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Número 553-554

Serie LV

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¿Hasta dónde llega el mito de la desigualdad económica en España?

 1. Introducción

Son abundantes las referencias que se hacen y se han hecho, tanto en la prensa como en informes específicos de organizaciones especializadas, y todas ellas parecen coincidir en un aspecto fundamental: la desigualdad económica es una realidad, y una realidad creciente, en España.

En contraste, en enero del año pasado, el Instituto Juan de Mariana (conocido think thank liberal), con la firma de los economistas Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo, publicó un informe titulado «Mitos y realidades. La desigualdad en España. ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?». En él, tratan de desmontar el que ellos consideran como «mito», de que España es uno de los países de su entorno donde la riqueza está peor distribuida, negando la tesis de que en nuestro país exista una abultada diferencia entre las rentas del capital y las del trabajo. Según el informe, las elevadas tasas de vivienda en propiedad y las rentas en especie que generan los servicios sociales propios del Estado del Bienestar en España hacen que la distribución de la renta sea de las más equilibradas de España. Vamos a sintetizar a continuación las razones que se aducen en el informe para llegar a las mencionadas conclusiones.

2. El informe

En primer lugar, hay que distinguir entre la distribución de la riqueza y la distribución de la renta. Uno de los indicadores más habituales para realizar esta medición es el índice de Gini, tanto en su modalidad de distribución de la renta como de la riqueza. Conforme a esta metodología de cálculo, la desigualdad se mide como un coeficiente situado entre el intervalo 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad perfecta). La metodología consiste en la medición de qué porcentaje del dato estudiado (en este caso, la renta o la riqueza) posee un porcentaje determinado del universo analizado (en este caso, la población de un país). Por ejemplo, un país donde el 90% de la riqueza está en manos del 10% más rico presentaría fuertes desigualdades en la distribución de la riqueza.

Hecha esta somera puntualización, necesaria para el no iniciado en la teoría económica, pasamos ahora a distinguir los mencionados conceptos. Por un lado, se entiende por riqueza el «conjunto de activos financieros y reales que posee un hogar o persona»[1], en su valor neto, es decir, descontando las deudas. Algo parecido al valor de los fondos propios de una sociedad mercantil, o en el ámbito fiscal, a la base de cálculo del Impuesto sobre el Patrimonio (sin contar las exenciones o reducciones que pueda prever su legislación en cada momento, y que pretende gravar la riqueza real de las familias). En este sentido, los coeficientes de Gini suelen ser más elevados, estando España entre los más igualitarios de Europa, pese a ostentar un coeficiente de 0,67. Por otra parte, se entiende por renta «los ingresos que recibe un hogar, tanto de origen salarial como no salarial (rentas del capital: dividendos, intereses, alquileres, etc.»)[2]. Haciendo uso, de nuevo, del símil tributario, la renta vendría a ser algo equiparable a la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, también sin tener en cuenta las exenciones o reducciones previstas legalmente.

Comencemos por la distribución de la riqueza. El informe arroja que España es de los países más equitativos de la Unión Europea en su distribución, en base a tres métodos de cálculo: el mencionado índice de Gini; el porcentaje de riqueza en manos del 10% más rico de la población; y la ratio entre el patrimonio del 20% más rico de la sociedad respecto al del 80% más pobre. Esta ratio, que en España es de 6 a 1, también resulta una de las más bajas de Europa. El informe muestra como causa el hecho de que la mayoría de la población española es propietaria de su vivienda habitual. A continuación mostramos la tabla que refleja tal situación.

Gráfico 1. Composición de la riqueza neta[3]

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La tabla muestra que, incluso en Estados Unidos, sociedad que se caracteriza por ser eminentemente «de propietarios» (al menos de la vivienda habitual), ésta tiene un peso significativamente menor en el patrimonio medio que en España, de la misma manera que el apartado «otra propiedad inmobiliaria».

Por otro lado, el informe considera que hay más factores a la hora de considerar la riqueza de los hogares, como es la capitalización de las rentas de los sistemas de previsión públicos, por ejemplo, las pensiones o los seguros de desempleo, enfermedad o invalidez. También tiene en cuenta el capital humano, definido como el conjunto de conocimientos y experiencia que adquiere la persona, y que a menudo se corresponde con rentas profesionales futuras.

