fundamentalmente al empleo eficaz de los recursos en defensa para cumplir la misión que tiene encomendada en cada nación, de forma tal que he considerado que en un extremo de fuerzas armadas eficientes está Israel y, en menor medida, Francia, y en el otro extremo de recursos provocadoramente escasos y además dilapidados está España y algún país africano. En los primeros lugares están los 7 países que poseen armamento nuclear, pues sin él, aun teniendo un buen ejército, hay escasas posibilidades de influir en el ámbito internacional. A su vez, hay algunos países con armamento nuclear no incluidos en la clasificación, debido a sus escasos recursos, como pueden ser Corea del Norte o Pakistán.

El caso de Francia es especialmente relevante, pues está reduciendo su peso específico rápidamente y acabará desapareciendo salvo que logre una rápida y estrecha colaboración al menos con España, Portugal e Italia.

A mediados de los años 70 España había ido escalando puestos hasta ser reconocida como la potencia núm. 9 del mundo y actualmente ha pasado a la posición 14 y se acerca a la 19. Esa posición era la que correspondía a su Ejército, y en todos los campos, e incluso en algunos como educación, investigación espacial, nuclear o naval, su posición era todavía más elevada. Actualmente, por el contrario, en casi todos los campos la posición de España está todavía más retrasada que el puesto 14 en que está situada por su economía.

Existe una estrecha correlación entre el tanto por ciento del PIB empleado en defensa y el empleado en I+D y a su vez entre estos y desarrollo económico y cultural. En este sentido el primer país del mundo sería con diferencia Israel; si bien su escaso tamaño y población no le permite estar entre las primeras potencias, su eficiente ejército y su capacidad nuclear la convierten en la primera potencia regional. Esto se ve reforzado de modo indirecto a través de la fuerte influencia de minorías judías muy activas en las primeras potencias y de manera especial en EEUU, Reino Unido y Francia.

El caso de Israel es significativo puesto que sin esa superioridad militar, científica y económica y su agilidad en tomar la iniciativa no tendría posibilidad de sobrevivir, salvo que toda la región se convierta en un protectorado desmilitarizado y bajo la autoridad de la ONU.

Es destacable el caso de Marruecos, que emplea unos recursos totalmente desproporcionados dada la pobreza del país, nada menos que el 5 % de su PIB. Ello se explica en parte por dos razones: por la rivalidad con la vecina Argelia, con unas fuerzas armadas ligeramente superiores, y por la necesidad de mantener un sultanato semifeudal e inestable. A ello habría que añadir una política de cierta agresividad más o menos larvada hacia España.

4. Recursos precisos

Cada sociedad debe decidir qué recursos está dispuesta a emplear en función de los intereses que precisa proteger, de la influencia que pretende en el tablero internacional y de sus objetivos como Estado. Eso corresponde al ámbito político como Estado y que sólo permite pequeñas variaciones en el ámbito de las atribuciones de gobierno.

En casos extremos, bien por razones de supervivencia o por encontrarse en situaciones de tensión próximas al conflicto, el empleo de recursos en defensa es aparentemente desproporcionado. Tales son los casos de Israel, y en menor medida Grecia, Turquía, las dos Coreas, Pakistán o Irán. Caso especial es el de EEUU, comprometido en ser una potencia hegemónica que emplea en defensa prácticamente tantos recursos como la suma del resto del mundo y prácticamente el doble de lo que sería razonable incluso manteniendo esa posición hegemónica.

La estructura militar propiamente dicha, es decir, la Jefatura del Ejército con su Estado Mayor, definirá qué ejército precisará para alcanzar los objetivos fijados por el Estado: de qué tamaño, como se distribuirá entre ejército, marina, aviación y fuerzas estratégicas, y con qué medios.

Normalmente los objetivos teóricos que defina el ámbito político serán muy ambiciosos y pretenderán que se obtengan con escasos recursos. Por ello, la Jefatura de las Fuerzas Armadas deberá determinar técnicamente, bien qué recursos se precisan para lograr esos objetivos o bien qué objetivos se pueden lograr con esos recursos. De hecho, en los debates parlamentarios de EEUU o de otros países democráticos se repiten constantemente los planteamientos de estas alternativas para llegar a una decisión de equilibrio entre gastos y objetivos.

