Contradicciones de la partitocracia

CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACIA
POR
GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA
l. Introducción.
I.a Humanidad no ha conocido más que un sistema político:
el mando de unos pocos; esa
es la forma trascendental de go­
bierno que se ha manifestado en varios géneros, los cuales se han
subdividido en numerosas especies, y ésras
se han diferenciado
en
tipos que, a su vez, ofrecen múltiples variantes. En occidente,
el género ahora predominante es la democracia, una de sus
especies más extendidas es la partitocracia, modelo cuya variante
espsñola figura entre las europeas hist6ricamente
más pr6ximas
a su límite evolutivo.
El análisis te6rico y empírico de la pattitocracia, por
muy
vertebral que sea, incide sobre cuestiones fundamentales de las
ciencias políticas.
El estudio exhaustivo de cada una de ellas re­
quiere volúmenes (1 ).
( 1) He tratado de demostrar la degradación conceptual y la inoperancia
política de
las ideologías en el libro El crepúsculo de las ideologías, 1964,
7.ª ed., Espasa Calpe, 1986.
He analizado los postulados partitocráticos en
el libro La partitocracia, 19772
, ed. Instituto de Estudios Políticos. He
desarrollado el concepto de Estado no ideológico en el libro Del Estado
ideal al Estado de razón, 1972, ed. Academia de Ciencias Morales y Po­
líticas. He ampliado algun.os puntos concretos en el libro El Estado de
obras, 1976, ed. Doncel, y en monografías como La crisis del parlamenta­
rismo ( en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
número 56, 1979),
El decoro politico (en Anales de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, núm. 57, 1980), Neocorporativismo y re·
presentación politica
(en Raz6n Española, núm. 16, marzo de 1986) y El
Verbo, núm. 291-292 (1991) 53
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
Temas tan próximos a las tensiones cotidianas suelen abor­
darse con prejuicios ideológicos e insuficiente objetividad. Ahora
sólo
se trata de una visión panorámica, aunque ,esencial, que
pretende ser racional y realista, no emotiva ni utópica. Vayamos,
sobre todo, a los hechos mismos.
II. La democracia.
El vocablo «democracia», el más utilizado en la política con­
temporánea, es un género que ha sido especificado con múltiples
calificativos: directa
d indirecta, plebiscitaria o representativa,
orgánica o inorgánica, unipartidista, bipartidista o
pluripartidista,
popular, autogestionaria o partitocrática, etc. Y si se analiza con
algún detenimiento cualquiera de estas especies, aparecen multi­
tud de tipos. Por ejemplo, la democracia representativa se es­
cinde en unitaria, autonómica y federal, en presidencialista y
parlamentaria, en unicameral y bicameral, en mayoritaria
d pro­
porcional, etc. Y
si se profundiza en cada uno de esos tipos
aparecen numerosos subtipos. Por ejemplo,
el escrutinio propor­
cional presenta una rica pluralidad de variantes: listas abiertas
y cerradas, regla d'Hondt, acumulación de los restos, etc. Y no
es una cuestión de matiz: democracia popular se autotituló la
Unión Soviética, democracia autogestionaria Yugoeslavia, y
de­
mocracia socialista la actual Rumanía. Y son abismáticas las di­
ferencias entre la democracia suiza, la norteamericana o la griega.
Y, así, sucesivamente. Quizás por
eso, Ortega y Gasset afirmó
el 7 de septiembre de 1949 en la Universidad de Berlín: «La
intelectual y el político (en Razón Española, núm. 37, marzo de 1989,
páginas 133 y sigs.). He descrito los proyectos, principalmente españoles,
de representación
no partitocrática anteriores a 1936 en el libro Los teóri­
cos izquierdistas de la democracia orgdnica, 1985, ed. Plaza y Janés. Y he
analizado las deficiencias del Estado español nacido de la Constitución de
1978 en el libro Los errores del cambio, 19875
, ed. Plaza y Janés. Tales
antecedentes disculpan y, en cierto modo, respaldan la sintética concisión
de este texto.
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CONTRADICCIONES DE -LA PARTITOCRACIA
palabra democracia ha. quedado prostituida, porque ha recibido
sobre sí los nombres
más diferentes» (2).
Todos
los vocablos que se emplean en la lucha por el poder
adquieren tal
equivocidad que pierden concreción significativa.
Pero durante
el siglo xx, la democracia, a fuerza de manipula­
ciones semánticas,
ha batido todas las marcas de ambigüedad y
polisemia, y
se ha convertido en una voz que, para que cobre
validez intelectual,
es necesario reestructurarla lógica y empíri­
camente.
Se han presentado centenares de definiciones de la democra­
cia, casi todas dscilando entre la poesía y la utopía. A título de
ejemplo, valga una de las
más angélicas, tan ilustre y elegante
como
poco conocida: «la verdadera democracia es la comunidad
de obediencia, libremente consentida, a la superioridad de la
in­
teligencia y de la virtud» ( 3 ). Pero eso supondría una Humani­
dad sin pasiones -ni envidias, rú resentimientos-, tan justicie­
ra, , plenamente racional, y espontáneamente jerárquica, que no
requeriría forma alguna de coacción.
En una sentencia famosa, Lincoln definió la democracia como
«gobierno por el pueblo». Tal modelo no ha existido y no exis­
tirá nunca. No es ni la descripción de algo real, ni la formula­
ción de un ideal posible;
es pura retórica. Los grupos humanos,
tanto más cuanto más numerosos, sólo pueden ser gobernados
por unos pocos. No ya en un pequeño país corno Andorra, ni
siquiera en una aldea de un centenar de habitantes,
es factible
que todas las decisiones de interés colectivo sean adoptadas por
el pleno de la asamblea vecinal. El huero tópico del gobierno por
el pueblo lo siguen repitiendo con el
más demagógico y fantásti­
co de los irrealismos los oradores de mitin, aunque no los poli­
tólogos. Una
vez más hay que recordar que el vulgarizador de
Locke, considerado como
el padre espiritual del demoliberalismo,
Rousseau, reconoció: «jamás ha existido verdadera democracia,
(2) J. ORTEGA Y GASSET: Meditación de Europa, ed. Rev. de Oc­
cidente, Madrid, 1966'2, pág. 23.
(3)
BERGSON, Henri: Mélanges, París, 1972, pág. 1.283.
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ni existirá jamás; es contrario al orden natural que el gran nú­
mero gobierne y que
el pequeño sea gobernado» ( 4 ).
En las comunidades políticas históricas no se ha dado ni el
gobierno de uno solo, ni el de todos. Las más autocráticas de
las monarquías han tenido magistrados con parcelas de poder.
En los
más populistas de los municipios ha habido una minoría
que ha administrado. Sólo hay una forma
real de gobierno, la
oligarquía, entendida en su sentido etimológico como «mando
de unos pocos». En todas las áreas de
la convivencia aparece
una élite que decide el rumbo dominante, lo mismo
en la comu­
nidad religiosa, cientifica o artística que en la propiamente po­
litica. El problema sociológico y jurídico se reduce a describir
y evaluar
los modos de que una minoría alcance el poder, o sea,
los tipos de oligarquía.
Esds pocos que siempre asumen la función dirigente pueden
seleccionarse entre ellos mismos, como acontece en la comunidad
científica que
se autoestratifica según los méritos, o pueden .re­
mitirse a un árbitro exterior para que elija entre los diferentes
equipos concurrentes ( un rey hereditario,
un soberano vitalicio,
un cónclave, un censo electoral, etc.). Sólo hay, pues, dos clases
de gobierno: las oligarquías inmanentes que se autoseleccionan,
y las oligarquías arbitradas cuyo acceso
al poder depende de un
juez individual o colectivo previamente determinado.
La democracia no es otra cosa que una forma de gobierno en
la que de algún modo y de tarde en tarde, los gobernados pue­
den intervenir en
la designación o destitución de los gobernantes.
La democracia
es una oligarquía arbitrada periódicamente por un
censo electoral de entidad variable ( estamental, censitario,
mas­
culino,~ universal, etc.).
ID. La partitocracia.
El arbitraje que ejercen los gobernados cabe instrumentarlo
de muy diversas maneras. Puede limitarse la edad ( dieciséis o más
(4) J. J. RoussEAu, Du contrat social, 1762, III, 4.
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CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACIA
años), o la condición jurídica ( sólo los vecinos y nacionales o
también los residentes, sólo los que carecen de antecedentes
pe­
nales o no son analfabetos, etc.) de los legitimados para votar.
Puede limitarse el mandato de los elegidos a uno o más años,
con lo que el censo queda suspendido
de su capacidad arbitral
durante períodos incluso superiores a un quinquenio.
Pero, sobre todo, puede limitarse el númerd de los elegibles.
La partitocracia es aquella especie de oligarquía arbitrada por
los gobernados en que los aparatos de los partidos monopolizan
la elaboración de las candidaturas
y, por tanto, dictan la redu­
cida lista de personas que pueden ser votadas.
Los independien­
tes apenas son viables.
La característica esencial de las partito'
cracias es que el árbitro popular no designa libremente al man­
datario, sino que simplemente opta entre las alternativas
-en
la práctica dos o tres-a que le reduce el sistema partidista.
Este hecho
es de una trascendencia capital porque convierte al
supuesto elector en simple optante. Y la experiencia demuestra
que, generalmente, se vota más «contra» una lista, que a favor
de otra.
La posibilidad real que se ofrece al gobernado en una parti­
tocracia no es tanto designar a su hombre, cuanto derribar al go­
bierno votando a la oposición (5). Es falso que el elector nombre
a los políticos: éstos
se promueven entre ellos. Sea cual fuere
el partido en el poder, sus hombres han sido seleccionados por
el aparato. Y éste
es uno de los motivos de que altísimos por­
centajes de la población
se abstengan de acudir a las urnas; tie­
nen conciencia del escasd margen en que
se mueven y del poco
peso de su voto.
