El Estado y la familia

EL ESTADO Y LA FAMILIA
POR
GABRIEL GARCÍA CANTERO
SUMARIO: l. PLANTBAMIENrO.-II. PLURALIDAD DE INlERESES IMPLICA­
DOS EN LA REGULACIÓN DEL MA'IRIMONIO.-ffi. ÜRIENTACIONES mSTÓ­
RICAS SEGUIDAS EN LA REGULACIÓN DEL MATRIMONIO: A) Concepción
exclusivamente religiosa; B) Concepción individualista del matrimonio;
CJ Concepción exclusivamente estatal; D) Hacia una concepción in­
tegradora de los diversos intereses implicados en el matrimonio.­
IV. Los SISTEMAS MATRIMONiALES.-V. CONCLUSIONES SOBRE EL SIS­
TEMA MATRIMONIAL ESPAÑOL VIGENTE.-Vl. CONCLUSIONES GENERALES.
El Estado no se enfrenta con la instituci6n familiar como lo
hace, por ejemplo,
con los contratos o con el Registro de la propie­
dad; tiene, por decirlo
gráficamente, las manos mucho más atadas
en este campo, pues
la familia es, debe ser, un prius ¡,ara el De­
recho, algo no inventado o crea.do ex novo-por éste, sino que posee
su propia realidad óntica y sus leyes propias que el ordenamiento del
Estado ha de respetar. La familia
es anterior al Estado y continuará
existiendo, aunque la forma histórica de
organizaci6n política que
hoy conocemos como Estado haya desaparecido. Pero así como se­
ría un grave error el ignorarla (y en él incidieron la mayoría de
los textos constitucionales elaborados
en el siglo pasado), no lo
serla menor el intentar conformarla a su capricho. Por supuesto que
lo anterior no significa negar la diversidad de formas hist6ricas
asumidas por la instituci6n familiar ni que la evoluci6n de los tiem­
pos afecte -a sus manifestaciones no esenciales; se trata meramente
de negar viabilidad a las hip6tesis de la muerte de la familia, como
se puede comprobar con su suhsistencia después del experimento
de las comunas
chinas y del Kiboutz israelí.
Para nosotros, la ocasión es singularmente importante al en­
contrarnos en un período constituyente, dado que el borrador cons-
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GABRJEL GAR.CIA CANTERO
titucional que se ha filtrado i--esperemos que no se convierta en
texto
definitivo en este punto--revela ya una determinada actitud
del Estado ante la familia, que va a configurar el destino de las
presentes y futuras generaciones españolas. Como quiera que en
esta reunión se van a tocar múltiples aspectos de la institución
familiar, procuraré ceñirme en mi exposición a los principios más
generales.
l. PLANTEAMIENTO
Los miembros de la ponencia constitucional no se han atrevido
a definir la familia. Quizá porque cada uno de ellos sostiene una
concepción diferente.
Acaso por la extremada dificultad de hacerlo
al tratarse de una realidad inefable y ser muy pobre el lenguaje jurí­
dico para expresar su
esencia.. Considero muy acertadas las defini­
ciones programáticas sostenidas en las todavía vigentes leyes funda­
mentales. Así, la declaración XII, 3, del Fuero del Trabajo con­
figura a
la familia como «institución moral dotada de derecho ina­
lienable
y superior a toda ley positiva» y el art. 22 del Fuero del
Trabajo dice
,qu;, es «institución natural y fundamento de la sociedad
con derechos y deberes anteriores a toda ley humana. positiva».
Primer deber del Estad" será el de reconocer a la f,:,rn//iá legíti­
ma basada en el matrimo,ni,,.
Ello comporta que el ordenamiento jurídico no podrá tratar en
un plano de igualdad a aquellos grupos o agregados humanos que
no
se basen en el matrimonio. Aquí radica la ambigüedad del ar­
tículo 27 del borrador constitucional· cuando habla del derecho a
crear relaciones familiares estables sin más requisitos que respet.r
la igualdad. Hay que proclamar sin ambages que la llamada «familia
natural» o «familia irregular» no puede tener ante
el Derecho la
misma consideración que la familia legítima.
De aquí se deduce
el criterio que
ha de presidir el tratamiento jurídico del concubinato,
de la filiación fuera de matrimonio o de
las llamadas relaciones
sexuales prematrimoniales ..
No quiero decir que el ordenamiento jurídico vaya a desconocer,
sin más, la existencia de tales hechos y que deba prescindir de hacer-
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EL ESTADO Y LA FAMILIA
les producir, en su caso, algunas consecuencias jurídicas con base en
otros principios.
