¿Puede ganarse la guerra contra las drogas?

1. Introducción

La respuesta negativa permite a los defensores de la despenalización-legalización de las drogas sentirse más tranquilos en su lucha. Es parcialmente cierta, en la medida en que la lucha contra las drogas no tiene un fin previsible o que parezca cercano en el tiempo, pero su falsedad radica en que, aparte de no ser una guerra, sí puede reducirse de manera importante el tráfico de las sustancias controladas si se actúa sobre el eslabón correcto de la cadena de producción, tráfico y distribución.

La política de «control en el país de origen» es la que ha sido aplicada en mayor medida en Colombia, como país productor[1]:

«(…) Las fuentes de aprovisionamiento de cocaína y heroína en particular nunca han sido muy variadas. Bolivia, Colombia y Perú son los productores comerciales exclusivos de cocaína para el mercado mundial. Afganistán y Birmania son responsables de 90% de la producción mundial de opio y otros tres productores (Colombia, Laos y México) proveen la mayor parte del resto (UNODC, 2005).

La concentración de la producción en unos cuantos países no obedece a restricciones físicas u hortícolas; los arbustos de coca, las amapolas de opio y el cannabis son todos fáciles de cultivar en una serie de sitios. Quizás la mejor explicación de por qué la producción está tan concentrada es que es más fácil producir grandes cantidades de cultivos ilegales en sitios donde la autoridad del gobierno central es débil y, a su vez, la producción de cultivos ilegales socava la autoridad gubernamental. En consecuencia, un circuito de retroalimentación positiva facilita producir cultivos ilegales donde ya son comúnmente cultivados, pero los accidentes históricos más que nada determinan dónde se establece inicialmente el circuito de retroalimentación positiva.

La mayoría de las drogas ilegales consumidas en los países de todo el mundo son producidas en el extranjero e importadas. Algunos investigadores concluyen que los programas orientados a reducir la producción o la exportación en los países de origen pueden influir en los problemas de drogas en las naciones consumidoras. De hecho, los programas internacionales dirigidos a los cultivadores y refinadores atraen gran atención de los medios de difusión y los políticos. La confluencia de otros problemas de la política exterior, como el terrorismo, ha contribuido a volver prominentes estos programas, en particular en Colombia, donde las guerrillas que desafían al gobierno central dependen económicamente del cultivo de la coca, y en Afganistán, donde la producción de opio ha vuelto a los primeros puestos mundiales a pesar de la prohibición impuesta por el presidente Hamid Karzai (…)».

En tal sentido, y dado que Colombia ostenta el vergonzoso campeonato mundial en producción de cocaína, nos basaremos en la información disponible al respecto.

2. El valor del mercado de drogas de Colombia y Méjico

Las cifras oficiales sobre el valor del comercio de drogas ilícitas hacia los EE.UU. no han sido refutadas por la Comisión Global para la Política de Drogas, y reflejan por qué el narcotráfico sigue siendo tan lucrativo para los traficantes[2]:

El Centro Nacional de Inteligencia para las Drogas estima que las organizaciones de narcotráfico mejicanas y colombianas generan, remueven y lavan entre 18 mil y 39 mil millones de dólares en ventas de droga anualmente, gran parte de lo cual se cree es sacado en lotes fuera de los Estados Unidos por la frontera sur (…)».

Este enorme valor resulta de la venta de drogas en las calles de EE.UU. Se estima que en la producción de la cocaína, la estructura del negocio hace que el productor de hoja de coca no perciba más de $3000 pesos diarios de dicho valor[3]:

«(…)[L]a etapa en la cual se genera el mayor valor agregado es la de tráfico, con un 71% del valor agregado total. Con respecto a los otros eslabones, el del cultivo de hoja de coca genera un 9% del valor agregado total; el de transformación de hoja de coca en base, sólo un 5%; y el de producción de cocaína genera un 15%».