La otra gran causa es que parece que los polí­
ticos son siempre
los mismos y, en el caso de los tránsfugas, in­
tercambiables.
En las partitocracias, el arbitraje de aquellos gobernados que,
de
vez en cuando, y manipulados por campañas de imagen, vo­
tan, suele limitarse, pues, a remover temporalmente al equipo
(5) Esta fue la posición, imprecisa y ocasionalmente, adoptada por'
K. POPPER (Vid. G. FERNÁNDEZ DE LA MoRA: «Popper y la democracia
mínima», en Razón Española, núm. 28, marzo de 1988, págs. 185 y s~.).
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
gobernante, lo cual viene a desembocar en otra oligarquía del
aparato adversarid o de
los aparatos que oportunísticamente pac­
ten. La impotencia del gobernado es tal que, en los regímenes
pluripartidistas, puede asumir
la presidencia de un gabinente de
coalición el
líder menos votado. Esta es la modestísima función
del hombre medio en una partitocracia; a eso
se reduce efecti­
vamente en tal
modeld el ilusorio postulado del · «gobierno por
el pueblo».
IV. La crítica extrínseca.
La crítica tradicional de las oligarquías arbitradas por el voto
popular mayoritario ha solido ser extrínseca al modelo,
es decir,
se ha hechd valorando la veracidad de los resultados electorales,
desde criterios externos.
El argumento principal consiste en que
la verdad
es independiente del número de personas que la pro­
clamen. Esto es evidente para los hechos históricos: aunque la
mayoría de la Humanidad actual votase que América nd fue des­
cubierta por la expedición colombina, la realidad de la gesta per­
manecería invariable. También es evidente para los juicios lógi­
cos: aunque la mayor parte de la Humanidad negase el principio
de contradicción, éste continuaría operando en
las inteligencias.
También
es evidente para las ecuaciones matemáticas: aunque
toda la Humanidad desmintiera
el desarrollo del binomio de
Newton, su exactitud permanecería incólume. También
es evi­
dente para las ciencias experimentales: aunque la Humanidad en­
tera rechazara la existencia del cero absoluto, nadie podría obte­
ner una temperatura inferior.
Lo real e inexorablemente real,
aunque los hombres, sea cual fuere su número, lo desconozcan
o
lo nieguen. Es, pues, vastísima el área de las verdades que sería
absurdo someter a votación popular.
Pero
el problema se complica cuandd se trata no ya de lo
que «es», sino de lo que «debe ser». Las normas éticas, ¿ no las
determina cada sociedad concreta en un cierto tiempo? Esto sig­
nificaría que la moral dependería de un tácito o expreso plebis-
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CONTRADICCIONES DE LA_ P4,RTITOCRACIA
cito. Pero si .la mayoría decidiera que procede matar al prójimo
rival o incómodo, ¿ no repudiaría a nuestra conciencia tal acuer­
do?
Si una sociedad apr<>base unánimemente que es lícito mentir
y engañar a los demás cuanto
se pueda, ¿ no rechazaría nuestro
intelecto tal convención?
Es evidente que la especie humana
reconoce que hay unas normas éticas independientes de las
vo­
luntades individuales y que sería irracional someterlas a votación.
El milenarid Decálogo es una concreción de preceptos que se
considera allende la arbitrariedad.
Pero,
¿no hay cuestiones políticas opinables como la parti­
cipación del Estado en el producto nacional? Hay, efectivamente,
algunos problemas sociales cuya solución no viene dada por un
imperativo moral
básico.. Según los que se atienen a la crítica
extrínseca, tales alternativas opinables serán mejor resueltas por
el conocimiento y el raciocinio de los expertos que por
los insi­
pientes e impulsivos; pero aquéllos
se encuentran entre la mino­
ría y no
se identifican con la masa mayoritaria. Es un dato obvio
que hay
más razón en un sabio prudente que en miríadas de ig­
naros pasionales.
Y, finalmente, los que cultivan la crítica extrínseca acuden
a
la Historia y recuerdan que «Crucifícale» fue el inicuo resul­
tado del referéndum planteado por Pilatos
al pueblo de Jeru­
salén. Y multiplican los ejemplos de muchedumbres vesánicas,
desde la antigüedad hasta hoy. Y acuden a esa qnintaesencia de
la experiencia histórica que
es la psicología empírica de las mul­
titudes, disciplina que arroja conclusiones muy poco favorables
al presumible acierto de las masas.
Desde
la Revolución francesa, la crítica extrínseca ha pro­
ducido una copiosa literatuura. Pero, ¿ no cabe una crítica intrín~
seca, hecha desde dentro del propio modelo mayoritario? Así es.
V. La crítica intrínseca desde la perspectiva lógica.
Ya los canonistas medievales se plantearon la cuestión de si
los concilios podían tomar acuerdos por mayoría simple, por
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
mayorías cualificadas o por unanimidad, y se decidieron por esto
último, opinión mantenida hasta
el Vaticano II (6).
Pero
el primero que abordó la cuestión en términos estric­
tamente lógicos fue el matemático francés
J. C. Borda en su es­
tudio Mémoire sur les élections au scrutin (1781). A partir de
ese razonamiento, J. A. de Caritat, marqués de Condorcet, re­
dactó su Essai sur l' application de l' analyse a la probabilité des
dédsions rendues
a la pluralité des voix (1785), e incluso llegó
a dar forma constitucional a sus ideas sobre
la representación
en una serie de escritos programáticos publicados entre 1788
y
1805 (7). Según Condorcet, en una elección por mayoría simple
a la que concurren tres candidatos
se produce el contrasentidd
de que uno de los perdedores
es el que prefiere la mayoría. Esta
paradoja nace de que
el criterio mayoritario simple no tiene en
cuenta el orden en que cada votante coloca a
lds candidatos.
Supongamos que diez electores establecen sus preferencias entre
los tres candidatos por el orden X, Y, Z, nueve por
'e! orden
Y, Z, X, y otros nueve por el orden Z, X, Y, de donde resulta
que el elegido
es X por una mayoría simple de diez votos fren­
te a
Y y Z que sólo obtienen nueve cada uno.
Pero es evidente
que hay dieciocho votantes que prefieren a Z antes que al tritm­
fador X. Esta paradoja sigue produciéndose aunque diecisiete
voten a X y sólo nueve a cada uno de los otros
dds candidatos.
La simple mayoría suele estar en contradicción con la preferen­
cia mayoritaria.
La paradoja de Borda y Condorcet, preterida durante casi
dos centurias, fue replanteada por el que luego sería premid No­
bel, K. J. Arrow, en su libro Social cboice and individual values
(1951), cuya segunda edición revisada (1963) ha sido traducida
al español (1974). El teorema de Arrow demuestra que
es im­
posible formular un procedimiento suficientemente razonable para
adoptar decisiones colectivas que no arroje resultados contradic-
(6) Vid. J. ALONSO D.iAz: «La mayoría de votos en los concilios» eh
Razón Española, núm. 31, septiembre de 1988, págs. 153 y sigs.
(7)
Cinco opúsculos fundamentales han sido reeditados en Condorcet:
Sur les élections, ed. Fayard, París, 1986.
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CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACIA
torios, y analiza. con especial detenimiento el criterio de la ma­
yoría que es el fundamento de los métodos democráticos. El
teorema de Arrow
es demoledor para cualquier procedimiento
de tomar acuerdos distinto de
la unanimidad. A pesar de los es­
fuerzos que en el último medio siglo se han realizado para des­
autorizar a Arrow, su teorema continúa irrefutado (8).
La posición de Arrow tenía precedentes como el de K. Wi­
cksel quien en su obra
Finanztheoretische Untersunchungen (Jena,
1896, trad. ingl. 1958) había encontrado
tan irracional el crite­
rio de la mayoría, que exigió, para
los acuerdos parlamentarios,
un voto favorable de cinco sextos de los diputados.
Casi cuarenta años después de haher formulado su teorema
de la imposibilidad y de haberse vertido mucha tinta sobre él,
Arrow volvió sobre la cuestión en su opúsculo
Social cboice and
multicriterion decision-making (1986). Ahí se planteó, como por
primera vez lo habían hecho Borda· y Condorcet, no la decisión
simplista entre dos opciones, sino la decisión complicada entre
muchas alternativas y una serie
de diferentes criterios para orde­
narlas de mejor a peor.
Una elección pública mínimamente realista casi nunca puede
reducirse a un sí o

a un no desde perspectivas homogéneas.
La
vida social es mucho más compleja, y casi siempre hay una plu­
ralidad de posibilidades dadas y
de distintos valores para jerar­
quizarlas.
Por ejemplo, el consejo de administración de unas bo­
degas puede elegir entre producir vino tinto, rosado, blanco,
espumoso, secd, semiseco, dulce,
de alta o de baja graduación,
etcétera. Y son muy numero~as las combinaciones entre esas
opciones. Y suele, además, acontecer que los consejeros tengan
diferentes
patrones de estimación, por ejemplo, rentabilidad, tra­
dición, prestigio, etc.
En su citado trabajd Arrow evaluó las
fórmulas propuestas
para racionalizar estas situaciones de doble
pluralidad y, antes de exponer
la propia, llegó a la conclusión de
(8) Vid., por ejemplo, MAcKAY, ALFRED, F.: Arrow's the01'em, ed. Yale,
New Haven, 1980, págs. 103 y sigs.
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GONZALO FERN'AN:DEZ DE LA MORA
que ·«el método de la mayoría requerirá tales lmútaciones ..• que
no será aplicable a nuestro
problema» (9).