Puede ocurrir, en docto, que de una situación concubinaria
nazcan acciones encaminadas a exigir una indemnización de daños
y perjuicios a cargo del conrubino que arrastró al otro a esta
forma de convivencia,
y que luego incumple su promesa de legalizar
tal situación; o que sirva de sanción civil a quien se aprovecha de
la inexperiencia o falta de madurez del otro ( supuesto de la cono­
cida sentencia de 1932).
O,be también que los terceros sean enga­
ña.dos por la apariencia de matrimonio de quieues contratan con
ellos como si se: tratara de marido y mujer; no olvidemos tampoco -la
posible comisión de un delito de escándalo público.
De la procreación fuera de matrimonio surgen gravísimas res­
ponsabilidades morales y juridicas; y con base en las investigaciones
sociológicas que he
realizado en España, .puedo afirmar que es el va­
rón quien, mayoritariamente~ las incumple, pues apenas en el 0,5 %
de casos reconoce unilateralmente a la criatura, y conjuntamente sólo
llega al 30 %-Por una razón de estricta justicia, el Derecho civil debe
reconocer a los
·hijos engendrados al margen del matrimonio todos
los derechos de la persona
humana, y el Estado debe dispensar a
tales seres una protección especial por la .situación de marginación
social en que se encuentran. No puede, ,por tanto, nega,rse a tales
hijos el derecho a conocer su origen, de llevar los apellidos de
sus
padres, de lograr el pleno desarrollo de su personalidm y de parti­
cipar sin dii,criminaciones en la vida social. Pero estos derechos
encuentran un límite en la naturaleza de las cosas : así no podrán
esos hijos exigir su integración en un hogar normal (incluso aunque
sus padres permanezcan solteros), pues estos últimos se lo negaron
al engendrarlos fuera de matrimonio ( el Estado no podrá imponer
la convivencia a los padres naturales) ; aunque -eso sí-el orde­
namiento deberá proporcionarles el sustituto de ese hogar en la
medida de lo posible,
ya sea facilitando la legitimación per matri­
monio subsequens, ya la constitución del adecuado organismo tu.­
telar o la adopción. Tampoco podrá establecerse el reconocimiento
de la
filiación por ambos padres cuando al hacerlo quede al descu­
bierto una relación incestuosa en grado prohibido. Por último, a
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la hora de exigir dereclios suoesorios respecto a los progenitores,
podrá haber alguna restricción cuantitativa y cualitativa si colisio­
nan aquéllos con
Jo. de la familia legítima.
Entiendo
también que las relaciones sexuales . prematrimoniales
no deben tener acogida
en el Código civil, ni siquiera bajo la fórmula
de una relación jurídica de
no"iazgo que legitimara para la procrea­
ción. Los inconvenientes. de uo «matrimonio por etapas» son-graví­
simos, no sólo para los interesados, sino para los hijos y para la
sociedad; lo cual no es obstáculo a que la constatación forzosa de
la filiación natural
se vea facilitada por la prueba del manteni­
miento de una situación de noviazgo entre los padres.
En segundo lugar, si la familia que ~l Estado contempla de
modo principal ha de ser la familia legítima que tiene
su origen en
el matrimonio,
¿qué criterios. deben presidir la reglamentaci6n del
matrimonio por el Estado?
También en este punto se observan vacilaciones y ambigüedades
en el borrador constitucional; echándose de menos una norma que
diga
«la familia se basa en el matrimonio uno e indisoluble». En
efecto, diversos preceptos _se refieren al matrimonio y a la fa.mi.Ha,
pero ninguno define el tipo de familia que contempla el legislador;
cabe, por consiguiente, en una libre interpretación del mismo, que
se entienda odmitida la familia poligámica junto a la monogámica,
la familia permaoente juoto a la familia ad l'empus ( apurando el
argumento, una familia por diez años también es estable), la fa­
milia normal y la creada por homosexuales e incluso las comunas
sexuales del tipo de
la tristemente famosa «familia Manson».
La familia debe ,basarse eo el matrimonio, pero no en cualquier
tipo de matrimonio. Conviene, por tanto, analizar aúdadosam.ente
los diversos intereses implicados en el mismo, así como las orienta;..
dones predominantes a lo la1ego de la Historia y que han crista­
lizado en los llamados sistemas matrimoniales, concluyendo con el
sistema matrimonial españoL En: este punto·, si la Historia sirviera.
de ala::cionamiento, valdría la peoa resaltar que la introducción de
regímenes secularizados de matrimonio en
España se ha producido
en
épocas r°"c,lucionarias y que su duración ha sido efímera, fina­
lizando con el régimen político que
los instauró.