La relevancia de este mercado al intoxicar la economía de los países productores de drogas ilegales ya había sido descrita por la JIFE en 1992[4]:

«(…) En algunos países, la producción, manufactura y el trá- fico de drogas ilícitas han tenido un fuerte impacto en la economía como un todo, generando un alto porcentaje del producto interno bruto. Una vez que una economía nacional es dependiente de tales actividades ilícitas, cualquier esfuerzo por combatirlas tendrá un efecto recesivo importante ó estará acompañado por costosos esquemas compensatorios. Por tanto, cada Gobierno debería tomar todas las medidas posibles para prevenir que las actividades relacionadas con drogas ilícitas se integren en tal grado a la economía nacional que combatirlas tenga serias consecuencias económicas».

3. Control a la producción vs. control al tráfico

Las cuatro décadas de lucha contra las drogas han permitido acumular una experiencia incomparable en Colombia, tanto en el aspecto del control a la producción y al tráfico, como en el surgimiento de un mercado interno de estupefacientes, especialmente después de la despenalización de la dosis mínima, y con la ayuda de condiciones de facilidad para obtener las drogas por ser país productor.

Lo que indica la experiencia es que la etapa durante la cual es más eficaz la lucha es la del tráfico de drogas; es la que genera el mayor valor agregado dentro del precio final, y derriba toda la cadena productiva, y la de distribución.

A pesar de ello, la política antidrogas en Colombia curiosamente se ha centrado más en la etapa de producción, que es la que genera menor valor agregado y depende menos de la tierra como factor, a través de la erradicación manual de cultivos, ó la aspersión aérea.

Además, los productores de hoja de coca han logrado disminuir el área de los cultivos para hacerlos más difíciles de detectar por sobrevuelos o imágenes satelitales, mientras que los laboratorios han dejado la profundidad de las selvas y se han instalado cerca de las vías de comunicación. Todo ello sin que haya disminuido el desastre ecológico generado por los cultivos ilícitos en todas las zonas de producción cocalera[5].

Las razones para que persista una política centrada más en el control a la producción pueden encontrarse en el estudio realizado por la Universidad de los Andes[6]:

«(…) De acuerdo con los datos disponibles del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la asistencia norteamericana para el componente militar del Plan Colombia, encaminado a reducir la producción y tráfico de drogas provenientes de Colombia, fue en promedio de 472 millones de dólares por año entre el 2000 y el 2008. El Gobierno colombiano, por su parte ha invertido aproximadamente 812 millones de dólares por año en la lucha contra las drogas y el crimen organizado asociado a este negocio ilegal. En conjunto, estos gastos representan aproximadamente el 1% del PIB promedio anual entre el 2000 y el 2008 (…).

El principal instrumento utilizado entre el 2000 y el 2008 para reducir la cantidad de cocaína producida fue el de la aspersión aérea de herbicidas sobre los cultivos de coca. Desde hace aproximadamente tres años, y como resultado de la presión de diferentes grupos que se oponen a las campañas de aspersión aérea por sus potenciales efectos colaterales negativos se vienen también implementando campañas de erradicación manual de cultivos ilícitos, donde grupos móviles de erradicación son trasladados a zonas donde existen cultivos de coca, para arrancarlos y destruirlos manualmente (…).

Otras estrategias utilizadas entre el 2000 y el 2008 para disminuir la oferta de cocaína en Colombia consisten en el control de los precursores químicos necesarios para procesar la hoja de coca en base de coca y clorhidrato de cocaína, y la detección y destrucción de laboratorios destinados a la producción de cocaína. Por el lado del tráfico, las autoridades han buscado bloquear las rutas utilizadas para transportar la cocaína hacia el exterior y detectar los envíos de esta hacia países consumidores (…).

En particular, según la UNODC, mientras que en el año 2000 se incautó el 13% de la producción potencial de cocaína en Colombia, en el 2008 esta cifra fue aproximadamente el 46% (…).