Pmow influyó decisivamente en J. M. Buchanan que también
obtendría el premio Nobel y a quien se considera fundador de
la Escuela de
Elecci6n Pública. Lo innovador de tan valioso mo­
vimiento intelectual es la aplicación de los métodos lógico-mate­
máticos de la economía al derecho constitucional. Buchanan, en
su libro
Democracy in deficit (1977, trad. esp. 1984), afirmó que
la Constitución no
podía dejar al arbitrio de las mayorías par­
lamentarias cuestiones como el
endeudamiento público. En T he
calculus of consent
(1962, trad. esp. 1980), después en The li­
mits of liberty (1975), y más tarde en The power of tax (1980,
trad. esp. 1987) extendió
sus conclusiones al área institucional y
formuló. un nuevo
teorema: «la política basada en la regla de la
mayoría es, en el mejor de los casos, un mecanismo altamente
imperfecto para asegurar la justicia distributiva» (10).
La Escuela de la Elección Pública cuenta con figuras rele­
vantes, como G. Tullock,
W. A. Niskanen, y A. K. Sen, que han
elaborado una severa crítica interna de la regla de las mayorías
para adoptar decisiones políticas. El criterio de la mayoría, que
nunca tuvo
más explicación doctrinal que la suposición de que
los
más son los más fuertes y, por lo tanto, los menos deben
rendirse sin lucha, ha sido ahora desmontada al demostrarse la
imposibilidad de que funcione racionalmente.
Incluso desde el área socialdemócrata, las cabezas pensantes
han admitido, aunque tardíamente, los fallos del principio
mayo­
ritario. Ese es, por ejemplo, el caso N. Bobbio, quien, en su tra­
bajo
La regala di maggioranza, limiti e aporie (Bolonia, 1981),
reconoce que
el criterio mayoritario no se puede aplicar a ciertas
materias, que muchas veces es ineficaz,
y que plantea apotías
técnicas
insuperables. Desde áreas muy diferentes, hace años que
(9) K. J. ARRow y H. RAYNAUD: Opciones sociales, trad. esp., Madrid,
1989, pág. 90.
(10)
J. BucHANAN y G. BRENNAN: The reason of rules, 1985, 8, 7,
trad. esp., 1987, pág. 173.
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CONTRADICCIONES DE LA' PART'ITOCRACIA
algunos habíamos denunciado esas y otras muchas quiebras del
procedimiento.
Pero aun suponiendo que no fuese problemático el radical
criterio de la mayoría,
se plantea inmediatamente la cuestión
del modo de contabilizar los votos cuando
se trata, no de un di­
lema -referéndum o plebiscito-, sino de elegir, por ejemplo,
los miembros de una asamblea. Los tipos de escrutinio son in­
numerables
y todos ellos son gratuitos; son pautas de procedi­
miento que no vienen exigidas por un inexorable imperativo
ra­
cional. ¿ Habrá un elegido por cada mil o por cada cien mil elec­
tores? ¿ Qué municipios o qué barrios se incluirán en una cir­
cunscripción electoral? ¿ Se proclamará elegido en cir~unscripcio­
nes unipersonales al que obtenga la mayoría absoluta o la relativa,
y en una vuelta o en dos ?
¿ Se preferirá el sistema de listas y su
adjudicación proporcional? En el caso del escrutinio proporcio­
nal, ¿ serán transferibles los restos a nivel nacional y con qué
regla?
La descripción de los procedimientos electorales principa­
les ha requerido extensos tratados.
Entre el voto depositado en una
urna y los resultados oficia­
les
se interpone un mecanismo arbitrariamente decidido por el
legislador. Ese mecanismo
se aplicará por igual a todos los can­
didatos; pero en modo alguno es neutro. Con los mismos votos
triunfarán unos
partidos u otros, o se eliminará del parlamento
a
un partido, según la forma de escrutinio que se haya adoptado.
Incluso cabe invertir el balance final,
es decit, que los triunfa-
dores sean perdedores.
·
La crítica interna de la democracia no sólo presenta el teore­
ma de la imposibilidad, sino el teorema de la arbitrariedad de
cualquier sistema de contabilizar los votos. Desde el principio
hasta
el fin, todo el proceso se encuentra cOndicionado por de­
cisiones que no responden a un principio de racionalidad. Los
diferentes modelos de canalizar el arbitraje popular no son menos
caprichosos que las reglas de
un juego, y esas reglas siempre fa­
vorecen a unos y perjudican a otros. No existe el escrutinio lógico.
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GONZALO FERN.ANDEZ DE LA MORA
VI. La crítica intrínseca desde la perspectiva ideológica.
Los partidarios de que las sociedades se gobiernen por oligar­
quías, en las que el voto mayoritario de los gobernados legitima­
dos
para ello funcione como árbitro cada cierto número de años,
no han cesado de elaborar postulados ya éticos, ya sociológicos
para justificar su posición. Tales esfuerzos
han producido la
ideología democrática, que tiene todas
las características de Jo
que Pareto denominaba una «derivación», es decir, argumentos
arbitrarios para justificar sentimientos. Pero ahora no se trata
de probar lo que haya de cierto en dichos postulados
-tarea de
crítica extrínseca-, sino simplemente de analizar si el modelo se
comporta con fidelidad a
los principios en que pretende fundarse.
Otro politólogo socialista, Claus Offe, además de reconocer
que la partitocracia desradicaliza las ideologías y erosiona la iden­
tidad de los partidos (lo que he llamado convergencia), y desacti­
va a los ciudadanos (lo que he
calificado de creciente apatía),
ha admitido
en su libro An den Grenzen der Meherheitsdemo­
kratie (
1984 ), que el principio mayoritario es de validez muy
limitada, porque
la autenticidad del voto es dudosa, hay materias
irrevocables y nd discutibles, y los abstencionistas, que a veces
son mayoritarios, comprometen la significación de los resultados.
l. Se presenta como primera tesis que el individuo se en­
cuentra solo e igual a sus congéneres, y . que para no tener que
disputarse violentamente los recursos limitados, establece con
otros un
contrato social que atribuye a cada parte un único voto
para adoptar conjuntamente decisiones políticas.
Pero los hechos desmienten tal descripción. Todo individuo
nace en una familia
y, generalmente, en un clan y en un poblado.
Nadie viene
al mundo y madura solo, y de su entorno humano
recibe una lengua, unos usas y, en definitiva, una cultura, por
rudimentaria que sea ; la sociedad es algo dado a la especie hu­
mana, como a otras muchas.
Además, ni siquiera los gemelos univitelinos son exactamen-
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CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACIA
te iguales. Entre el subnormal y el genio, entre el minusválido
y el atleta, entre el deforme y el apolíneo hay una infinidad de
variantes intermedias. Cada individud tiene diferentes capacida­
des intelectuales y físicas. Y son prácticamente la diferenciación
genética
y, consiguientemente, la distinción vocacional, el plura­
ralismo profesional y la jerarquización funcional los que mueven
a la colaboración social pata la mutua complementariedad. T
am­
poco es cierto que los recursos sean limitados en todos los pue­
blos primitivos, especialmente en los de economía
más elemen­
tal, los recolectores. Y, finalmente, no hay memoria histórica de
que un solo Estado antiguo
se haya constituido mediante un
contrato social que estableciera todos los derechos
y deberes,
ni
podría haber sucedido así porque tal contrato supondría la
previa existencia de la norma de que los pactos deben ser res­
petados ; y, ¿ quién habría acordado dicho precepto básico si no
había sociedad previa? Esta
ya no es sólo una contradicción con
los datos, sino una inconsistencia interna de la ideología.
La tesis individualista y contractual pretende explicat
cada ciudadano dispone de un voto igual y que el
ordena¡#en
jurídico no puede tener otro origen que la voluntad de lo,/ci
danos expresada por el voto. Así, el Estado se presenta :
trasunto de una sociedad mercantil donde cada miem. ' see
una sola acción y aprueba los estatutos. El ciuda , .. · • estatía
aislado y conectado, de vez en cuando, a la soberanía por algo
parecido a una urna. No es una situación ventajosa, sino de gran
indefensión. ·
Ninguno de los supuestos en que se funda tal estructura es­
peculativa coincide con la realidad. El simplista esquema del
contrato social es, en todos sus elementos, una construcción ficw
ricia.
2. Se afirma, como segunda tesis, que sólo el pueblo encarna
la soberanía. Pero, en la práctica, resulta que los límites
de lo
que sea un «pueblo» vienen determinados de modo atbitrario,
es decir, por unas fronteras generalmente nacidas de la violen­
cia. Por ejemplo,
¿ qué pueblo encama hoy la soberanía france-
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G,ONZALO FERl{ANDEZ DE LA MORA
sa? ¿ El que las. leyes vigentes consideran como titular de la
ciudadania republicana
o, separadamente, los bretones, los alsa­
cianos, los corsos, los vascos, etc.? Y, suponiendo que haya una
sociedad relativamente homogénea como la norteamericana,
¿ pue­
den los estadounidenses tomar por
sí solos como solitaria super­
potencia decisiones que afectan a las demás naciones? Ninguno
de los grupos que actualmente
se consideran soberanos son el
único «pueblo» digno de este nombre, que sería la Humanidad
sin fragmentaciones.
La realidad es que aquellos Estados que, como los de la Co­
munidad Económica Europea, renuncian a parcelas importantes
de su soberanía,
parod6jicamente se acercan a ese ecuménico
pueblo que sería el único no dividido azarosa o arbitrariamente.
Por ser parcela, ning6n Estado actual, sea cual fuere su sistema
de gobierno, y desde luego, ninguno de los que
se tienen por
democráticos, cumple el imperativo de que el pueblo total y sin
recortes sea soberano. Y no lo cumple porque los Estados
exis­
tentes son partículas de la población humana.
La fórmula reducida de que la soberanía correspondería a
la «nación» ha sido descartada no sólo por la dificultad aún no
superada de delimitar con exactitud a una nación, sino porque
eso entrafiaría contradicciones normativas insalvables entre
los
diferentes ordenamientos jurídicos, y porque, sobre todo, hay
Estados plurinacionales
y etnias divididas en varios Estados. Tam­
poco
se cumple el postulado de la soberanía restringido a la na­
ción. Por si esto fuera poco, el concepto de soberanía es una
ficción jurídica en la mayoría de
los países, sometidos a organis­
mos supraestatales o a superpotencias.