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EL ESTADO Y LA FAMILIA
Los código. civiles no ofrecen una definición jurídica del ma­
trimonio; sólo el ca.non 1013 del Codex iuris canonici contiene una
descripción de los fines primarios y secnndarios del matrimonio.
Por mi parte, creo que sigue siendo válida la conocida definición
romana: Coniunc#o· m:4:l'is et foeminae, consortiU'm omni-s vitae,
divinae et humanae iuris communicatio. El matrimonio representa
la forma legalizada de unión sexual con fines de procreación y
educación de
los hijos y de perfeccionamiento mutuo entre los
cónyuges a través de la
más plena y perfroa comunidad de vida.
lL PLURALIDAD DE INTERESES IMPLICADOS EN LA REGULACIÓN
DEL MATRIMONIO
La Historia y el Derecho comparado, de consuno, nos enseñan
que
en la regulación jurídica del matrimonio confluyen una plu­
ralidad de
intereses que, en mi opinión, deben ser tomados unitaria­
mente en cuenta. Sin ánimo de jerárquizarlos, mencionaré· los si­
guientes:
En primer lugar, aparecen los que podemos denominar intere­
ses personales de los cónyuges. El matrimonio, ante todo, afecta o se
refiere a ambos contrayentes, es un fruto de su libre decisión; los
cónyuges,
al contraerlo, aspiran a lograr su felicidad personal, con­
sideran
que el matrimonio representa 4 máxima realización de su ser
humano; deriva de ello que ninguna regnlación del matrimonio,
so
pena de estar bas.da en una concepción totalitaria absolutamente
rechazable, puede imponer un matrimonio sin el consentimiento de
los interesados ni negar el derecho a casarse a quien cumple los
requisitos mínimos, aspecto éste que parece cotttectament,e recogido
en la Constitución.
Sin embargo, no sólo deben contemplarse
los intereses persc•
nales de los cónyuges, sino que también el matrimonio ha de tomar
en cuenta
los intereses sociales. No es indiferente para la sociedad
que
se celebren o no matrimonios, que se celebren de una u otra
manera.
La continuidad de la epecie, la perpetuaci6n de la propia
sociedad, están implicadas, entran en
juego, a la hora de la regu-
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GABRIEL GAR.CIA CA.NTER.O
!ación jutldica del matrimonio; más aún, la estabilidad de la propia
vida
social tiene su apoyo y su base, o al menos está muy relacio­
nada, con
la estabilidad del núcleo familiar. Además, la familia
fundamentada en el matrimonio, normaJmente, es la primera escue­
la ·de formación social; los niños entran en contacto, con la sociedad
a través y por medio de la familia; la familia es el cauce obligado
de
acceso de la persona a la sociedad.
No es posible, tampoco, desconocer los intereses religiosos en
sentido amplio, implicados en el matrimonio. La historia del Derecho
muestra que, desde las etapas más antiguas de la civilización hu­
mana, la presencia de lo religioso ha sido preponderante, si no
exclusiva, en la regu1ad6n d.el matrimonio. Durante mucho tiempo
el único rito social era el rito religioso. Hablan10s de un interés re­
ligioso en general; si nos referimos a la Iglesia católica, habremos
de tener en cuenta que para ella el matrimonio es un sacramento,
no un mero rito como para otras iglesias o confesiones; algo fun­
damental en la transmisión de la gracia. Una regulación jurídica del
matrimonio no podrá prescindir, por lo tanto, del elemento reli­
gioso, litúrgico, sacramental, en el sentido indicado.