Los resultados de las estimaciones del modelo indican que entre el 2000 y el 2006 Estados Unidos financió cerca del 42% del conflicto con los productores de droga (en gran parte, esta asistencia está explicada por la financiación de Estados Unidos para las campañas de erradicación aérea de cultivos ilícitos) y cerca del 67% del conflicto con los traficantes de droga por el control de las rutas (mediante ayuda y asesoría en inteligencia para detectar envíos de cocaína, y el uso de satélites y radares para detectar las aeronaves y otros medios de transporte de drogas al exterior). Estimamos también que el Gobierno colombiano percibe un costo neto (…) de 55 centavos de dólar por cada dólar que reciben los productores (FARC y paramilitares, principalmente) y de 2 centavos de dólar por cada dólar que reciben los traficantes (…).

El primer gran resultado es que las políticas encaminadas a reducir la producción mediante el conflicto por el control territorial con los productores de drogas son bastante más costosas que las políticas encaminadas a reducir el tráfico mediante el bloqueo de las rutas utilizadas por los narcotraficantes para transportar las drogas. De forma precisa, estimamos que el costo en el margen para Estados Unidos de reducir en un kilogramo la cantidad de cocaína que llega a sus fronteras, atacando la producción, es de aproximadamente 163.000 dólares, mientras que el mismo costo, atacando el tráfico, es de aproximadamente 3.600 dólares (…). Más precisamente, estimamos que un aumento del 1% en la asistencia militar de Estados Unidos destinada a la lucha contra la producción de drogas (i. e., al conflicto por el control territorial con los productores) reduce la cantidad transada de cocaína en aproximadamente 0,007%, mientras que si el aumento del 1% en la asistencia militar se destina al conflicto con los traficantes por el control de las rutas, la cantidad de cocaína transada disminuiría en casi 0,3%. En resumen, para Estados Unidos resulta mucho menos costoso (más eficiente) reducir la cantidad de drogas exitosamente producidas y exportadas subsidiando a Colombia en el conflicto con los traficantes por el control de las rutas, y no en el conflicto con los productores por el control territorial. Hay varias razones que explican este primer resultado: a) estimamos que las Fuerzas Militares colombianas son más efectivas en el conflicto por el control de las rutas que en el conflicto por el control territorial. En particular, de acuerdo con nuestros cálculos, mientras que los productores de droga son aproximadamente tres veces más eficientes que el Gobierno colombiano en el conflicto por el control territorial, el Gobierno colombiano es aproximadamente cuatro veces más eficiente que los traficantes en el conflicto por el control de las rutas del narcotráfico; b) el factor en conflicto cuando se ataca la producción (la tierra) es menos importante, relativamente, que el factor en disputa en el conflicto contra el tráfico (las rutas). Como se mencionó anteriormente, nuestras estimaciones indican que la importancia relativa de la tierra en la producción de cocaína en Colombia es de aproximadamente 22%, mientras que la importancia relativa de las rutas en la tecnología del tráfico es de cerca de 92% (…).

[N]uestros resultados sugieren de manera contundente que Colombia preferiría utilizar todos los subsidios provenientes de la asistencia militar de Estados Unidos al Plan Colombia en la guerra contra los productores (en el conflicto por el control territorial). Este resultado, aparentemente paradójico y controversial, se explica porque Colombia, de acuerdo con nuestras estimaciones, percibe un costo mucho mayor de las actividades de producción de cocaína que de las actividades de tráfico de cocaína».