3. Sostiene la tercera tesis que el pueblo
se manifiesta por
la voluntad general. Como nuestro análisis es empírico, nd im­
porta ahora determinar si la voluntad general es un mito, un
puro verbalismo o un ideal; lo que interesa
es averiguar cuál
podría ser su contenido significativo real. ¿ Consistiría en las vo­
luntades coincidentes de todos los miembros de una sociedad?
Si la voluntad general fuera la unanimidad, ningún Estado cum-
66
Fundaci\363n Speiro

CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACIA
pliría tal requisito. Pero, aun suponiendo que en un referéndum
concretd se
lograra salvar toda discrepancia, dicho referéndum
expresaría la voluntad general acerca de una alternativa;
pero
la voluntad general estaría ausente para resolver las innumera­
bles que plantea
el gobierno de una sociedad; y, de hecho, lo
está en la casi totalidad de las decisiones políticas. Esta tercera
tesis, en su acepción más estricta, la traiciona cada día la prác·
tica política.
Si por voluntad general se entiende la de la maydría, en
rigor,
se renuncia a la generalidad y se acepta la parcialidad,
aunque fuera la mayor de las partes. Pero,
¿ cuántas veces se
toma un acuerdo popular por la mayoría absoluta del censo elec­
toral? Si se contabilizan las abstenciones y las discrepancias, las
mayorías formales suelen ser minorías numéricas. Tampoco se
cumple el postulado de la voluntad popular en su versión res­
tringida de la mayoría. Pero es que si se cumpliera en una con­
sulta, ¿ se podría repetir para cada decisión pública? Evidente­
mente, no.
En un postrer intento de darle a la voluntad general algún
contenido concreto, ¿ podría ser sin6nimo de no resistencia u opo­
sición? Considerar como expresión voluntaria a la simple pasi­
vidad inerte
es ir demasiado lejos en el intento. Pero ni aun asi
se conseguiría que la realidad fuese coherente con la ideología.
¿ Existe, por ejempld, alguna sociedad que unánimemente pagara
sus impuestos si no hubiera coacción fiscal? Ninguna. Luego el
consenso sociopolítico sin excepci6n no existe. Tampoco la no
resistencia de todos podría ser el contenido de una real voluntad
general.
4. Según la cuarta tesis, cada diputado representarla a toda
la sociedad y no solamente a sus mandantes o electores. Sin em­
bargo, para que esta exigencia se cumpliera sería necesario que
los que no votan
y los que votan a un candidato perdedor se
identificaran con el oponente triunfador, lo cual no acontece en
la
realidad. Haría falta, además, que los votantes de cualquiera
de las alternativas
se identificaran simultáneamente con las varias
67
Fundaci\363n Speiro

CONZALO FE"RNANDEZ DE LA M'ORA
alternativas contradictorias que han logrado representación, mu­
nicipal, regional o nacional, lo cual es absurdo. En ninguna so­
ciedad todos sus miembros se identifican con todos los elegidos·;
nadie habla por todos. Tampoco
se cumple en la realidad el pos­
tulado de la. representación genérica.
5.
La quinta tesis es que el voto del gobernado expresa su
voluntad. Tampoco este postulado se cumple en la realidad, por­
que el votante
se ve obligado a pronunciarse · ante el dilema o
ante las
limitadas_ alternativas que le proponen las oligarquías
políticas. El voto no expresa
el personal deseo del votante, sino
su jerarquización de
las ofertas que otros le formulan; es más
que una voluntad positiva, un mal menor o una eliminación.
Las innumerables y heterogéneas voluntades de los
miembros
de una gran sociedad son siempre un misterio. Ni siquiera el
mercado las revela porque también en ese campo de los bienes
comerciales las ofertas son limitadas, aunque sean muchísimo
más amplias que
las políticas.
Además,
¿es auténtica la voluntad expresada en una consul­
ta politica? Incluso en un simple referéndum, donde sólo cupie­
ran
el sí y el no, la casi totalidad del censo ignora el contenido
de su pronunciamiento. Cuando
se vota una Constitución o un
Tratado multinacional,
¿ cuántos lo han leído? Y de éstos, ¿ cuán'
tos tienen la formación necesaria para medir su alcance? Un
moralista, a causa de la ignorancia del objeto, no podría consi­
derar tal acto de votar como plenamente responsable.
Acontece, en fin, que las elecciones con censos electorales
numerosos dependen de las campañas publicitarias y lo que, en
definitiva,
se presenta a las multitudes no es un programa con­
creto, sino ese subproducto
·intelectual que eran las ideologías,
hoy desahuciadas por inoperancia, o una imagen. Y una imagen
es
tan poco conceptual, que es casi una· mera sensación. La auten­
ticidad política de una voluntad que se pronuncia sobre una
imagen fabricada por
los expertós en «marketing» es mínima o
nula.
·
Salvo en ocasiones excepcionales en comunidades muy redu-
68
Fundaci\363n Speiro

CONTRADICCIONES DE LA .P.A.RTITOCRACIA
cid'IS, tampoco se cumple el postuládo de que un voto es la ex­
presión de una voluntad positiva auténtica.
6. Los cinco postulados fundamentales, elaborados
por los
ideólogos para
dat un fundamento teórico a las oligatquías at­
bitradas por el voto popular mayoritario, no
se cumplen en la
realidad; constituyen un esquema
que' no se corresponde con los
obvios hechos.
VII. El postulado de legitimación.
Todo soberano intenta jusúficarse, dar razón de por qué asu­
me el poder. La más antigua forma política histórica es la egipcia:
una realeza hereditatia. El fataón, independientemente de que
se considerase encamación de la divinidad, legitimaba su autori­
dad por la vía dinástica,
es decir, por la filiación; el heredero
esgrimía una inexorable opción al trono, que le venía dada por
la sangre. Así,
se .remitía a una instancia última, misteriosa y
sacra. Era lo que, siglos después, se denominatía
el «derecho di­
vino de los reyes». Este hipotético derecho lo han admitido mi­
llones
de ciudadanos durante milenios en las más variadas latitu­
des, y esa convicción, aunque declinante, todavía pervive en
quienes piensan que cabe pretender una soberanía por puros me­
canismos genealógicos.
Las democracias han sustituido la legititnación cromosómica
por la numérica:
se supone que la soberanía pertenece al que
alcanza una mayoría absoluta o simplemente relativa.
Las demo­
cracias actuales, como antaño las monatquías absolutas, ponen el
acento sobre una noción que depende de una creencia subjetiva,
relativa, indemostrable y cambiante: la legitimidad de origen.
Antes bastaba con ser
el primogénito; cómo gobernase, era ya
cuestión secundaria. Ahora, lo esencial es ser el más votado; que,
luego, administre mejor o
peor, es un suceso aleatorio. El prin­
cipio de legitimidad de origen
democrático es más subsanable
que
el hereditario, pero ambos son ideológicos y cateeen de base
racional categórica.
69
Fundaci\363n Speiro

GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
Además de la legitimidad política de origen, hay la de ejerci­
cio.
Se da una prioridad cronológica de la primera respecto de
la segunda; perd ambas son mutuamente independientes, puesto
que ninguna exige a la otra. Un poder originatiamente legítimo
puede ser ejercido ilegítimamente, y viceversa. Y lo que aquí
se
afirme del supremo magistrado se aplicará, por extensi6n, a todos
los escalones de mando.
l. Un soberano posee la legitimidad de origen cuando ha
accedido al poder en virtud de un derecho subjetivo, o ius ad
officium, reconocido por una norma anterior, generalmente una
ley fundamental, aunque también puede ser un uso establecido.
Ese precepto, al que en la terminología actual correspondería
ran­
go consititucional, puede albergar muy variados contenidos. Si
se trata de una monarquía, será electiva d hereditaria. En el pri­
mer caso caben muchos tipos de elector individual d colegiado,
y son múltiples las variantes respecto a las condiciones exigidas
al candidato. En el segundo supuesto, abundan también los
mo­
delos: libre adopción, selección entre consanguíneos, automatismo
de la primogenitura con preferencia o no
de var6n, etc. Si se
trata de una república, los electores pueden ser todo el censo
nacional, o unos compromisarios, o una o más cámaras ; también
es concebible la designación por el predecesor.
Todo esto significa que no hay una norma absoluta y univer­
sal que determine para cualquier tiempo y lugar quién deba ser
el soberano. La legitimidad de origen pende de una
arbitrarie­
dada inicial: la libre decisión de optar por una de las innumera­
bles f6rmulas posibles y moralmente neutras.
Las normas que
determinan el modo de designar al soberano son de procedimien°
to,
y, por tanto, discrecionales y adjetivas. Son simples reglas del
juego politico, susceptibles de ser modificadas como las de
cual­
quier reglamento lúdico. Nadie tiene un derecho natural al poder
supremo,
la legitimidad de origen no es una cuesti6n inscrita en
en el área de la moral, sino de la legalidad positiva, y quizás por
eso
se ha transgredido tan reiteradamente a lo largd de la His­
toria.
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Fundaci\363n Speiro

CONTRADICCIGNBS DE LA P ARTITOCRACI.A
La Historia registta más soberanos de facto que de iure. Las
disposiciones positivas que determinan el derecho subjetivo al
poder han sido modificadas por casi todas las generaciones, y en
la mayor parte de las sociedades son distintas. La razón impone
la desmitificación de la legitimidad de origen y
de sus plurales
y contradictorias justificaciones ideológicas, elaboradas por pensa­
dores al servicid del político.