Con independencia de los aspectos religi0006, hay en la regula­
ción del matrimonio u.nas exigencias de orden ético, de orden de
Derecho natur.I. Exigencias que, al margen de la confesión religiosa
de los ciudadanos, imponen unas detemrinadas respuestas a una pro­
blemática común a todos
los países; por ejemplo, la respuesta a la
pregunta de
si cabe una unión matrimonial entre personas del mismo
sexo, o la de si el matrimonio debe ser monógamo o pdligamo en
cualquiera de sus
fomias, o la de si 1a. ley debe tratar por igual a la
unión legal
y al concubinato,, son problemas fundamentales de
honda trascendencia que deben ser
planteados y resueltos confor­
me a las exigencias Trumién lo biológico juega un papel, podrí•mos decir, cada
vez más · importante, en materia matrimonial. Los progresos de la
Medicina y de la Biología en los últimos decenios tienen su re­
percusión en este campo; podríamos hablar así de una insuficiencia
de la regulación tradicional del matrimonio y de la familia a la
vista de ciertos avances científicos; por ejemplo, las presunciones
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EL ESTADO Y LA FAMILIA
de legitimidad para fos hijos nacidos en el seno de un matrimonio
están
basadas en el principio de que la generación sólo es posible
mediante la unión física entre los esposos; este presupuesto está
implícito en el artículo 108 de nuestro Código 'Civil; pues bien, la
aplicación de la inseminación artificial en los seres humanos trastroca
absolutamente esos presupuestos y erige una regulación distinta de
la presunción de legitimidad. Añadamos t,mbién los avances ge­
néticos, lors cuales obligan a plantearse interrogantes acerca de la
importancia que ciertas. enfermedades pueden tener a efectos de
imposibilitar el acceso al matrimonio. Una concepción puramente
eugenésica del mismo fue aplicada
en tiempos del nazismo· por las
leyes hitlerianas;
la derrota del régimen nazi supuso la derogación
de la legislación
alemana contenida fundomentalmente en la Ley
de 1938 de prot!:a:.ión a la raza aria. Sin embargo, esas exigencias
reaparecen, e incluso podemos deór que alguna legislación ( como
la escandinava) ha seguido imponiendo obstáculos de tipo eugené­
sico a la celebración del matrimonio. Por consiguiente, el jurista
no podrá desconocer estas nuevas exigencias o nuevos planteamientos
de tipo médico o biológico y habrá de darles una respuesta teniendo
en cuenta que lo biológico no puede ser
io último ni lo definitivo;
por ejemplo,
es obvio que por ética, por Derecho natural, por la
naturaleza
de las cosas, el matrimonio tiene por finalidad la pr0c
creación, pero una aplicación sumamente estricta de esta idea obli·
garía a excluir del matrimonio a los hombres y mujeres que han
alcanzado una edad a
_partir de la cual es ya absolutamente seguro
que no es posible pt"OCrear; sin embargo, hay que tener en cuenta
que el p el Estado no dOOC aspirar a un máximo, en este caso biológico, sino
a
un mínimo; po,r ejemplo, en materia de edad para casarse puede
plantearse el tema de la revisión de las edades extremadamente bajas
de nuestro Código civil, doce años
para las hembras y catorce para
los varones; normalmente, en otros países se sefía!lan edades más
altas. No cabe duda, por lo tan.to, f!Ue el legislador que trata de dar
una regulación del matrimonio tiene
que considerar de modo pre­
ferente, aunque, diríamos, no -exclusivo, el elemento o, factor bio·
lógico.
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GABRJEL GARCIA CANTERO
JII, ÜRIENTACIONES HISTÓRICAS SEGUIDAS EN LA REGULACIÓN
DEL
MATRIMONIO
A lo largo de la Historia podemos seguir la pista a las dis­
tintas regulaciones jurídicas del matrimonio y comprobar cómo eo
las diferentes épocas ha predominado alguno de los elemeotos o
factores que aotes hemos señalado.
A) Concepción exclusivamente religiosa,
Es propia de las épocas más antiguas de la civilización y poede
decirse que
se ha maotenido ininterrumpidamente, llegaodo hasta
nuestros días. Para los países_ que siguen esta orientación, el matri~
monio es asunto exclusivamente religioso, y el Estado se desentiende
de
él o, más bien, da por bueno, asume, lo que la respectiva reli­
gión ha hecho en este
punto. Esta es la concepción que todavía
subsiste sustaocialmente en Grecia, en
la maror parte de los países
musulmanes y que estuvo vigente en nuestro país hasta la Ley de
1870.
Podemos decir que para este modo de regulación jurídica del
matrimonio lo único importante es lo religioso; los· demás aspectos
son olvidados. o son tenidos en cuenta sólo a través de la regulación
religi_osa.
B) Conoopción individualista del matrimonio
Es aquella que únicamente toma en cuenta los intereses de los
contrayentes con olvido total o casi total de los de
la sociedad. Fun­
damentalmente se centra en tomo a la no exigencia de una forma
especial para la celebración del matrimonio; es propia de aquellos
países en que uno puede casarse ya sea aote un notario, aote un
juez, ante cualquier otro funcionario público o, incluso, ante testigos.
Parece que algunos Estados norteamericanos son partidarios de este
sistema y lo propio puede decirse del Common f..tw Marriage, así
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EL ESTADO Y LA FAMIUA
como de aquella forma de matrimonio clandestino vigente en deter­
minada época de la Historia según
el propio Derecho canónico;
matrimonio clandestino, llamado así porque los contrayentes no
acudían al párroco, sino que se intercambiaban el consentimiento
sin presencia de ningún testigo ; ,de alguna manera tienen relación
con este sistema los llamados matrimonios por sorpresa que fueron
derogados por el Concilio de Trento. Podernos decir que esta forma
de matrimonio, exclusivamente individua!lista, está hoy en minoría.