Las recomendaciones contenidas en el estudio citado resultan interesantes para orientar las políticas antidrogas hacia el futuro, con base en los hallazgos expuestos:

«(…) Reenfocar las políticas en contra de la producción de drogas en la detección y destrucción de los laboratorios, los cristalizaderos y las redes de distribución de insumos químicos, y menos en campañas de erradicación de cultivos ilícitos. Esta recomendación tiene varias razones fundamentales. Primero, la tierra no es el factor más importante en la producción de cocaína, y como muestra la evidencia disponible, los productores se han ideado estrategias para contrarrestar estas políticas, haciéndolas relativamente inefectivas en la disminución de la producción potencial de coca- ína. Segundo, al enfocarse en los cultivos se está atacando el eslabón que menos se beneficia en toda la cadena de producción (los campesinos cultivadores), que si bien están involucrados en una actividad que es ilícita, no hay evidencia precisa que permita afirmar que los ingresos que derivan los campesinos de los cultivos de coca estén siendo usados para atacar al Estado colombiano y sus instituciones, como sí sucede con otros eslabones de la cadena de producción de cocaína. Tercero, cuando se descubre un laboratorio no solo se resta capacidad operativa a los grupos de productores sino que también se bloquea el mercado potencial de muchas hectáreas de coca cercanas a dicho laboratorio. Cuarto, si bien es cierto que detectar una hectárea sembrada con coca es más sencillo que detectar un laboratorio o un cristalizadero para el procesamiento de cocaína, la primera opción les quita a los productores aproximadamente 400 a 500 dólares (el valor de la hoja de coca de una cosecha), mientras que la detección de un laboratorio puede generarles a los productores pérdidas superiores a 700.000 dólares (…).

En materia de reducción del tráfico de cocaína, los esfuerzos deben estar enfocados en labores de inteligencia que permitan detectar las rutas y las redes utilizadas por los narcotraficantes para transportar las drogas hacia el exterior. Por tratarse de envíos de mucho valor en bajos volúmenes, las labores de detección no deben estar enfocadas solamente en mejorar los sistemas de radares y medios de detección, sino también en labores de inteligencia que permitan infiltrar las redes de narcotráfico y anticipar los métodos utilizados por estos grupos para transportar las drogas a los países consumidores (…)».

Con respecto al costo de los laboratorios, el estudio publicado por UNODC afirma que es cercano a 1 millón de dólares[7]. Ahora bien, es necesario matizar éstas recomendaciones aclarando algunos de los puntos que abordan.

4. Enfocar la lucha contra el narcotráfico en la interdicción

Como se ha visto, el control al tráfico resulta mucho más eficiente que el control a la producción de hoja de coca. Los problemas recientes de orden público en la zona de Tumaco, Barbacoas (Nariño) y la costa pacífica en general, tanto en el Cauca como en Chocó, obedecen a la lógica del control territorial que las FARC[8], y algunas bandas criminales, pretenden ejercer sobre las zonas de cultivo, por un lado, pero por otro, estas zonas tienen la ventaja de ser idóneas para embarcar la cocaína en sumergibles o lanchas rápidas que la transporten a Centroamérica. De allí sólo en la región de Tumaco y municipios aledaños se estima que se cultiva, procesa y exporta cerca del 30% del total de cocaína colombiana.

Existe abundante evidencia sobre la relación entre la poca presencia estatal y el desarrollo de cultivos ilícitos[9]. De allí que en zonas como las recién mencionadas deba combinarse una estrategia de control territorial, erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, con énfasis en la interdicción de los cargamentos que se producen en ellas[10]. Esta zona, así como las zonas cocaleras que subsisten en el Magdalena Medio y costa norte son puntos críticos donde la combinación de estrategias de erradicación e interdicción, acompañadas de presencia estatal y procesos para ayudar a salir de la marginalidad a la población cocalera.

También es notoria la relación entre el control territorial de las FARC, y en menor medida las denominadas Bacrim, en las zonas cocaleras, y/o las rutas de tráfico marítimo (costa pacífica) o fluvial (Orinoquía) y los vacíos legales que subsisten para regular coherentemente esta fase del narcotráfico[11]. De allí que, si se pretende romper la columna vertebral de la financiación de estos grupos, deba hacerse énfasis en la interdicción, que es el eslabón que les genera mayores ingresos para financiar sus actividades violentas. La derrota militar de estos grupos estará en gran medida determinada por la carencia de recursos provenientes del narcotráfico, convertido en su principal actividad de sostenimiento.