2. Un soberano posee la legitimidad de
ejercrcto cuando
gobierna según las normas morales y políticas. Estas últimas,
determinadoras de las competencias y de
sus límites, pueden va­
riar en cuanto son procesales; pero los imperativos éticos tienen
una pretensión de universalidad y de inmutabilidad. Cuando
éstos
se aplican, la cuestión de la legitimidad de ejercicio resulta
esttictamente racional y obligatoria en conciencia. El poder gana
la legitimidad de ejercicio en la medida en que asegura un orden
razonablemente justo y próspero. Esta especie de legitimidad no
es un formalismo que se determina por un a priori arbitrario,
como ocurre con la legitimidad
de origen; es una realidad que
se mide a posteriori por sus efectivos resultados; sil .canon son
los hechos y no una absttacción. Y ésta es la legitimidad que
filosóficamente importa, y la que
en definitiva interesa a los go­
bernados. De ahí que el correcto ejercicio suela acabar haciendo
olvidar
el origen de la autoridad; en caso contrario, ningún po­
der actual podría sostenerse porque en todos aparecen, próximos
o remotos, escalones de ruptura o bastardía.
Acontece, sin embargo, que los poderosos tienden a afirmarse
más sobre la procesal legitimidad de origen que sobre la ética
legitimidad de ejercicio, por
el simple motivo de que ésta es de
consecución mucho más ardua. Los malos monarcas se escuda­
ban en el argumento de ser los primogénitos del rey muerto,
como los malos presidentes
se attincheran en el hecho de haber
sido
. elegidos con arreglo al sistema electoral en vigor.
Los postulados
-teocráticos, dinásticos, mayoritarios, etc.­
para legitimar el poder por su origen no responden a ningún
imperativo moral lógico, son simples arbitrios que
se trata dé
71
Fundaci\363n Speiro

GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
transformarse en mitos para asegurar su aceptación por las masas.
Ld racional es la legitimidad de ejercicio; el estadista se justifica
esencialmente por el buen gobierno,
el modo de designación es
lo accidental. El postulado democrático no resuelve la cuestión
ética.
VIIL Las contradicciones de la partitocracia.
Las incoherencias del modelo democrático en general se mul­
tiplican y agudizan en su
especie hoy más vigente, la partitocra­
cia ( 11 ), que es, como queda apuntado, aquella forma de oligar­
quía arbitrada en que los partidos políticos monopolizan la re­
presentación. En este peculiar modo de seleccionar a los gober­
nantes
-hay muchos regímenes diferentes-tienden a producirse,
enter otras, las siguientes graves contradicciones:
l. Oligarquización interna.
Los partidos se consideran los indispensables instrumentos
de la democracia ; pero su estructura interna
es oligárquica. La
escuela sociológica de Mosca y Pareto y, sobre todo, Roberto
Michels demostaron con copiosísima fundamentación empírica
que «la tendencia hacia la oligarquía
es inherente a todo partido
organizado» ( 12). Es la llamada ley de hierro de la oligarquía,
no desmentida desde entonces.
Un partido, cuanto más se orga­
niza, más se oligarquiza, más tiende a jerarquizar, clausurar y po­
tenciar su aparato. El análisis de las nomenklaturas en los regí­
menes marxistas ha confirmado la ley de Michels incluso en
circunstancias muy distintas
de las de 1911, fecha en que el gran
sociólogo germano de talante socialista publicó su famosa inves­
tigación.
(11) Vid. G. FERNÁNDEZ DE LA MoRA: La partitocracia, ed. Instituto
de Estudios Políticos, Madrid, 19772
, especialmente, págs, 154 y sigs.
(12) R. MICHELS: Political porties. A sociological study of tbe oligar­
chical, tendencies of modern democracy, trad. ingt 1915, pág. 13.
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Fundaci\363n Speiro

CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACiiA
Pero los partidos no sólo son oligárquicos a causa de sus · ne­
cesidades organizativas; es que tienden a estructurarse desde
arriba hacia abajo con lo que las bases
se convierten en séquito.
Los congresos locales están dominados
pot la minoría local; y
los congresos nacionales no sólo están conducidos por la secreta­
ría general, sino que en ellos
se suele conceder el voto única­
mente al jefe de delegación.
El impulso no es popular, sino
autoritario.
En el supuesto de que los partidos se desoligarquizaran y
trataran de potenciar a las bases, que es lo que en parte sucede
en regímenes menos partitocráticos como los Estados Uuidos,
¿ qué significan los afiliados en relación con el censo electoral?
Casi nada: los porcentajes suelen ser inferiores al 5
% de la
población. De donde resulta que, en
la inverosímil hipótesis de
que todos los afiliados de los partidos participaran libre y esca­
lonadamente en la selección de candidatos y en la aprobación
del programa, los partidos constituirían pequeñas minorías que
arbitrariamente asumirían
la dirección de la totalidad de los vo­
tantes.
De hecho, la partitocracia en ningún caso sale del círculo
oligárquico y contradice su postulado fundamental.
2.
Crisis de independencia.
Se supone que el gobernante debe actuar en conciencia, para
lo cual no puede depender ni moral, ni económicamente de nadie.
Pero en una partitocracia los candidatos para todos los niveles
electorales son propuestos por los partidos, y tanto los aspiran­
tes como los elegidos
se deben a las consignas de su patrodna­
dor, el aparato. Incluso cuando la legislación permite candidatu­
ras independientes, su viabilidad es muy escasa por el elevado
coste de las campañas publicitarias
y la requerida organización
de aposentadores, oradores, interventores, escrutadores, etc. Pero
en el infrecuente caso de que un candidato independiente fuera
elegido, su voz no podría expresarse en las cámaras
más que
algunos instantes, de vez en cuando, a través del grupo
mixto
-73
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GONZALO FBRNANDEZ DE LA MORA
y sin respaldo. El diputado indepediente es como un profeta que
clama en
el desierto o un predicador en una comunidad de sordos.
3.
Depauperación de la clase politica.
La máxima preocupación de la oligarquía de un partido es
asegurarse la fidelidad de aquellas personas a las que recluta para
insertarlas en el aparato. Este objetivo
se asegura, o bien implicán­
dolas en el peculado y la corrupción, o seleccionándolas entre
personas que sólo pueden sobrevivir como instrumentos a
la
sombra del líder. La consecuencia es que el nivel medio del apa­
rato partitocrático va descendiendo ya moral, ya intelectualmen­
te,
ya ambas cosas a la vez. En sus orígenes, los partidos se
constituyen con gentes notables; pero van progresivamente de­
gradándose hasta que, en el límite, se reducen a unos cuantos
demagogos o astutos, y a un séquito de adocenados o conformis­
tas.
Los talentos -excepcionalmente alguno alcanza lá cúpula­
o renuncian o son marginados. En las partitocracias, los indivi­
duos superiores no suelen estar en
la política, sino al margen
de ella. Acontece, pues, Id contrario de lo que se supone: los
partidos no son organizaciones para promover a los mejores, sino
que tienden a una selección a la inversa en la línea de la medio­
cridad o de la corrupción. Y cuanto menor
es la calidad de los
altos dirigentes,
más disminuye la de los restantes miembros del
aparato, porque aquéllos prefieren que
sus colaboradores sean
inferiores y que
se conviertan en dóciles burócratas. A veces,
los electores se preguntan cómo ciertos especímenes humanos
han llegado a la política.
La explicación está en el espíritu que
gula a la partitocracia en los reclutamientos y las promociones.
4. Eclipse del decoro político.
Se supone que democracia es-transparencia y consecuencia,
a fin de que las bases puedan pronunciarse con un mínimo de
razonabilidad. Pero la partitocracia se caracteriza por el
secre­
tismo en la toma de las decisiones fundamentales por los apara-
74
Fundaci\363n Speiro

CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACIA
tos partidistas, y, sobre todo, por la incoherencia entre lo que
se dice y lo que se hace.
La información partidista suele ser
mendl!2 o sesgada. El
libro de Revel, El conocimiento inútil ( 1988), aunque anecdóti­
co, es un alegato irrefutable. La mentira sistemática
es una prác­
tica partidista generalmente aceptada, y las promesas sólo los
ingenuos pueden tomarlas en serio.
El designio final no es man­
tener objetivamente informado al censo electoral, sino inclinarle
en un sentido, aunque para ello sea necesario desinformarle e
infundirle falsas ilusiones.
La primera consecuencia de la mendacidad sistemática es la
irracionalidad del voto de los engañados. La segunda consecuen­
cia
es que los políticos, aprovechando la mala memoria popular,
se ven constantemente movidos a desdecirse ante las convenien­
cias ocasionales o la fuerza de los hechos consumados. Hay, pues,
una casi
permanente inconsistencia en el discurso partitocrático.
Como uno entre otros, sirve el ejemplo del socialismo español:
americanos no, y luegd, sí; OTAN no, y luego, sí; marxismo sí,
y luego no; hispanidad no, y luego, sí; autopistas no, y luego,
sí; energía nuclear no, y pronto sí; nacionalizaciones, primero, y
luego privatizaciones ; monarquía
no, y luego sí; puestos de tra~
bajo sí, y luego no; aborto sí, pero que no siga bajando la nata­
lidad; multinacionales no, y luego sí; capitalismo no, y luego
sí; ética sí, y luego
no; enseñanza privada no, y luego un poco;
sindicatos sí, y luego, no; neutralismo sí, y Iuegd, no; impuestos
ditectos y luego indirectos; representación orgánica no, y luego
concertación social sí; drogas sí, pero luego men~; inversión sí,
pero se penaliza el ahorro ; multiplicación de los valores catastra­
les
y consiguiente gran elevación de tributos, pero luego no; ejér­
cito no,
pero hay que reconstruirlo para cooperar con las Nacio­
nes Unidas ;
etc.