Con todo, bajo otro aspecto, puede decirse que reaparece, por ejemplo,
en las concepciones que admiten el divorcio por mutuo consen­
timiento.
C) Concepción exolusivamelllte estatal
Representa
el extremo opuesto de la primera. Mientras en la
concepción exclusivamente religiosa se dejaba a las respectivas con­
fesiones la regulación jurídica del matrimonio, en la concepción
estatal o secular el Estado se arroga la facultad de regular de modo
exclusivo el matrimonio, prescindiendo de los
aspectos religiosos del
mismo. El punto
de partida lo representa la reforma y la teología
luterana, así como la concepción del Derecho natural, que tiene su
origen en la teología protestante. Se basa en la separación del sa­
cramento y del contrato. Fue consagrada de modo solemne en la
Revolución Francesa, segúo la cual
Id loi ne considere par le mariage
que
comme un contrat civil; secularización del matrimonio que pasó
al Código civil de N~poleón y que fue seguida por bastantes países
europeos.
En tales legislaciones no se toma en cuenta la regulación
religiosa del matrimonio para ningún aspecto; se considera como algo
que pertenece al ámbito de la conciencia de los contrayentes. Hay
países, incluso, ea los que se castiga con penas de multa la celebra­
ción del matrimonio religioso con anterioridad a la celebración civil
del mismo. En otros se ignora la oelebración del matrimonio religioso.
Hay que decir que la concepción esta,tal o secular del matrimonio ha
. sido seguida también por Rusia y las llamadas Democracias populares,
que en este punto no han aceptado la concepción de la familia y
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GABRIEL GARCIA CANTERO
del matrimonio propugnada por Engels. En efecto, en Rusia si­
guió un período durante el cual podríamos decir que se disolvió el
matrimonio como unión jurídica, ya que no era necesaria una forma
de celebración; bastaba que un hombre y una mujer acudieran a un
funcionario
para manifestar que se habían casado y esa manifestación
valía como matrimonio, y lo propio para -divorciarse. Esto originó
una verdadera anarquía, y fue derogada a los pocos años, adoptándose
una forma de matrimonio solemne que ha prevalecido en las suce­
sivas modificaciones de la legislación matrimonial. También los paí­
ses socialistas que surgen en Europa y en otros continentes, después
de la Segunda Guerra Mundial,
ad"J'tan un sistema de matrimonio
civil obligatorio y solemne, es decir, inspirado en los más clásicos
principios de la Revolución Francesa ( últimamente, Cuba, en su có­
digo de familia de 1975).
D) Hacia una c.om:epmOID integradora de los diversos inte­
reses implicados en el matrimonio
Con la perspectiva que nos da la Historia, así como el Derecho
comparado, podemos establecer algunas conclusiones en orden a la
celebración del matrimonio. En mí opinión, no cabe sostener con
exclusividad, aquí y ahora, ni una concepción puramente religiosa,
propia de épocas de gran homogeneidad en
-las creencias, pero abso­
lutamente inadecuada para épocas de pluralismo religioso como la
que actualmente vivimos, ni tampoco nna concepción estatal, absor­
bente, tota!litaria, del matrimonio. El borrador de coostitución con­
tiene una amenaza de implantar entre nosotros el matrimonio civil
obligatoriO
Hay que ir, pienso, a una. conc-epción integradora que tenga en
cuenta fa pluralidad de intereses, de fuerzas, de poderes, que inci­
den en la regulación del
matrimonio. No cabe desconocer, los reli­
giosos, a la hora de la celebración del matrimonio, de la constitu­
oón jurídica, legal, de las familias; ni los demás anteriormente se­
ñalados. Por consiguiente, pieoso que la
regulación del matrimonio
debe coordinar los intereses individuales, sociales, religiosos, éticos,
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EL ESTADO Y LA FAMILIA
biológicos, sin una absoluta preponderancia de unos sobre otros, en
un margen, en = común denominador de libertad. Esto nos en­
frenta con un concepto clásico de la dqctrina civilista que es el del
sistema matrimonial.