Por lo que respecta a la distribución de la renta, el estudio reconoce que el asunto cambia de sentido, al menos aparentemente. Según datos de 2013, España sería el quinto país de la Unión Europea en desigualdad en distribución de la renta, sólo superado por países con renta per cápita muy inferior, como Portugal, Grecia, Lituania y Letonia. También se pone de manifiesto que el 20% más rico posee una renta 6,3 veces superior a la del 20% más pobre.

No obstante, los autores del estudio formulan una precisión importante: en los cálculos más habituales de la distribución de la renta no se suele tener en cuenta un factor que, en el caso de España, y como veremos, es muy relevante: la imputación de rentas en especie. La primera y más importante, por la proporción de la renta total que comporta, es el alquiler imputado, es decir, el ahorro que se consigue por dejar de pagar un alquiler al ser propietario de la vivienda habitual, algo que, como vimos anteriormente, es mucho más frecuente en España que en el resto de países de la OCDE. Otras de naturaleza análoga serían los servicios sociales (básicamente sanidad y educación), y demás prestaciones en especie proporcionadas por las Administraciones Públicas.

Todo ello a pesar de que algunas de estas imputaciones son claramente discutibles, por dos motivos:

– No es lo mismo tener derecho a una prestación pública que acceder a ella (piénsese, por ejemplo, en los más diez millones de españoles que tienen seguro privado de salud, y a quienes se está imputando una renta en especie de la que, se supone, no gozan plenamente), y tampoco es sencillo medir el grado de utilización de dichos servicios por cada persona (edad, estado de salud), factor del cual habría de depender la imputación en especie que se efectúe.

– La imputación de rentas en especie, especialmente las de servicios sociales, lo que hace es aumentar la renta calculada de todos los ciudadanos, y por tanto disminuye sistemáticamente la brecha porcentual entre la renta de los más ricos y la de los más pobres, pero sin quedar claro cómo se modula su grado de utilización.

Pues bien, teniendo todos estos factores en cuenta, y para datos correspondientes al año 2007, el estudio muestra la siguiente comparativa:

Gráfico 2. Índice Gini de renta con el impacto de las rentas en especie[4]

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Según el gráfico, de dar por buenas todas estas imputaciones de renta en especie, y por tanto, obviando las matizaciones anteriores, no resulta una mejora significativa de la igualdad en la distribución de la renta, entre otras cosas porque por delante de España en distribución de la renta, se encuentran países todos ellos con fuertes sistemas de protección social. Por tanto, el Estado del Bienestar podría haber mejorado la distribución de la renta dentro del país, pero apenas lo hace en términos comparativos, donde España tan sólo gana un puesto.

También salta a la vista, sin necesidad de entrar en cálculos econométricos, que existe una correlación significativamente positiva entre la renta per cápita y su distribución.

Por último, el informe destaca el desempleo como una de las principales causas de la desigualdad de la renta en España. La especial sensibilidad del desempleo al ciclo económico en España (producto, por un lado, de una estructura económica intensiva en mano de obra, de baja cualificación y productividad, y por tanto, fácilmente intercambiable, y por otro, de unos elevados porcentajes de inmigración que no se han reducido de manera proporcional a la magnitud de la crisis económica), hace que la igualdad económica sufra fuerte detrimento en épocas de depresión, al tiempo que se necesite un elevado umbral de crecimiento del PIB para generar empleo neto, sin garantizar que éste sea estable y con salario digno.

La solución pasa, pues, por reducir el desempleo, pues ello garantizaría teóricamente rentas más elevadas que las que se obtienen de los subsidios de desempleo, especialmente los de los desempleados de larga duración. En eso probablemente coincidamos todos. Las recetas son otro cantar (obviamente, el Instituto Juan de Mariana, por su ideología claramente liberal, focaliza las suyas en una flexibilización del mercado laboral, es decir, una reducción salarial y de la protección del empleado a fin de incentivar la contratación). No entraremos aquí a rebatir ahora estos argumentos, sino que debido al objeto de nuestro estudio, nos centraremos a complementar los argumentos del informe con otros que no se han tenido en cuenta, y que tienen bastante más incidencia de lo que se cree en el cálculo de la desigualdad.