Los recursos precisos que emplear en defensa están en buena parte condicionados por los que emplean los países de su entorno, bien por ser potenciales adversarios o potenciales aliados con los que mantener una relación fluida.

En la situación actual y en el contexto en que se mueve España y a título orientativo, teniendo en cuenta la situación de nuestro entorno y los compromisos internacionales adquiridos, los recursos que debería emplear España para mantener la paz y que están a su alcance son, orientativamente, los siguientes:

– Efectivos humanos entre 165.000 y 180.000 y unas reservas equivalentes. Con una distribución aproximada de 30.000 en aviación, 40.000 en Marina e Infantería de marina y el resto en el Ejército de tierra.

– Un porcentaje del PIB de entre el 1,8 y el 2 %.

– Una distribución equilibrada de los recursos entre personal, mantenimiento de material e inversión en nuevas armas.

– Una industria militar independiente en colaboración preferente con Portugal, Francia, Suiza, Suecia, Bélgica, Italia, Alemania, Polonia, Israel y EEUU, o incluso con la de países en desarrollo como Brasil, Argentina o Chile.

– Unas reservas de materiales estratégicos para mantener una campaña de al menos 6 meses con los que hacer creíble su defensa, fundamentalmente petróleo y minerales estratégicos.

El detalle no tendría sentido si no fuera porque las circunstancias serán cambiantes en proporción parecida, más o menos, a la variación del entorno, de forma que al mismo tiempo se precisan unas fuerzas armadas modestas pero que hagan creíble la defensa. El caso extremo sería un desarme global generalizado con una pequeña fuerza de intervención de paz bajo una autoridad independiente, pero ello parece una posibilidad hoy lejana.

5. Reclutamiento y reservas

El sistema de reclutamiento ha sufrido profundas modificaciones, desde la República de Roma en que el servicio en el ejército era un derecho al que solo accedían los ciudadanos y del que estaban excluidos los esclavos, siervos y extranjeros, hasta territorios cuyo ejército estaba formado por mercenarios, al menos parcialmente, como Cartago.

En la Edad Moderna en Europa, los ejércitos estaban compuestos por mercenarios del propio país o extranjeros entre los que destacaban los suizos y los alemanes. A partir de la Revolución francesa la pertenencia al ejército pasó a convertirse en un derecho y una obligación de todos los ciudadanos, dando lugar a ejércitos muy numerosos.

En fecha muy reciente casi todos los ejércitos pasaron a estar formados por mercenarios, con unos efectivos aproximadamente la mitad de la época anterior con un servicio militar obligatorio.

El nuevo sistema lleva aparejado el problema de las reservas, ya que a pesar de la reducción de necesidades de personal en un ejército moderno, no son las mismas las necesidades de un ejército en tiempos de paz que en tiempos de guerra por corta que sea esta.

El caso extremo de un pueblo en armas es el de EEUU, que recoge en su Constitución: «Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no será vulnerado». Ello se lleva en la práctica hasta el extremo de que prácticamente no existen limitaciones a la adquisición y uso de armas. Todo ello con independencia de un ejército enorme y excelentemente armado apoyado por una numerosa Guardia Nacional.

Actualmente, en el caso español se trata de hacer compatible lo que establece la Constitución de 1978 con la necesidad de unas reservas que hagan operativo un ejército.

En el Título I, «De los derechos y deberes fundamentales», su artículo 30 establece:

«1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La Ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riego, catástrofe o calamidad pública».

De lo que se deduce lo siguiente:

– Por mucho que se fuerce la interpretación de la Constitución parece fuera de duda que el servicio militar obligatorio está elevado al rango de norma.

– Del texto parece deducirse que, puesto que los españoles tiene el derecho y el deber de cumplir el servicio militar con carácter obligatorio o una prestación civil sustitutoria en algunos casos, los españoles que no lo cumplan no podrían gozar de la plenitud de derechos equiparándose en parte a los extranjeros. Lógicamente esa limitación de derechos sería de los de carácter político.

Dado que la implantación del servicio voluntario profesionalizado tuvo lugar en el año 2002, no sería realista volver al servicio militar obligatorio con las características del pasado, que por otra parte dada la reducción del ejército tampoco tiene utilidad.