Las sucesivas y aun simultáneas contradicciones del debate
partitoctático terminan difuminando los perfiles
políticos colec0
tivos y los personales. En el transcurso de unas semanas hemos
visto a partidos comunistas transformarse en socialistas, luego
en socialdemócratas y alguno en liberal. El proceso se extiende
75
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
a los individuos que emigran de partido, es el llamado transfu­
guismo, que
se efectúa sin palinodias ni arrepentimientos. La
ambigüedad creada por la falaz polisemia del lenguaje col).vierte
a bastantes políticos en intercambiables. Hay derecho a pregun­
tarse si alguna vez
ditán, si no la verdad, por lo menos «su»
verdad. El decoro político
es la concordancia de lo que se dice al
pueblo con lo que se piensa, de lo que se ha dicho y lo que se
dice, de lo que
se dice respecto a la cosa pública y lo que se hace,
La partitocracia eclipsa el decoro político. El disimulo, el cinis­
mo y el engaño siempre han tenido alguna forma de presencia
en
la cosa pública; pero eran actitudes coherentes con ciertas
concepciones como la de Maquiavelo, que ignoran el decoro. Lo
contradictorio de las partitocracias es que, en éste como en otros
muchos puntos fundamentales, su comportamiento
es contradic­
torio con los postulados que dicen servir. Sin decoro político
cualquier especie de democracia
se convierte en un sarcasmo.
5. Expoliación del electorado.
Se supone que todos los tipos de populismo tienen que ser­
vir a los electores para obtener su voto. Pero la realidad es que
en la partitocracia el modo de seleccionar a los candidatos o de
plantear
los términos de un referéndum reducen las posibilida­
des del elector a verdaderos mínimos. Y cuando
los partidos
pactan una fórmula entre ellos, el elector queda automáticamen­
te expropiado y no le queda otra vía de autodeterminación sub­
jetiva que abstenerse, lo cual, en la práctica, se traduce en un
apoyo a la mayoría. Esta es otra de las trampas partitocráticas:
el que no vota resulta que es
el que más consiente. Decide el
líder que manipula al aparato central y al local; pero el gober­
nado, o queda casi totalmente expoliado de sus posibilidades de
autodetermi:hación, o negocia · colectivamente para convertirse en
un· «voto subsidiado» por la Seguridad Social, el empleo comu­
nitario u otra corruptela. Es
el retorno a la institución antigua y
medieval de la clientela.
El pueblo ideal para la pattitocracia
76
Fundaci\363n Speiro

CONTRADlCCIONES. DE LA PARTITOCRACI.A..
es el de un mercado atento a los .saldos sectoriales, y maleable
por la propaganda.
6.
La degradación ética de la saciedad.
Un pueblo que asiste a la corrupción, la hipocresía o la falacia
de su clase
política tiende, primero, al escepticismo moral y, lue­
go, al amoralismo. Pero es que los demagogos suelen acelerar
ese proceso ofreciendo productos mucho
más baratos que una
enseñanza, unos transportes, unas ·_pensiones o una sanidad exce­
lentes; ese producto gratuito para el Estado es la permisividad
que empieza por el circo
y, pasando por el sexo, termina en la
droga. De las duras consecuencias que para las personas tiene el
permisivismo y la disolución casi ninguna responsabiliza a los
gobernantes, muchos
se dejan convencer de que es una inexora­
ble consecuencia de la libertad.
Es verdaderamente paradójico
que los que tratan de disolver la familia
incitando a la rebeldía
y acusando a los padres de los malos pasos de sus hijos, tratan
de
eximir a los Gobiernos cuando son éstos, como detentadores
de
los grandes medios de comunicación, de la enseñanza, y· del
poder en general,
los máximos responsables de la moralidad pú­
blica. No olvidemos que los canales estatales de televisión son la
escuela diaria de millones de ciudadanos.
Si desde ella se imparte
la subversión de los valores, la sociedad
se desvertebra. Pero es
que las partitocracias prefieren sociedades indefensas, sin pulso
y sin capacidad de reacción,
y cuando inducen a la indetermina­
ción ética saben que
el débil y el torpe se lo agradecerán y que,
además, quedarán convertidos en masa política inerte y amorfa.
En los estadios avanzados, ciertas partitocracias emprenden cam­
pañas sistemáticas contra aquellas instituciones que, como algunas
Iglesias, pretenden reconstruir la conciencia moral de los ciuda­
danos.
7. El reduccionismo ético.
Las partitocracias sustituyen el Decá/.ogo tradicional por al­
gunos mandamientos cuyo incumplimiento sancionan durísima­
mente.
77
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
El primero de esos precepros es que no se' puede alterar el
sistema constitucional que los
parúdos se han dado y que usufruc-·
túan. A este sistema se le suele otorgar el nombre tabú de demo­
cracia. Quien pretenda romper el oligopolio partitocrático
es ta­
chadd de antidemócrata o de fascista, calificativos a los que se
da una significación casi satánica, no sólo intramuros, sino en
las áreas de influencia de las internacionales partidistas. El culpa­
ble de tal sacrilegio político es anatematizado. Y a sabemos que
el vocablo democracia es un océano de equívocos y vaguedades;
con tan imprecisa figura de delito se puede condenar al más
inocente.
El segundo precepto es pagar los impuestos para que las oli­
garquías partitocráticas dispongan de fondos para autofinaciarse
y para subvencionar a sus clientes. En las partitocracias se acusa
de insolidario al que protesta por una tasa,
se proscribe al que
traslada su capital. a otro país menos confiscatorio, y se utilizan
argumentos tan absurdos como que gravar más es modernizar o
europeizar
d purificar o incluso abaratar. Recientemente hemos
oído la aberraci6n de que triplicar
el valor catastral de los in­
muebles reduciría su precio.
El tercer precepto es que los partidos y sus nomenclaturas
tienen que vivir, para lo cual necesitan grandes sumas. Una parte
de
esas cantidades sale de los Presupuestos del Estado como asig­
naciones a los partidos, a los diputados nacionales, regionales,
provinciales o municipales. Pero eso no basta
y se pretende que
el pueblo tolere el cobro de comisiones en las compras, en los
contratos de obras públicas, en las recalificaciones de terrenos
( verdadera fábrica de moneda), en las concesiones,
y en cualquier
autorización administrativa. Este tercer precepto es .más bien ne·
gativo puesto que legitima la detracci6n de unos dineros públicos
que son obtenidos mediante la coacción
administrativa o simple­
mente ejecutiva. Es, seguramente, la forma
más repulsiva de
atraco a mano armada, la ejercida con las armas del Estado
y al
margen de la legalidad como en el peor feudalismo, pero de mag­
nitud incomparablemente superior.
Todos los demás preceptos, o quedan anulados
-se permite
78
Fundaci\363n Speiro

CONTRADICCIONES DE LA· PARTITOCRACI.A.
la mentira política sistemática, el asesinato de los no nacidos, el
escándalo público,
etc.-, o quedan tan atenuados y su vigencia
es tan
mínima que, por ejemplo, el hurto o la calumnia se con­
vierten en conductas generalmente impunes.
B. La instrumentalización del parlamentario.
El miembro elegido para una asamblea se presenta como el
genuino portavoz de los votantes. Pero en las partitocracias se
impone la disciplina de partido
y, en cualquier nivel, el diputa­
do o concejal ha de pronunciarse
como le ordene el l!der del
grupo.
El miembro ordinario de una asamblea puede pensar en
su fuero interno, pero no expresar
en público otra idea que no
sea la consigna partidista; ni en las cámaras, ni, ante los medios
de comunicación, ni casi en las tertulias
por temor a que se fil­
tre su heterodoxia. Una frase de reciente acuñación española
describe pícaramente la situación: «El que se mueve no sale en
la foto». El desviacionista es expulsado del partido y nunca vol­
verá a ser incluido
en las listas electorales. O la entrega de la
palabra
y de la voluntad o el ostracismo. De este modo, el miem­
bro de una asamblea, sea nacional o local, no puede ser él mis­
mo, queda instrumentalizado, se convierte, aunque retribuido,
en un simple número. Alienación partitocrática o muerte políti­
ca ; ese el el férreo dilema.
9.
La parado¡a del transfuguismo.
Es característico de las partitocracias que las candidaturas
para todos los cargos electivos sean elaboradas
y presentadas por
los partidos. Este hecho resulta imprescindible cuando se aplica
el sistema de escrutinio proporcional. Si, además, las listas son
cerradas
y bloqueadas, es evidente que se vota mucho más al
partido que al hombre, casi únícamente al partido. Lo que
de
hecho recibe el elegido no es un supuesto mandato de la nación,
ní siquiera de sus votantes, sino
un mandato que habría que
llamar «partitocrático», puesto que procede originaria
y directa-
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
mente de la oligarquía partidista que confecciona las candidatu­
ras. Ni siquiera sería un presunto mandato ideol6gico, ni
pro­
gramático,
porque las ideologías políticas están en trance de ex­
tinción, y porque los líderes cambian frecuentemente de criterios
y rara
vez cumplen las promesas electorales. Cuando el as! ele­
gido cambia de partido
y conserva su nombramiento comete un
doble fraude.
El primero contra sus lideres que le han seleccio­
nadd, no para que piense y obre en conciencia, sino para que les
apoye y
obedezca. El segundo contra aquellos electores que le
hayan votado por creer que mereda la confianza del aparato de
un partido.
En España, el Tribunal Constitucional
ha legitimado el trans­
fuguismo en aplicación de la ficción legal de que el diputado re­
presenta a la nación. Pero si se reglamentase que quien cambie
de partido quedará desposeído de su titulo,
se aceptaría la com­
pleta despersonalización y la desnuda partitocratización de la re­
presentación politica, con lo que se llevaría al limite la negación
de la independencia del pol!tico y la reducción del diputado a un
simple número, a-la inerte -pieza de un mecanismo inexorable.