La financiación de los grupos al margen de la ley con el narcotráfico también había sido descrita claramente por la JIFE desde 1992[12]:

«(…) El cultivo ilícito de plantas narcóticas y el tráfico ilícito de drogas continúan siendo una amenaza para la estabilidad política, económica y social de varios países. Parecen existir lazos entre los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, y las actividades de organizaciones subversivas en algunos países en Suramérica y el Sudeste asiático, pero conexiones similares también han sido reportadas en otras regiones del mundo. El producto derivado de ofrecer “protección” a los cultivadores ilícitos y de involucrarse en el mercadeo ilícito y distribución de los productos ilícitos a menudo constituyen la principal base de financiación de las actividades terroristas».

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Policía Nacional algunas cifras sobre incautaciones de drogas ilícitas en Colombia durante los últimos años (…). He aquí un resumen de las cifras relevantes para demostrar la eficacia de la interdicción a continuación.

1. En cuanto a la incautación en zona rural de:

Marihuana: Año 2008, 33.431 kg.; año 2009, 16.122 kg.; año 2010, 57.553 kg.; año 2011, 24.422 kg.; año 2012 (primer trimestre), 36.437 kg.

Sulfato de cocaína: Año 2008, 10.537 kg.; año 2009, 6.164 kg.; año 2010, 3.804 kg.; año 2011, 6.457 kg.; año 2012 (primer trimestre), 4.632 kg.

Base de cocaína: Año 2008, 5.856 kg.; año 2009, 4.319 kg.; año 2010, 5.260 kg.; año 2011, 6.074 kg.; año 2012 (primer trimestre), 6.161 kg.

2. En cuanto a la incautación en tránsito hacia el exterior:

Marihuana: Año 2010, 12 kg.; año 2011, 52 kg.; año 2012, 229 kg.

Clorhidrato de cocaína: Año 2010, 6.185 kg.; año 2011, 7.139 kg.; año 2012 (primer trimestre), 19.987 kg.

Base de cocaína: Año 2010, 55 kg.; año 2011, 118 kg.; año 2012 (primer trimestre), 3 kg.

3. En cuanto a la incautación en zona urbana:

Marihuana: Año 2008, 23.615 kg.; año 2009, 31.041 kg.; año 2010, 34.988 kg.; año 2011, 42.305 kg.; año 2012 (primer trimestre), 43.321 kg.

Clorhidrato de cocaína: Año 2008, 4.158 kg.; año 2009, 8.154 kg.; año 2010, 7.630 kg.; año 2011, 1.544 kg.; año 2012 (primer trimestre), 4.215 kg.

Base de cocaína: Año 2008, 2.169 kg.; año 2009, 2.888 kg.; año 2010, 2.599 kg.; año 2011, 1.227 kg.; año 2012 (primer trimestre), 1.554 kg.

Con base en éstas cifras pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, se reconoce un aumento espectacular en la eficacia de los controles durante el año 2012, con incrementos exponenciales en la incautación de cocaína en tránsito hacia el exterior (280% sólo en el primer trimestre de 2012 sobre el total del 2011). En segundo lugar, las cifras de incautación de marihuana también han mejorado, pero la escasa incautación en tránsito hacia el exterior, comparada con las enormes cantidades retenidas en áreas rurales o urbanas podría indicar que la producción de cannabis en Colombia se destina principalmente al consumo interno. En tercer lugar, la cantidad de cocaína incautada en zonas urbanas contrasta con las cantidades incautadas en zona rural, pero especialmente con las incautaciones en tránsito hacia el exterior, lo que podría demostrar que se ha creado un mercado interno que crece establemente, pero la mayor parte de la producción se exporta hacia los países consumidores.

Se recomienda al lector una revisión desapasionada de las cifras correspondientes a la heroína y las drogas sintéticas, cuyo consumo sigue aumentando, junto con la producción de la primera, y por ende, la incautación de mayores cantidades.