3. Consideraciones importantes

De lo expuesto en el apartado anterior, podemos quedarnos con la perpleja sensación de que las cifras desautorizan las continuas noticas sobre la alarmante desigualdad y las tasas de pobreza en España. Para ello, creemos importante contrastar el citado informe del Instituto Juan de Mariana con otro al que podemos equiparar en cuanto a rigor, sin perjuicio de los diversos condicionamientos ideológicos de uno y de otro. Se trata del Estudio realizado por el barómetro social de España del año 2010. No se trata tanto de desautorizar los métodos de medición que puedan haber empleado unos y otros, como de discernir los diferentes enfoques de cada informe, a los efectos de sacar una conclusión que aspire ser más fiel a la realidad que el análisis de cada informe por separado.

En primer lugar, valga decir que los datos del Barómetro Social son menos actuales que los del informe del Instituto Juan de Mariana. Intentaremos difuminar este sesgo tomando en consideración series numéricas lo más amplias posibles, que comprendan también periodos prolongados anteriores a la crisis de 2008 en adelante.

La primera y más llamativa diferencia entre el enfoque entre ambos informes es que el Barómetro Social no juzga tanto la situación estática de la desigualdad económica, sino que incide en gran medida sobre la tendencia de ésta, detalle que se aprecia desde el mismo título del informe hasta el despliegue de su contenido. La segunda es el mayor énfasis del informe del Barómetro Social en la segmentación por clases sociales, especialmente entre asalariados y empresarios, en otras palabras, entre los titulares de rendimientos del trabajo y los de rendimientos del capital.

Respecto a la desigualdad en la riqueza

Pese a que del frío análisis de los números del Instituto Juan de Mariana puede desprenderse la idea de que la riqueza está razonablemente distribuida, es necesario hacer varios apuntes al respecto. Un apunte preliminar es que, más que un coeficiente, lo que resulta interesante analizar son los activos que permiten una vida más holgada, y cuya distribución contribuye a la justicia. Por tanto, pensamos que una variable que encierra tal complejo de componentes morales no puede resumirse en un simple coeficiente.

Por otro lado, no podemos obviar que el factor fundamental que supuestamente equilibra la distribución de la riqueza en España respecto de otros países de nuestro entorno es el hecho de que más de la mitad de la riqueza de los españoles se encuentre en su vivienda habitual, cosa que no es excesivamente ventajoso en términos de justicia, por los siguientes motivos:

a) Su relativa poca liquidez, dados los costes y las molestias que implica un cambio de residencia habitual.

b) La más que posible pérdida de riqueza sufrida desde el momento de la compra, especialmente por lo que respecta a segundas residencias, y, en general, la exposición a fluctuaciones del mercado inmobiliario. Dicha exposición tiende a hacer pensar que en épocas de bonanza se es más rico de lo que en realidad se es, mientras que en épocas de recesión acentúa la bajada aparente de la riqueza familiar.

Gráfico 5. Evolución del precio de la vivienda en España[5]

Gráfico 6. Riqueza y endeudamiento de los hogares españoles[6]

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c) Además, se trata de una riqueza cuyas fluctuaciones, al alza o a la baja, no se manifiestan sustancialmente en una mejora de las condiciones materiales de vida del propietario, que a menudo se ve obligado a hacer grandes esfuerzos a final de mes para poder atender el pago de las cuotas hipotecarias de su vivienda. Ante un eventual descenso de la renta percibida, la propiedad de la vivienda hipotecada puede llegar a ser incluso un lastre para la calidad de vida material del hogar en cuestión.

d) Por todo lo anterior, la única manera de que la propiedad de la vivienda habitual fuese un catalizador de la riqueza real de los hogares, sería que su precio ascendiese de manera ininterrumpida. Solamente de esa manera se podría decir entonces que el propietario es, en términos generales, más rico que el arrendatario.