IV, Los SISTEMAS MATRIMONIALES
Se denomina sistema matrimonial a la actitud que el Est,do, el
poder estatal, adopta en orden a la admisión o no del matrimonio
religioso, ya sea meramente en su forma de celebración, ya sea en su
contenido, en la regulación ulterior del vínculo. En primer lugar,
nos encontramos con loo sistemas de tipo religioso como forma única
de celebración del matrimonio. En la actualidad, como he indicado,
lo
siguen los países musulmanes por regla general (hay excepciones),
Grecia en Europa y fue el sistema español hasta 1870. En segundo
lugar, los sistemas de matrimonio civil obligatorio para todos los
ciudadanos, es decir, basados en la forma estatal única que, consa­
grados por la Revolución Francesa, adoptados por el Código civil
de Napoleón
y por varios de los códigos que le siguieron e imitaron,
hoy día está en vigor en bastantes países de Europa Occidental
(Francia, Bélgica, Holanda, Alemania) y en todos
los del bloque
soviético; podemos decir que es uno de fos sistemas que cuenta con
más adeptos en la actwtlidad.
Pero junto a las, formas extremas de matrimonio religioso úni­
co o de matrimonio civil único existen las formas intermedias que
adoptan pluralidad de variedades. En primer lugar, cabe que un
Estado
considere preponderante, de alguna manera privilegida, la
forma religiosa y que, con carácter subsidiario, admita, regule una
forma civil; es
el caso del matrimonio civil subsidiario o supletorio,
régimen que fue inaugurado en España a partir de 1875, consa­
grados
por la Revolución F unce>a, adoptados por el Código civil
bien. ya aclararé ulteriormente que, en mi opinión, este sistema está
evolucionando. Tenemos, en segundo lugar, el sistema. de matri­
monio civil o religioso farultativo; es aquel en el que se deja a la
libre opción de los contrayentes la elección de una u otra forma
matrimonial.
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GABRIEL GARCIA CANTERO
Por lo que se refiere al Derecho comparado, ya hemos indicado
que los sistemas de matrimonio civil obligatorio o de matrimonio
civil único para todos los ciudadanos están en vigor en buena parte
de Europa Occidental. Sin embargo, no son raros los países que,
al menos en cuanto a la forma de celebración, admiten junto al ma­
trimonio civil, con igualdad de efectos jurídicos, el matrimonio reli­
gioso; así ocurre en Inglaterra, y en los países ~andina vos, ade­
más de España, Italia, Portugal, y ea América, Colombia, Argeotina,
y también en Filipinas.
En el Derecho espafiol, sin perjuicio de dedicar más ateoción al
sistema vigente,
podemos trazar brevemente la historia de los siste­
mas matrimoniales, historia que ha sido agitada, confusa, abocada
a grandes turbuleocias e, incluso, capaz de plaotear conflictos de
ordeo público. Hasta
1870 rigió la forma matrimonial canónica,
pues las
disposiciones del Concilio de Treoto se admitieron como
leyes del reino. En 1870, la primera República espafiola promulgó
la
Ley de matrimonio civil y, también por primera vez, introdujo
en
Espafia el matrimonio civil obligatorio, aunque basado ea la indi­
solubilidad del mismo, apoyándose en los principios
de Derecho
natural. Este
sistema fue mal recibido por amplias zonas de la po­
blación
espafiola; sin duda, la sociedad no estaba preparada y fue
prematura su
introducción.
La primera ley de matrimonio civil sólo tuvo uoa duración de
cinco años; en 1875 se derogó, quedando subsistente únicamente
respecto de 105 matrimonios de quienes no profesaban la religión
católica;
para los demás quedó restablecida la vigencia de la le­
gislación canónica. Este sistema, no demasiado claro en sus normas
positivas, perdura hasta 1889 con la entrada en vigor del Código
civil. La cuestión matrimonial fue una de las más difíciles en la
elaboración de la Ley de Bases ; tras laboriosas negociaciones con la
Santa Sede, Alonso Martínez concordó ofici05amente el texto de la
base 3.•, que, sin discusión, pasó a constituir el artkulo 42 de la re­
claoción primitiva del Código civil. La docrrioo. está de acuerdo en que
este articulo establece un sistema de matrimonio ,civil subsidiario;
en principio, todos 105 que profesan la religión católica -se supone
que la
mayada del pueblo espafiol-están obligados, si desean ca-
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EL ESTADO Y LA FAMIUA
sarse, a celebrar matrimonio en forma canónica. El Estado reconoce
efectos civiles a1 matrimonio celebrado según las normas del Derecho
canónico, sin más requisitos que dar conocimiet1lu a1 juez municipal,
a1 objeto de que, personado en el moffietbto de la celebración, pueda
levantar el acta y realizar la inscripción seguidamente en el Registro
Civil. Hay que decir que la interpretación administrativa del
art. 42