10. Devaluación intelectual de las cámaras.
Se supone que las cámaras son deliberantes, para que el en­
frentamiento de las diversas razones y la exposición de las dis­
tintas perspectivas permitan un raciocinio correcto y una visión
completa. Pero
la realidad es muy distinta. Las propuestas de la
mayoría llegan elaboradas por el Gobierno y sus expertos. A la
opdsición minoritaria
se le dan unos minutos para que simbóli­
camente proponga alguna enmienda a la que no
se atiende por­
que carece de
vfabilidad real. En la hora de la verdad, el porta­
voz del grupo mayoritario hace la seña afirmativa, negativa o
de abstención, y el resto de la cámara podría ausentarse o seguir
leyendo
los periódicos porque no cuenta. Las asambleas se con­
vierten en ficciones retóricas y, en el mejor de los casos, en cá~
matas de · resonancia cuando algún medio de comunicación de
masas quiere hacerse eco de los discursos, extractados según la
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CONTRADICCipNES DE LA PARTITOCRACI,A
ideología de la redacción. Con la disciplina de partidd, las cá­
maras son un espectáculo que podría ser eficazmente sustituido
por una pequeña mesa en torno a la
cual tomaran asiento los
portavoces de los partidos con su númerd de votos. Sería más
operativo; y muchísimo menos costoso que levantar monumen­
tales palacios con grandes burocracias. Por añadidura, se libera­
ría a los diputados para que pudiesen realizar alguna actividad
socialmente fecunda, fuera de sus escaños donde su función
es
puramente mecánica.
11. Devaluaci6n política de las cámaras.
La suprema facultad política que teóricamente puede ejercer
una asamblea
es la de nombrar, deponer y controlar al poder
ejecutivo. Pero, cuando en las partitocracias hay un partido
ma­
yoritario, nd son los diputados los que, de hecho, otorgan o re­
tiran la confianza al Gobierno, sino que es éste el que previa­
meute había dado su coofianza a las candidaturas
y, por lo tanto,
se había asegurado su docilidad. Esta situación es consustancial
a los regúnenes bipartidistas. Cuando
el Gobierno está apoyado
por una coalición estable, el proceso
es algo más complejo, pero
sustancialmente invariable. Para que una cámara partitocrática
pueda controlar al ejecutivo hace falta una pluralidad de partidos
que hacen y deshacen coaliciones ocasionales. Pero, en esta últi­
ma hipótesis sucede que apenas se gobierna
y que puede asumir
la gobernación uno de los últimos en las preferencias del censo
electoral. En cualquier supuesto, la contradicción
es inevitable.
No ya la potestad de nombrar y deponer al ejecutivo, que
en un sistema de estricta separación de poderes no procedería ;
ni siquiera subsiste la potestad de control eficaz. Es significativo
el frecuente síntoma de que el Presidente del Gobierno no asista
a las sesiones parlamentarias.
12. Devaluaci6n
fiscal de las cámaras.
Los parlamentos, como es el caso de las Cortes españolas,
nacieron para limitar los poderes del soberano
y, sobre todo,
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
para frenar y encauzar sus apetencias económicas. La cuestión
capital a debatir eran
los impuestos y esto podía hacerse porque
los diputados eran o los contribuyentes mismos o los que los
representaban con un mandato relativamente imperativo: pagar
lo estrictamente justo y necesario.
· Los miembros de la asam­
bleas no se identificaban necesariamente con la voluntad del so­
berano. Pero en las partitocracias, la disciplina de partido trans­
forma a
los asambleístas en agentes del líder. La oligarquía go­
bernante, que es la del partido, aspira a disponer siempre de
más dinero. Así se ha llegado a que las cámaras partitocráticas
sean, contrariamente a su finalidad originaria, instituciones para
aumentar la presión fiscal y la participación pública en el pro­
ducto nacional; en vez de ser defensores
de los contribuyentes,
se han convertido en recaudadores. Al gobernado le queda el
recurso a la manifestación callejera contra sus «representantes».
13. Devaluación legislativa de las cámaras.
Las asambleas nacieron también para encardinar al poder
ejecutivo, elaborando unas leyes a las que el propio soberano
tenía que atenerse y hacer cumplir. Pero en las partitocracias,
la cámara se ha transformado en el lugar donde la mayoría par­
tidista
se limita a revalidar formalmente los textos que la oligar­
quía de su partido
ha decidido convertir en ley. La idea inspi­
radora de esas normas suele nacer de los líderes, la formulan
sus
consejeros, pero los miembros de las asambleas ni siquiera tienen
la obligación de leerlas.
Las cámaras han dejado de ser legislado­
ras;
se han transformado en una especie de notaría colectiva
donde
se da fe pública de lo que se ha decidido en otro lugar.
Pero las asambleas no sólo han perdido, de hecho, el poder
legislativo,
es que, de derecho, han cedido el poder reglamenta­
rio a los Gobiernos, los cuales, mediante decretos o simples órde­
nes, dictan preceptos de tan colosal trascendencia como la política
monetaria.
La contención o desencadenamiento de la inflación,
que
es una facultad de simple rango ministerial, equivale a dejar
en libertad a un gobernante para confiscar los ahorros monetarios
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CONT1?..A.DICCIONES DE LA PARTITOCRACiiA.
o reducir los salarios o las rentas de capital reales mediante un
telefonazo
al Banco emisor. Es más, puede confiscar las rentas
de generaciones
vemderas mediante emisiones de deuda pública
exterior o interior, destinadas
al consumo.
En las partitocracias la capacidad legislativa de las cámaras
tiende a decrecer hasta anularse.
14. Irresponsabilidad del Gobierno.
Se supone que en el periodo comprendido entre dos eleccio­
nes generales,
el Gobierno responde de sus actos ante la cá­
mara ; pero esto no sucede en las partitocracias . dpnde hay una
mayoría estable. El Gobierno puede hacer caso omiso de
la oposi­
ción e incluso puede caer
en el peculado más evidente y vetar
toda investigación política.
La existencia de un rodillo parlamen­
tario conlleva la real impunidad de un Gobierno que esperará al
fácil olvido de las multitudes para someterse a la relativa censura
de unas elecciones generales en las que los gobernados tengan
una cierta posibilidad de removerle.
15.
Politización de la Administración.
La Administración se politiza cuando los funcionarios públi­
cos actúan en función de su adscripción partidista y no aplican
estrictamente
el ordenamiento jurídico y la equidad, es decir, se
convierten en una prolongación del aparato de su partido, per­
manente, retribuida con fondos públicos,
y detentadora de par­
celas de poder.
La oligarquía partitocrática en el Gobierno puede politizar
la Administración limitando el acceso a sólo los afiliados o sim­
patizantes,
y coaccionando a los demás con retribuciones y as­
censos arbitrarios. La tentación de utilizar ambos mecanismos es
irresistible para la oligarquía partitocrática gobernante por tres
poderosos motivos: extiende su poder a todos los niveles del Es­
tado,
lo mantiene incluso en la hipótesis de. que pierda las elec­
ciones, y retribuye a sus adictos. Es una especie de nepotismo
colectivo.
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
Pero una administración politizada es, por definición, par­
cial, o sea, injusta: interpreta los reglamentos o toma decisiones
discrecionales en la línea de su partido. Además, está dividida
entre
los favorecidos y los postergados, lo cual disminuye su
eficacia, a veces,
hasta niveles bajísimos. Finalmente, produce la
desmoralización,
lo cual induce al desinterés y al cohecho.
Los problemas administrativos que se politizan no suelen
resolverse racionalmente, sino ideológicamente
y, por lo tanto,
de modo deficiente.
La tendencia partitocrática a politizar la Administración pue­
de reducir a mínimos la operatividad del Estado, y aparece la
economía sumergida. Es una de las grandes contradicciones del
modelo.
16,
Fusi6n de. poderes.
Se considera que es deseable que el poder judicial sea inde­
pendiente para que
el Derecho pueda ser aplicado a todos sin
discriminación, incluidos el Gobierno y el resto de la Adminis­
tración. Desde los
más· remotos tiempos se entiende que no se
puede ser juez y parte. La gran aportación de Roma a la civili­
zación
es que todos, incluso el soberano, están sujetos a las leyes.
Y
para que la independencia del poder judicial no esté mer­
mada o anulada por normas que el poder ejecutivo dicte en
su
propio beneficio, se considera que el poder legislativo debe ser
independiente del
poder ejcutivo. Este raciocinio milenario lo
desarrolló Montesquieu y, desde la primera Constitución se ha
tenido por un principio fundamental del Estado de Derecho.
En las partitocracias, como queda apuntado, el poder ejecu­
tivo asume, de hecho, el poder legislativo y tiende también a
influir en la interpretación y aplicación de las leyes especialmen­
te en
las instancias superiores. El modo más eficaz de lograr esto
último
es intervenir en el nombramiento y la remoción de los
magistrados. La independencia del poder judicial
se protege cuan­
do. se entrega a los propios jueces el autogobierno de la magis­
tratura, de acuerdo con los reglamentos que aprueben y los ór-
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CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACIA
ganos corporativos que constituyan. En cambio, se camina hacia
la dependencia del poder judicial cuando el órgano supremo que
selecciona a los jueces es controlado
por el ejecutivo. Este con­
trol puede ejercerse
ya directamente desde el Gobierno, ya in­
directamente a través del Parlamento en donde el Gobierno
tiene mayoría. Cuando el partido mayoritario designa a todos o
únicamente a la mayor parte de los miembros del órgano de
administracién de la magistratura ( en España el Consejo Superior
del Poder Judicial), la justicia será mejor o peor según
sea el
respeto del Gobierno hacia el Derecho
y la equidad ; pero no ·
será independiente.
La subordinación se completa si, donde existe un Tribunal
Constitucional que, además, admita recursos
de amparo, los miem­
bros de esta inapelable corte no son vitalicios y son directa o
indirectamente designados
por el partido mayoritario o por los
partidos en función de su representación parlamentaria.
En tales
casos la dependencia de las personas de los magis­
trados en todas las instancias está comprometida por su origen
y por sus esperanzas de permanencia o promoción.
La experiencia de algunos países permite afirmar que la par­
titocracia tiende a cdntrolar la instancia

jurídica suprema
y el
órgano que designa y remueve a los jueces.