El impacto económico de la incautación y/o destrucción de laboratorios de procesamiento también debe estimarse como parte de los triunfos en la lucha contra los grupos armados al margen de la ley y sus estructuras de financiación.

En el último año, Colombia registró éxitos sin precedente en la disminución del potencial de producción de cocaína[13]:

«(…) Daniel Mejía, director del nuevo Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga de la Universidad de los Andes, reveló que los cultivos de coca se han desplazado a Perú, los cristalizaderos a Venezuela y el mercado a México.

El jefe de la cartera de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al confirmar esta tesis, dijo que “el problema de las drogas se ha desplazado a aquellas naciones en las que se ha encontrado un ambiente propicio para el negocio”.

Según el Gobierno, el éxito de la lucha contra las drogas ha llevado a una situación en la que los cultivos de coca pasaron de 170 mil hectáreas, hace 10 años, a menos de 60 mil en la actualidad.

La producción potencial alcanzaba 1.200 toneladas de cocaína en Colombia. Hoy esa cifra es de 350 toneladas métricas.

De otro lado, el ministro Pinzón entregó cifras que confirman el éxito en la lucha contra la guerrilla. En lo que va corrido del 2012, las bajas de las Farc se han incrementado en 30%; las neutralizaciones de las Farc, Eln y bandas criminales en 20%; el homicidio se ha reducido en 10%; se han incautado 22 toneladas de explosivos y se han desactivado 124 artefactos.

También afirmó que la acción de los “terroristas” se explica porque la fuerza pública ha penetrado sus lugares de refugio».

Si se combinan los resultados de la interdicción antes citados, con las cifras de reducción del potencial de producción de cocaína, estaremos frente a una drástica reducción en la capacidad operativa de los grupos armados al margen de la ley que se financian del narcotráfico. Ello es una muestra de la eficacia de combinar la estrategia de interdicción con la del control de las zonas de cultivo para erradicarlos.

5. Incrementar la presencia estatal en las zonas cocaleras

La institucionalidad debe hacer un esfuerzo para mostrarse eficaz en las zonas favorables a la aparición de cultivos ilícitos. Esto debe incluir la construcción de vías transitables que permitan la colocación de productos lícitos en los mercados locales y regionales. Un campesino puede derivar, en teoría, la misma ganancia de un cultivo ilícito que de un cultivo lícito. El estímulo al cultivo ilícito consiste en la demanda estable, y en la posibilidad de sacar la hoja de coca hacia un laboratorio de pasta base, mientras que el producto lícito, en ausencia de vías adecuadas, no tendrá salida posible. Esta situación ha sido detectada y descrita en innumerables ocasiones, desde que se inició la política de sustitución de cultivos ilícitos, pero el Estado colombiano parece haber sido incapaz de mantener resultados coherentes y perdurables al respecto.

6. Continuar el control de los precursores en forma eficaz

Aunque es probablemente el eslabón de más difícil control, por la existencia de un mercado lícito que demanda los mismos precursores para el procesamiento de drogas ilícitas, Colombia debe implementar el cumplimiento de las Convenciones internacionales vigentes y a las cuales ha adherido, controlando la importación de insumos potenciales para la producción de narcóticos a través de inspecciones aduaneras coordinadas con los puertos de origen. En la medida en que las autoridades puedan rastrear el destino lícito de los precursores desde su desembarque en puerto, podrá limitarse en gran medida el acceso a los mismos por los productores de drogas ilícitas.