no fue unánime, sino que, en función del color polltico del partido
gobernante, se amplió
o se restringió la interpretación del concepto
de profesar y
no profesar la religión católica. El cambio de régimen
político de 1931 supone también un cambio fundamental
en la re­
gulación del matrimonio. En la Constitución se establece el carácter
laico de la segunda República y la introducción del divorcio. En
1932
se promulga la Ley de Matrimonio civil y la Ley de Divorcio
vincular; en virtud de estas leyes queda derogado el sistema matri­
monial del Código y en su lugar se introduce, a1 igual que ya hizo
la primera República, un sistema de m_atrimonio civil, de matrimonio
estatal obligatorio para todos los españoles, sin tener en cuenta para
ningún efecto la celebración del matrimonio religioso. En conse­
cuencia,
los católicos se veían obligados a duplicar la celebración ;
pero lo más grave fue la introducción del divorcio vincular, no
sólo para los matrimonios celebrados según la Ley de 1932, sino,
con efecto retroactivo, para todos los matrimonios anteriores. Este
sistema, que contrasta con la tradición española, ya que ni siquiera
la primera República había roto
el principio tradicional de indiso­
lubilidad del matrimonio, estuvo en vigor hasta 1938. El nuevo
Estado,
·surgido de la guerra de 1936-1939, en primer lugar, declaró
en suspenso la Ley de Divorcio de 1938 y, al año siguiente, de­
rogó las leyes de Matrimonio civil y de Divorcio, a la vez que res­
tablece la vigencia del Código civil. Se dictan además una serie
de disposiciones transitorias
en cuyo detaJle no voy a en.trar.
Quedó restablecida,
por consiguiente, la fórmula del art. 42
del Código civil : matrimonio civil subsidiario, matrimonio religio­
so, como norma general. Así se llega hasta el Concordato de 1953
en
el cual, lógicamente, no se altera en lo fundamental este sistema.
Y en 1945
-con anterioridad a la firma del Concordato----, el Fue­
ro de
los Españoles eleva a rango constitucional, a rango de Ley
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fundamental, la indisolubilidad del matrimonio. La legislación es­
tatal, dictada en cumplimiento de la apliau:ión del Concordato, trae
algunas novedades. En primer lugar, una modificación del texto
del art. 42, aclarando
algunos puntos, modificando la terminología;
así, en lugar de °formas de matrimonio, se habla de clases de matri­
monio, se establece con claridad la exigencia de que ambos contra­
yentes no profesen la religión católica para tener
acceso al matri­
monio
civil. La cuestión de la prueba de la no profesión ha tenido
diversas interpretaciones administrativas; una reforma del reglamento
de Registro Civil de 1956 introduce un sistema un tanto compli­
cado, en el que se imponia la comunicación al Diocesano en aque­
llos casos de celebración de matrimonios civiles por persooas bauti­
zadas en la Igle;ia católica y la exigencia de que durante un mes
no se pudiera celebrar el matrimonio.
Esto se ve alterado, fundamen,talmente, coo la Ley de Libertad
religiosa de 1967
y, en consecuencia, se modifica el reglamento de
Registro Civil, de suerte que, para contraer matrimonio civil, ya no
es necesario comunicarlo al Diocesano, ni esperar un mes a partir
de la notificación, sino que basta que se manifieste por ambos. con -
trayentes que no profesan la religión católica y que, cuando se
trate de bautizados en la Iglesia católica, se aporte la prueba de la
notificación
de la celebración del matrimonio civil al párroco res­
pectivo. Podernos
deci-r que el sistema ha dado lugar a que se haya
incrementado en número de· matrimonios civiles en España, no en
cifras absolutas importantes, peto sí en las ciudades más pobladas
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia), aunque
en el total nacio­
nal es muy posible que el número de matrimonios civiles no su­
pere, en este moménto, el uno por ciento de los que se celebran.
En este punto parece obligado sentar ya algunas conclusiones.
V. CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA MATRIMONIAL ESPAÑOL
VIGENTE
En esta abreviada evolución· histórica del sistema matrimonial
español hemos podido ver c6mo la· política sectaria de algunos
gobiernos ha condU.ddo a extremismos en la regulación del matri-
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EL ESTADO Y LA FAMIUA
monio que no están de acuerdo ni con la tradición española ni" con
el sentir de la mayoría del pueblo español. Parece aconsejable huir
de ellos
por un lado y, por otro, obtener las consecuencias de la
lección histórica de que los cambios demasiado drásticos en materia
matrimonial son perjudiciales y atender, también, al cambio pro­
ducido en la actitud de la Iglesia católica como consecuencia de la
admisión del principio de libertad religiosa.