En tal caso, la fun­
ción jurisprudencial depende del poder ejecutivo, y
la indepen­
dencia de los jueces está hipotecada por el origen partidista de
su nombramiento y por
sus oportunidades, también partidistas,
de ascenso o continuidad.
La partitocracia tiende a la asunción de todos los poderes, a
la
más o menos confesa adsctipción del judicial al ejecutivo y,
por lo tanto, a la politización de los jueces y a la pérdida de su
independencia y objetividad. Es la negación del Estado de De­
recho porque deja al gobernado desarmado ante el error o el dolo
administrativos
y ante el abuso de poder. La fusión de los tres
poderes en un ejecutivd partidista es lo que los clásicos denomi­
naban tiranía. En una dictadura que, como las romanas, respete
la independencia de los jueces, habrá más garantía de equidad
que eo una partitocracia que controle
la función legislativa y la
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
judicial. Después de la anarquía, unos tribunales parciales, es
lo más grave que puede sucederle a una comunidad política.
IX. Conclusiones.
1) Hay partidos y gobernantes partidistas con niveles éticos
diferentes, y hay partitocracias a las que
se ha frenado en su
espontáneo proceso evolutivo. No se trata aquí de regímenes
concretos, sino de un modelo dinámico y genérico.
2) Una democracia
es una oligarquía donde la mayoría de
los votantes tiene, de vez en cuando, la posibilidad de derrocar
al Gobierno.
3) El criterio de la mayoría no permite adoptar decisiones
públicas razonables.
4) El voto mayoritario de una masa no
se identifica con lo
justo, y
más bien, tiende a contradecirlo.
5) La realidad de las democracias no
se corresponde con
postulados ideológicos, sino que los contradice.
6) Una partitocracia
es una oligarquía en que los partidos
monopolizan la representación política. Las partitocracias tienden
a eliminar a los políticos independientes, a depauperar a la
clase
política, a expoliar al electorado, a degradar la moral social, al
reduccionismo ético, a la instrumentalización del parlamentario,
a la devaluación intelectual, política, fiscal y legislativa de las
cámaras, a
la irresponsabilidad del Gobierno, a la politización
de la Administración, y a la subordinación del poder judicial
al
ejecutivo, lo que implica la destrucción del Estado de Derecho.
La partitocracia, en suma, tiende a contradecir en la práctica los
ideales que preconiza ; es la especie de democracia de pronóstico
más negativo cuando
se la deja entregada a su dinamismo propio.
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CONTRADICCIONES DE LA _P.A.RTITOCRACI.A
X. Rectificaciones.
Las contradicciones 16gicas e ideol6gicas que pone de mani­
fiesto la crítica interna del modelo democrático s6lo pueden
re­
solverse con la simple renuncia a los postulados, es decir, reco­
nociendo que las diferentes especies de oligarquía arbitrada
peri6dicamente
por la mayoría de los votantes no responden ni
a un principio de racionalidad ni a un imperativo ético, y
ad­
mitiendo que se trata de una regla arbitraria cuya conveniencia
dependerá de su probada adecuación a las circustancias para
mantener un orden social con un nivel de justicia y prosperidad
a la altura del tiempo. Basta, pues, archivar la aún reiterada pre­
dicación de que quien no crea en la partitocracia como dogma
matemático y
mo'ral está en pecado.
Admitido
el carácter puramente discrecio¡¡al y mediático del
modelo, toda la cuestión
se reduce a revisar la variante partito­
crática para ir eliminando lo que la experiencia demuestra que
contradice
los fines para los que se constituye el Estado.
Que gobierne el pueblo no
es deseable; perd sobre todo, no
es posible. Que los gobernados participen excepcionalmente en
la adopción de decisiones
públicas, y peri6dicamente en eleccio­
nes para deponer sin violencia a una oligarquía gobernante es
factible y deseable para reducir los riesgos de tiranía o de revd­
lución. Pero uno de los sistemas claramente inadecuados para
acercarse al bien común
es la partitocracia por los motivos ya
descritos. Nd creo que fuese operativo retornar a un modelo
como
la oligarquía arbitrada por un monarca de supuesto dere­
cho divino. Tampoco
es suficientemente racional el recurso al
sorteo, al que tanto acudían los griegos antigucis. Pero pienso
que, por insuficiente nivel de racionalizaci6n media, aún no
es
factible una autoselección inmanente de la clase política como
se realiza la de la comunidad científica, es decir, la logoarquía.
Hay que partir de lo existente. Dentro de la oligarquía
ar­
bitrada por la mayoría de los votantes caben especies y tipos
tan arbitarios como la partitocracia; pero más adaptados a
la
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GONZALO FERNANDBZ DE LA MORA
realidad y a los objetivos de la Humanidad. Podría empezarse
introduciendo
correctivos en la partitocracia para que, en vez
de continuar avanzando lu\cia zonas de peligrci, rectificara el rum­
bo. Algunas sociedades ya lo han hecho.
Y como en
los instrumentos lo que interesa .es su precisión
operativa, todo lo que sea debatir la
configuración de ese formi­
dable instrumento que
es el Estado sólo tiene sentido práctico
si
se desciende a dimensiones relativamente pequeñas. En los
regímenes partitocráticos más degenerativos podrían introducir­
se, por ejemplo, algunos correctivos sin que el orden de enume­
ración implique prioridad cronológica o valorativa.
XI. Correctivos.
1) lndependen...¡:ia recíproca del poder legislativo y dd eje­
cutivo.
2) Democratización interna y transparencia financiera de los
partidos, ambas reguladas por ley, y efectivamente controladas
por
el poder judicial.
3) Ruptura del monopolio partitocrático de la representa­
ción
facilitandd las candidaturas independientes, prohibiendo la
disciplina de partido, y asegurando el voto secreto en todas las
asambleas.
4) Promoción
de otras formas de canalización de la repre­
sentación política de intereses a través de los cuerpos sociales
interm.ecUos -sindicatos, corporaciones, etc.-con· un peso no
inferior a la representación estrictamente partitocrática.
5) Recurso frecuente al referéndum en términos redactados
ciara e imparcialmente por
el poder judicial y con una participa­
ción
mínima determinada para que sea válido.
6) Selección escalonada de los candidatos a cargos electivos
por las bases de los respectivos cuerpos intermedios, sean par­
tidos o corporaciones.
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CONTRADICCIONES DE LA PARTITOCRACI.A.
7) Fiscalizaci6n escrita anual del patrimonio de los miem­
bros de la clase política, conformada por jueces.
8) Fijaci6n de
límites constitucionales a los poderes hacen­
dísticos del Gobierno prohibiendo, salvo en
caso de guerra, el
déficit, los impuestos confiscatorios, la política monetaria infla­
cionista, y la emisi6n de aquella deuda pública que no vaya
destinada a inversiones rentables capaces de amortizarla en sus
plazos.
9) Exigencia de mayorías de dos tercios para la legislaci6n
presupuestaria
y fiscal.
1 O) Constitución de los 6rganos de selección y promoción
de los jueces por el propio poder judicial con preceptiva inamo­
vilidad de los magistrados, salvo a petición propia
y según re­
glamentos estrictos.
11) Incapacitación vitalicia para el
ejere1e10 de cualquier
funci6n política al que mienta públicamente en materia de su
competencia, incumpla un compromiso electoral o incurra, direc­
ta o indirectamente, en peculado o tráfico de influencias.
12) Selecci6n de todos los funcionarios públicos por oposi­
ción, y necesidad de que, excepto los electivos, los altos cargos
ministeriales sean designados entre funcionarios de los respecti­
vos cuerpos que reúnan ciertas condiciones de antigüedad y
mé­
ritos, según baremos objetivos.
13) Tipificación como delito de toda noticia inductora de
error o falsa dada por un medio
no sea espontáneamente rectificada de inmed.iatd, e incapacita­
ción vitalicia del responsable para ejercer la función informativa.
14) Ningún cargo político electivo será retribuido, aunque
podrá disponer, según su rango, de un
límite de gastos de re­
presentaci6n que habrán de ser documentalmente justificados
. ante la Inspección de Hacienda, y los datos serán puestos anual­
mente a disposición del público. Con cargo al Presupuesto del
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GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
Estado se pagará a esos políticos electivos las nommas que,
antes de su elección, percibieran de entidades públicas o priva­
das donde pasarán a la
situaci,ón de excedentes con derecho a
retomo. Quienes no pudieran acreditar sus ingresos· anteriores,
perci,birán el triple del salario mínimo interprofesional, libre de
impuestos.
15)
El Estado debe reducir sus actividades a las que no
puedan realizar los ciudadanos y
los cuerpos sociales interme­
dios ;
es el principio de subsidiariedad.
XIT. Coda.
Cuando una democracia ha ido evolucionando hasta trans­
formarse en una partitocracia, resulta muy difícil invertir
el pro­
ceso y evitar el creciente despotismo partidista.
La motivación
es obvia: los partidos tienden a incrementar su poder y no a
reducirlo.
El hombre de partido generoso es excepcional, ya
porque no le dejan, ya porque tiene que defenderse de la traición.
El monopolio conjunto de la representación política
y de unos
Presupuestos crecientes
es un privilegio al que las oligarquías
no renuncian sin fortísima resistencia. Pero esto no significa que
la partitocracia
sea irreversible ; ningún modelo de gobierno lo
ha sido.
Las partitocracias del período de entreguerras entraron
en crisis, aunque, luego, se reinstauraron e incluso se radicaliza­
ron. Ahora, las monopartitocracias marxistas están siendo sus­
tutuidas por otros sistemas. Es un problema de eficiencia, de
intelectuales críticos y no pastueños,
y, finalmente, de opinión
pública.
El dinamismo degenerativo de una partitocracia sólo se pue­
de rectificar razonando sobre los datos. Como todo (
13 ).
( 13) C.Omunicaci6n solicitada para la XXXIX Reunión de amigos de
la Ciudad Católica, Poblet, 12 de octubre de 1990.
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