Una manera de obviar esta contradicción entre el mandato constitucional y la realidad y al mismo tiempo formar una reserva podría ser la implantación de una Jornada de Defensa, en la que se jurase bandera, semejante a la existente en Francia y cuyo título es exigible para el bachillerato, oposiciones administrativas, licencia de conducir y caza, etc., que a su vez está complementada con el estudio como asignatura de un manual de instrucción cívica de la defensa nacional que se imparte de los 13 a los 16 años como materia de Ciencias sociales. Además, y para cubrir las plazas vacantes en el ejército no cubiertas por voluntarios, se podría establecer un sorteo, lo mismo que para cubrir plazas de reservistas.

6. Moral

La sociedad, y en mayor medida el ejército, debe regirse por un sistema de normas morales, no sólo por motivos formales sino también puramente prácticos, pues una sociedad carente de principios éticos es incapaz de defenderse y si eso afecta al ejército lo convierte en un instrumento imprevisible y poco operativo. Por esa razón, cuando no existen motivos que justifiquen una intervención armada, los esfuerzos del gobierno se centran en justificar el inicio de la guerra culpando al adversario de la misma y satanizando el ejército y la sociedad enemigas.

Incluso una empresa de características tan materiales como puede ser una fábrica, no funciona sin una serie de principios fundamentales: no robar o apoderarse de los bienes que entran en la cadena de producción, lealtad a la empresa, a los jefes y a los compañeros de trabajo, realizar bien el trabajo asignado, emplear los recursos que manipula sin despilfarro, aportar ideas para la mejora del proceso, cooperar en equipo de forma coordinada, aplicar los premios y sanciones con justicia… Todo ello son principios que no se pueden imponer, sino que tienen que llegar asumidos por los que participan en la empresa y sin ellos el conjunto no funciona ni puede competir; con mucha mayor razón en un ejército en el que sus miembros arriesgan su vida y que tiene por misión la protección de la sociedad a la que pertenecen.

Por eso un ejército de mercenarios a igualdad de medios es menos eficaz que uno formado por los nacionales movilizados, aunque su grado de instrucción sea muy alto.

No pocas veces, y eso desde los años 40 del siglo XX, se argumenta que en una guerra muy tecnificada (de botones), no es preciso ni un ejército numeroso ni con moral.

Remitiéndonos a la necesidad de principios morales, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

– En una guerra muy tecnificada, la formación y firmeza de los principios morales es mucho más necesaria que en una que no lo es. La responsabilidad y los daños que puede causar el lanzamiento de misiles, el uso de un avión de combate, el control y uso de material informático, el empleo y dirección de robots cada vez más complejos e independientes; requiere muchos más conocimientos, discernimiento y firmeza de convicciones morales que una decisión en un sistema más simple como eran hasta finales de la II Guerra Mundial.

– En una institución con un compromiso tan fuerte como es el ejército, sus componentes precisan tener unos principios claros y elevados a los que defender. En los países cristianos o mahometanos, la religión conforma el armazón de la moral; en mucha mayor medida y de forma más rígida, en la URSS o China, el partido comunista, más parecido a una religión con dogmas que a un partido político, vuelve a ser la religión.

Desde el punto de vista ético existe una moral natural y una serie de principios comúnmente aceptados y que quedan reflejados en acuerdos y convenciones internacionales y declaraciones de principios y que afectan a toda la comunidad internacional.

En este artículo me remito a la moral católica puesto que la moral católica es acorde con el derecho y la moral natural, aunque de forma más amplia y precisa.

En el Catecismo[1] de la Iglesia y en especial en el número 2309 se enumeran las condiciones de una guerra justa cuando se trate de legítima defensa:

– Que el daño causado por el agresor a la nación o la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.

– Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.

– Que se reúnan las condiciones serias de éxito.

– Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición.

Y en el número 2310, establece: «Los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional».

El planteamiento teórico es irreprochable, hasta tal punto que en la práctica todos los implicados pretenden al menos aparentar que se rigen por ellos, pero de hecho pueden resultar casi inaplicables incluso en sus principios más elementales.

Remitiéndonos a las dos guerras mundiales y las posteriores de liberación y particularmente de Corea, Vietnam o Irak, resulta que las sociedades de los contendientes estaban plenamente convencidas de participar en una guerra de legítima defensa y por supuesto justa. Cuestión distinta son los dirigentes de cada uno de los contendientes que sabían hasta qué punto era injusta y evitable la guerra, pero eso afectaba a lo sumo a un centenar de personas con capacidad de decisión de cada nación o sociedad.