7. Poner fin a la tolerancia de los expendios de droga en las grandes ciudades

El Estudio de Consumo realizado por el Ministerio de Protección Social y otras entidades, antes citado (2008), demuestra que el consumo de drogas ilegales es mayor en los grandes centros urbanos del país; ello ha sido posible gracias a la permisividad de las autoridades, que favorece la existencia de zonas tomadas por las mafias del microtráfico. Orlando Díaz Reyes, quien afirma haber consumido drogas durante más de 35 años, envió a la Procuraduría General de la Nación un documento en el que afirma lo que presenció en la llamada «Calle del Bronx» o la «L»[14]:

«Esta ya existía mucho antes de ser abolida a 500 metros, la “La calle del cartucho” y desde esa época ha sido y seguirá siendo la fiel copia y continuidad en estructura y todos sus demás aspectos y circunstancias, solo que mucho menos riesgosa en cuanto a la preservación de la vida, así ésta sea igualmente miserable, ya que según parece, en un supuesto acuerdo con alguna entidad, este sitio se ha reservado o dejado a los adictos protegiendo así la tolerancia a tales actos para evitar la proliferación en las demás calles vecinas de la zona centro del mal ejemplo del consumo de estupefacientes, pero no así de los consumidores pues allí es donde viven y se rebuscan a diario cargando paquetes, ofreciendo servicio de parqueaderos, taxis, limpiando vidrios, como payasos, etc., etc., labores que se suman a las ya vistas en la “calle del cartucho” y que de alguna manera allí también se desarrollaron y actualmente continuarán haciendo en los lugares relacionados con las drogas por sus asistentes temporales o permanentes».

Las «labores» que se continúan desde que existía la «calle del cartucho», a las que se refiere son[15]:

«[M]uchos, como en el caso mío, nos sustentábamos empujando carros varados como mecánicos sin herramientas, a base del rebusque o retaque pidiendo en las principales avenidas de 100 en 100 o subiendo a los buses de servicio público por sus puertas delanteras saltando la registradora o por las traseras cuando estos paraban a recoger o dejar pasajeros, a los que exponíamos alguna real situación o supuesta calamidad por enfermedad, falta de vestido, alimentos, por desplazamiento forzado u otras, obteniendo con algunas de ellas para lo que en mente llevábamos, además muchos otros sujetos reunían o canjeaban el precio de la dosis sirviendo de mulas para entrar o sacar drogas, buscando en las bolsas de la basura, esparciendo ésta sobre las calles o andenes para de ella extraer los materiales reciclables como: papel, cartón, cobre, aluminio, hierro, etc. Algunos adictos atracando, asaltando o estafando a los desprevenidos transeúntes o a los adictos pasivos para bajarles los relojes, el dinero o cualquiera de las prendas; otros cuidaban caletas, como campaneros en turnos hasta de 24 horas, como taquilleros (expendedores) que recibían sus pagas en bolsas o bichas que dosificaban para el consumo (…)».

Con respecto a la antigua «calle del cartucho» y el actual «Bronx», no puede decirse que haya una ausencia de presencia estatal; cerca de allí existe una estación de la Policía Nacional (Calle 6ª), un batallón del Ejército (anexo), y se encuentra a 7 cuadras del Palacio de Nariño. La Basílica del Voto Nacional, bien de interés cultural del ámbito nacional, erigida con ocasión de la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús en 1902, y terminada en 1928 aún se erige allí como testigo mudo y decadente de lo que ocurre en una de las zonas más inseguras de la capital de la República. La razón se agota al intentar entender cómo las sucesivas administraciones distritales y nacionales han permitido que exista un lugar semejante, en el que sólo impera el orden dentro del caos, dirigido por las mafias. Ningún ciudadano está seguro en la zona, por los evidentes peligros a los que se expone, como si allí el Estado hubiese dejado de existir para garantizar los más elementales derechos, tanto de los adictos, como del resto de la ciudadanía expuesta a los daños asociados al consumo de estupefacientes.

Existen en Bogotá otros ejemplos de inseguridad asociada a la distribución y consumo de estupefacientes con la abundancia posible en un país productor[16], y en el Cauca, Santander de Qulichao se ha convertido durante los últimos años en una especie de meca para el consumo de opioides[17].

A menudo, las actividades de distribución de drogas se combinan con el proxenetismo, la pederastia y otros delitos, como lo ejemplifican casos recientes encontrados en lugares reconocidos nacional e internacionalmente como «paraísos» para el turismo psicodélico y sexual (Taganga, Magdalena, La Candelaria en Bogotá, Cartagena).