En coosecuencia, pare­
ce, según la mayor parte de los. autores, que el sistema español debe
reconocer públicamente a todos los ciudadanos la libertad de optar
por la forma religiosa o por la forma civil de celebración del
matrimonio. Con esto, naturalmente, me pronuncio en contra de la
introducción en el sistema
españoJ ( o -mejor, de la reintroducción)
del matrimonio civil obligatorio como, incluso, algunos. partidos
po­
líticos han expresado en su programa. Entiendo que, en las dos oca­
siones en que así se ha hecho (1870 y 1932), se ha ido en contra
de la
opinión de la mayoría de la sociedad española y se ha produ­
. cido hondo malestar en las gentes; grave perturbación que ha dado
lugar a la reacción consiguiente. Hay que huir de posturas extremas,
ya que, a veces, la reacción produce también perjuicios, tal como
ocurrió en las leyes derogatorias de la legisla~ión matrimonial· de la
segunda República.
VI. CONCLUSIONES GENERALES
Si se me permite hacer un resumen de urgencia a modo de con~
clusiones, me atrevería a expresarlo así:
El Estado debe reconocer a la familia basada en el matrimonio.
El matrimonio, base
de la familia, debe ser monógamo e indi­
soluble.
Ni el concubinato, ni las relaciones sexuales prematrimoniales,
ni, mucho manos, las relaciones homosexuales, deben alcanzar la
cualificación de relaciones familiares.
Tampoco debe admitirse la poligamia ni el matrimonio, a ensa­
yo o a prueba, ni las comunas sexuales.
Cualquier brecha o excepción en el principio de la indisolu-
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GABRJEL GARCIA CANTERO
bilidad matrimonial resulta incompatible con la estabilidad de la
familia. El Estado
debe proteger efectivamente a la familia en el orden
jurídico, para lo cual:
Ha de facilitar su constitoción, proclamando el principio de la
libertad matrimonial, reduciendo al mínimo el expediente previo y
revisando las causas de incapacidad y los impedimentos matrimo­
niales. Imponer como obligatorio el matrimonio civil a todos los
es­
pañoles, además de complicar innecesariamente la formación de las
familias, ya que obligaría de hecho a la doble celebración en la
mayoría de los casos, significaría desconocer la componente religio­
sa del
matrimonio.
El principio de libertad religiosa parece imponer la adopción
de un sistema matrimonial clairamente facultativo.
No hay razones para excluir la competencia de los Tribuoales
eclesiásticos, al menos, sobre la subsistencia del vínculo matrimonial.
El Estado debe proteger efectivamente la solidez y estabilidad
familiar,
por lo cual hay que oponerse al divorcio en general y más
en particuJar al llamado divorcio por causas objetivas que desero­
boca irremediablemente en el divorcio por mutuo consentimiento.
Al mismo fin de protección puede contribuir el facilitar la adop­
ción por los matrimonios sin hijos.
El Estado debe respetar al máximo el fonciooamiento autónomo
del organismo familiar.
No deberá, por tanto, inmiscuirse más de
lo conveniente
en la intimidad de la familia.
Tal
,respeto debe ser escrupuloso en el ejercicio por los padres
de su
derecho a la paternidad responsable. Nunca el taruaño de la
familia
debe ser determinado directamente por el Estado.
Hoy hay que proclamar que el Estado no debe poner obstáculos
a la familia numerosa, sino que
debe proteger, efectiva y no sim­
bólicamente, a
los poores que la han formado responsableroente.
De modo indirecto podrá el Estado informar objetivaruente a la
opinión pública de los problemas de la población y en particular
de los gr:avísimos que origina el llamado «crecimiento cero», así
como la baja densidad de población en nuestra patria. Sería con-
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EL ESTADO Y LA FAMILIA
trario al bien común que el propio Estado hiciera campaña en favor
de los contraceptivos a
través de los organismos de la Seguridad
Social.
Por último, el Estado debe dispensar una protección social efec­
tiva a
la familia con repercusión en las prestaciones familiares (hoy
totalmente desfasadas), viviendas, educación
y tratamiento fiscal ade­
mado,
entre otras (*).
(*) Al redactar esta Ponencia era pµblico el Anteproyecto de Consti~
tución, cuyo artículo 27.1 estaba así redactado: «A partir de la edad núbil,
el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y a crear y a
mantener, en igualdad
de derechos, relaciones estables de familia».
Al corregir pruebas se conoce ya la redacción definitiva del Proyecto, en
el que aquel artículo ha pasado a ser el 31.1, cuyo texto es: < la edad núbil, el hombre y
la mujer, en igualdad de derechos y deberes,
podrán contraer matrimonio para crear u.na relación estable de familia».
Como se observa, algunas de las deficiencias señaladas en el texto de
este trabajo, han sido subsanadas.
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