Las otras cuatro condiciones se dan prácticamente siempre que se inicia un conflicto armado. Empezando por la primera condición, en que siempre que se inicia una agresión, el actor que la realiza pretende que sea duradera, grave y cierta puesto que en caso contrario no la iniciaría.

Puesto que el agredido es la parte más débil siempre, trata por todos los medios de negociar y evitar la guerra, pero la clase dominante del agresor está convencida de tener éxito y de conseguir importantes beneficios.

Que se reúnan las condiciones de éxito es imprevisible. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam era racionalmente imposible que Vietnam tuviera éxito.

Evaluar los medios de destrucción en función de la modernidad es aventurado, pues en épocas pasadas, incluidas las bíblicas, no era raro el exterminio de toda una población y el saqueo y reducción a escombros de naciones enteras.

A pesar de la difícil aplicación práctica de los principios éticos en relación a la guerra, su mera existencia no carece de cierta efectividad. Prueba de ello que en la toma de decisiones todos pretenden aparentar que se adaptan a ellos y de hecho puede influir en que el legislativo frene una tendencia belicista.

La solución es previa al inicio de un conflicto: el equilibrio de fuerzas que se resume en el viejo adagio latino, atribuido a Flavio Vegecio, Si vis pacem, para bellum. Tan provocador resulta un ejército muy débil como uno demasiado fuerte.

7. Planteamiento militar

El dilema que se le presenta a menudo a las fuerzas armadas es el equilibrio entre subordinación y moral.

La característica de las fuerzas armadas es que siendo un instrumento no es un instrumento inerte, ni siquiera en los casos en que las fuerzas armadas fueran totalmente mercenarias.

Por un lado el dilema puede presentarse ante el sometimiento a un gobierno legítimo o no.

Ante una situación de definir la legitimidad de un gobierno, nos encontramos con que podría ser que, en sentido estricto, apenas nos encontramos con gobiernos legítimos. Por ello no se le puede exigir al ejército que escudriñe la legitimidad del poder político y además resultaría muy peligroso puesto que convertiríamos al ejército en una especie de supergobierno. La autonomía del ejército en este caso debe reducirse a la mínima expresión, de forma que sólo puede ser lícita la resistencia a la obediencia en el caso de que la actuación del gobierno sea manifiestamente ilegítima en el ejercicio arbitrario del poder o en contra de su propio pueblo.

Y puede presentarse el dilema ante la justicia o no de la guerra.

La posible injusticia de la guerra se da con cierta frecuencia en el caso de guerras de conquista como ocurrió en la mayoría de las coloniales o en las llamadas guerras preventivas. La dificultad se presenta dado que el poder ejecutivo civil trata de disfrazar estas guerras con ropajes que disimulen las causas y con frecuencia revestidas de protección de altos valores.

Ello a pesar de que la declaración de guerra en los países democráticos queda reservada a la aprobación por el legislativo, tal como ocurre en la Constitución española de 1978, en la que la declaración de guerra precisa de la aprobación previa de las Cortes. En EEUU se precisa la aprobación del Congreso para declarar la guerra, pero el Presidente tiene el poder de enviar tropas durante un período inferior a 60 días, lo que en la práctica implica autorización para comprometer a EEUU en una guerra.

En definitiva la posibilidad de objeciones ante el poder civil queda limitada al mando del Ejército y su Estado Mayor, que la experiencia demuestra que acaba por colaborar sin reservas con el poder civil ejecutivo.

8. Algunas conclusiones

– No es posible la independencia de una sociedad sin un ejército capaz de defenderla.

– La defensa no solo afecta a la protección de la vida de los ciudadanos y de los bienes materiales de la sociedad sino a la capacidad efectiva de las relaciones internacionales, incluidas las de carácter económico.

– La defensa, para ser creíble, ha de ser proporcional a los recursos que defender y al entorno geográfico del Estado.

– El Estado y el Ejército deben estar supeditados y regidos por unas normas morales mínimas que complementen las que están reflejadas en las declaraciones internacionales y que se corresponden con la moral natural.

[1] Catecismo de la Iglesia católica, Madrid, Asociación de editores del Catecismo, 1992, núm. 2302 y sigs.