e) Un elevado peso de la vivienda habitual en el patrimonio de los hogares implica, por lógica, un menor peso relativo de otros activos, más líquidos y estables, como puedan ser los depósitos a plazo y determinados productos financieros de capital garantizado. Supongamos que, al precio medio del segundo trimestre de 2016 (1.211 euros por m2 ), adquirir una vivienda de 80 m2 costaría, en promedio, 96.880 euros. Si esto supone, según la Tabla 1, un 53,9% del patrimonio medio, quiere decir que el patrimonio medio de un hogar es de 179.740,26 euros. Y su liquidez media, un 19% sobre esta cantidad, 34.689,87 euros. Si el gasto medio por hogar en 2015 fue de 27.420 euros anuales, esto quiere decir que el hogar medio español tiene un patrimonio líquido medio que le permitiría vivir durante unos 16 meses en ausencia total de ingresos.

f) En cambio, referido a los activos financieros, la media de la OCDE es de un 25,9%, y la de EE.UU un 51,5%, la mayoría de ellos no sujetos a grandes fluctuaciones, lo cual indudablemente refuerza la función aseguradora de la riqueza.

Por otro lado, si bien es cierto que el derecho a percibir una pensión futura, o una hipotética prestación por enfermedad o invalidez pueden ser considerados activos de la riqueza ciudadana, no es menos cierto que son activos de difícil valoración objetiva, de los cuales únicamente sabemos con certeza que, dadas las coyunturas actuales, tienen un valor decreciente. El sistema público de pensiones camina hacia una quiebra más o menos encubierta, pero antes de que eso se produzca, pueden anticiparse importantes recortes, que sin duda afectarán a la distribución de la riqueza, pues no tiene el mismo efecto una reducción de las pensiones más bajas que de las más altas.

El riesgo de pobreza durante la ancianidad se incrementará, pues, notablemente durante los próximos años, pese a que en los últimos años el descenso ha sido también notable. Y la tendencia es un factor que no puede menoscabarse: que la sociedad española se ha enriquecido gracias a las generosas prestaciones públicas, puede ser; pero que ese crecimiento se ha hecho esencialmente a base de endeudamiento público, también. Crecer a base de los recursos de un tercero no es un factor que pueda ignorarse, y tiene efectos perversos sobre la tendencia de la riqueza de una nación: la primera, que anticipa una subida de impuestos, que por fuerza ha de ser generalizada, si se quiere que tenga un efecto recaudatorio lo suficientemente amplio como para cubrir las necesidades financieras. De manera que es evidente que las subidas de impuestos generalizadas contribuyen a incrementar la desigualdad, por su carácter regresivo, y al mismo tiempo, la recaudación derivada de ellas no redunda en una redistribución de la riqueza, ya que tienen como finalidad exclusiva o principal el amortizar los vencimientos de deuda pública.

Respecto a la desigualdad en la renta

Aunque el estudio del Instituto Juan de Mariana no entra a valorar las tendencias, éstas sí que deberían tenerse en cuenta cuando se pretende enjuiciar un hipotético excesivo alarmismo sobre las cifras que frecuentemente se publican sobre distribución de la riqueza y la renta, máxime cuando tienen la naturaleza preocupante del caso de España. Además, en el caso de la renta, la tendencia decreciente de su distribución es un anticipo de que la distribución futura de la riqueza también se verá afectada: al faltar una clase media que pueda asegurar ingresos regulares a sus hogares y a las arcas públicas, el criterio de medición de la riqueza en base a la propiedad inmobiliaria y las prestaciones sociales se tambalea, como hemos podido ver.

No diferente es la situación respecto de la distribución de la renta. Un producto de la tendencia decreciente de los salarios son los llamados working poor, es decir, personas cuyo trabajo no es suficientemente demandado como para ejercerlo el número de horas que desearían, o bien no perciben salarios por hora dignos, y por ello no consiguen obtener una renta que les garantice una subsistencia decorosa teniendo en cuenta las circunstancias y las condiciones de vida del mundo actual[7].

Pese a que la procedencia del término es anglosajona, por referirse a la situación en que se encuentran muchos asalariados, especialmente inmigrantes y los llamados afroamericanos[8], en Estados Unidos, conceptualmente se ha españolizado bastante en los últimos años. Los minijobs (empleos de jornadas muy reducidas, a cambio de salarios de subsistencia, muy comunes en países como Alemania), son otra manifestación de la precariedad a la que se enfrenta el mercado laboral en las economías llamadas desarrolladas, y por descontado, en nuestro país.

Baste comprobar la tendencia observada en el siguiente gráfico, que pone de manifiesto el empobrecimiento global del trabajador asalariado en beneficio de los beneficios empresariales y los impuestos. En este sentido, el gráfico arroja que no parece que la crisis haya sido un gran problema para las grandes empresas, que son las que componen el grueso porcentual (que no numérico) del tejido empresarial español. Sí lo ha sido, desde luego, para las pymes y los trabajadores. Si tenemos en cuenta que el 95% de las empresas españolas ocupan a entre 0 y 9 trabajadores[9], fácilmente se infiere que, por ser las principales empleadoras, son las grandes empresas las que han perjudicado la contribución de los salarios al PIB, bien sea por la vía de la destrucción de puestos de trabajo, bien por las rebajas salariales o precarización de las condiciones laborales.

Según la Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que recoge todas las percepciones salariales declaradas, la masa salarial se ha incrementado un 69,3% entre 1994 y 2010, debido a que el número de personas asalariadas ha pasado de 11 a 18 millones; sin embargo, el salario medio en moneda constante sólo ha aumentado un 1,9%. En cambio, los beneficios empresariales –que se han incrementado un 47,8% entre dichos años en términos de PIB– han revalorizado la cotización de sus acciones en un 371% según las cuentas

Gráfico 7. Distribución del PIB en salarios, beneficios e impuestos[10]

Gráfico 8. Composición de la riqueza bruta nacional[11]

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financieras del Banco de España (ver indicadores 11 y 13 de Renta y patrimonio, y 8 y 9 de Empleo). Esto supone que los ingresos de empresarios y accionistas han sido muy superiores en conjunto a los de la mano de obra asalaria da, lo que ha ampliado la brecha de recursos entre las clases sociales[12].

Por otro lado, las desigualdades salariales por sexo y edad son elevadas y han aumentado en la última década. En 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2010; por su parte, el de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60,6%[13].

El informe del Instituto Juan de Mariana acentúa que la principal causa de mala distribución de la renta en España es el desempleo. Pero el desempleo estructural es un mal endémico de la economía española, y puede serlo de la economía mundial en la medida en que la automatización y la robotización de los procesos hace cada vez menos necesaria la mano de obra[14].

Por otro lado, el colectivo tradicionalmente menos vulnerable en España han sido los jubilados. El sistema español de pensiones garantiza, casi de manera universal, el acceso a una renta mensual una vez alcanzada la edad de jubilación (incluso por la vía de la pensión no contributiva). Pero dado el galopante envejecimiento generalizado de la población, se va precisamente a poner en cuestión el propio sistema, de manera que es prudente prever recortes futuros en las pensiones, que de hecho ya se están produciendo de manera más o menos subrepticia[15]. Por último, un elevado número de las pensiones satisfechas en España son prácticamente de subsistencia[16], de manera que cualquier pequeño recorte sobre ellas, tendrá una gran incidencia sobre la afectación de la pobreza al colectivo de jubilados.

Gráfico 9. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social por situación profesional en España. 2014[17]

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4. Conclusiones

Como hemos tenido ocasión de comprobar, el informe del Instituto Juan de Mariana pretende transmitir la idea de que España tiene un modelo de distribución de la riqueza que favorece su igualdad. Tal como hemos anticipado en nuestra introducción, no deja de ser sorprendente que un think thank de orientación claramente libertaria, para el cual el grado de intervención estatal en la economía española debe haber alcanzado niveles asfixiantes, esté implícitamente alabando el papel la intervención estatal (vía subsidios y prestaciones) en la distribución de la riqueza.

Pero la realidad es que, a pesar de ello, el informe obvia determinados factores muy relevantes en el enjuiciamiento de la distribución de la riqueza, a saber, la creciente desigualdad en la participación de los salarios en el PIB, al tiempo que no plantea los graves inconvenientes e incertidumbres del modelo de distribución de la riqueza, por un lado por lo que respecta a la preponderancia de la propiedad de la primera vivienda en la riqueza total de los hogares, y por otro, por la desvinculación creciente entre crecimiento económico y crecimiento salarial.

Por todo ello, podemos concluir que la estructura económica española actual no es ni mucho menos el mejor modelo para garantizar a largo plazo la distribución de la riqueza[18], ya que:

– Los mejores tiempos de dicha distribución se caracterizaron por una expansión económica sin precedentes, fundada en sectores de bajo valor añadido, que no garantizan continuidad en el crecimiento salarial.

– Muchas de las prestaciones sociales actuales fueron financiadas con deuda, de manera que cuando ésta se ha convertido en insostenible, su futuro está más que en entredicho.

– El déficit público crónico está afectando negativamente a la presión fiscal, que está deteriorando la renta disponible de los hogares, provocando que el contribuyente tenga que devolver al fisco una cantidad cada vez mayor de lo que percibe del Estado, tanto en forma de rentas o de servicios.

– La inmigración descontrolada es un foco de economía sumergida y exclusión social. El primero distorsiona la competencia entre los pequeños autónomos, y la segunda genera una mayor inseguridad ciudadana y un incremento de las prestaciones no contributivas en detrimento de las personas que residen legalmente en España.

– El patrimonio de los hogares no garantiza la subsistencia en caso de una nueva crisis prolongada, pues su principal activo (el inmobiliario) aún se encuentra, en términos generales, fuertemente deteriorado, sin grandes expectativas de recuperar su valor inicial. Además, como la mayor parte de ese patrimonio está financiado con deuda, en un entorno que más pronto que tarde habrá de ser de repunte de los tipos de interés, es de esperar un nuevo tijeretazo a la renta de los hogares, de igual modo que ocurrirá con la finanzas públicas respecto del endeudamiento de las administraciones.

 

 

[1] Ignacio MONCADA y Juan Ramón RALLO, Mitos y realidades. La desigualdad en España. ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?, Madrid, Instituto Juan de Mariana, 2016, pág. 10.

[2] Ibid., pág. 11.

[3] Ibíd, pág. 22.

[4] Íbid, pág. 28.

[5] Fuente: Tinsa Tasaciones Inmobiliarias, S. A.

[6] Fuente: Inverco, a través del INE y el Banco de España.

[7] Parece que, contrariamente a lo que manifiestan los liberales, la clave no está simplemente en generar empleo, sino en la dignidad de las condiciones de ese empleo, como puede apreciarse en: http://www.finanzas. com/noticias/economia/20161220/economia-bruselas-alerta-encontrar3540109.html.

[8] Téngase en cuenta, a este respecto, el interesante dato de que los Estados Unidos son un país eminentemente de asalariados, donde las tasas de autoempleo son de las más bajas de la OCDE.

[9] Retrato de las Pyme 2015. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Subdirección General de Apoyo a las Pyme.

[10] «Crece la desigualdad en España». Barómetro social de España. 2010.

[11] Fuente: Cinco Días, «Los salarios ceden, los beneficios resisten». 14 de noviembre de 2016.

[12] «Crece la desigualdad en España». Barómetro social de España. 2010.

[13] Ibid.

[14] http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5806194/05/ 14/Nino-Becerra-La-desigualdad-ha-venido-para-quedarse.html.

[15] Cfr. http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7905951/ 10/16/El-Gobierno-busca-mas-IRPF-al-hacer-compatibles-pension-yempleo.html.

[16] Cfr. http://www.elmundo.es/economia/2016/08/27/57c0913 aca47416a498b45a5.html.

[17] Fuente: Informe sobre riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020). Indicador AROPE (Instituto Nacional de Estadística).

[18] Cfr. http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7895296/ 10/16/Espana-entre-los-paises-de-la-UE-donde-mas-ha-crecido-el-riesgode-pobreza-entre-2008-y-2015.html.