La doble moral sostenida por las autoridades al no impedir la existencia de expendios de licor alrededor de las instituciones educativas también ha fomentado el crecimiento del consumo de drogas en la población escolar y universitaria, como lo señaló el reciente estudio de consumo en población escolar citado en el Capítulo 3 (2011).

La reducción de la demanda de drogas puede ser ayudada por campañas educativas, pero especialmente por familias sólidas. La reducción de la oferta debe producirse por la firmeza de las autoridades en controlar el expendio de drogas ilegales, y también legales, para reducir a la mínima expresión el mercado de estupefacientes, o la posibilidad de que aparezca su consumo.

8. Poner fin a la doble moral con respecto a la producción y el consumo de drogas ilícitas

Colombia no puede continuar con la esquizofrenia de mantener la ilegalidad de producir las drogas, mientras se alienta su consumo. Si bien es cierto que la población adicta a las drogas requiere políticas de salud pública, la solidez institucional queda en entredicho si se mantiene la actual dicotomía entre legalidad del consumo e ilegalidad de la producción. Flaco servicio le prestarían al país quienes se empeñan en buscar despenalizar los cultivos ilícitos, haciendo más gravosa la situación al perder los logros alcanzados en una lucha que ha costado tantos sacrificios, incrementando la oferta de drogas sintetizadas, y favoreciendo a las organizaciones criminales que financian su violencia con el narcotráfico (…).

La maldad o bondad de las drogas no depende del consenso; la prohibición de las drogas obedece a su maldad intrínseca, su cuestionable, escaso o nulo valor terapéutico, y a los enormes daños que producen en la sociedad. Defender la dignidad del ser humano no puede llegar al extremo de garantizarle los medios para perder toda su dignidad y libertad, por la adicción a las drogas. La defensa del bien común requiere hacer lo posible para garantizar una vida buena, libre de drogas, a todos los miembros de la sociedad.

9. Combinar las estrategias anteriores con la unificación de las políticas públicas antidroga en una sola agencia contra el crimen organizado

El Estado colombiano puede aprovechar la coyuntura de crisis en la Dirección Nacional de Estupefacientes y crear una agencia estatal que coordine toda la actuación interinstitucional antidroga en el país. Este es un paso necesario para desdibujar el papel de ente administrador de bienes incautados que ha desnaturalizado la función de la DNE, papel que debe continuar y fortalecerse.

Pero la recuperación de una cultura de la legalidad que desplace y elimine a la cultura del narcotráfico requiere un nivel de coordinación hasta ahora nunca logrado en el Estado colombiano. La estrategia debe apuntar a involucrar a todos los sectores de la sociedad en la derrota de un flagelo que nos ha costado demasiado; tantos sacrificios no pueden ser en vano.

La experiencia muestra que las actividades relacionadas con el narcotráfico son desplegadas por redes del crimen organizado que combinan esa actividad con otras actividades ilegales, y mutan hacia ellas cuando el narcotráfico presenta dificultades. Es así como en Colombia se ha observado un notorio aumento de la minería ilegal (asociada con el uso de la violencia), impulsada por la pérdida del mercado de las drogas ilegales cuando los controles estatales han sido eficaces. La trata de personas, la extorsión, el hurto y el atraco también hacen parte de las actividades relacionadas, bien sea con el control de las zonas de expendio de drogas, ó con la obtención de recursos para comprarlas.

[1] Thomas, BABOR, Jonathan CAULKINS, Griffiths EDWARDS, Benedikt FISCHER, David FOXCROFT, Keith HUMPHREYS, Isidore OBOT, Jürgen REHM, Peter REUTER, Robin ROOM, Rossow INGEBORG, John STRANG, La política de drogas y el bien público, Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2010, pág. 151.

[2] DEA (Drug Enforcement Administration), Speaking out against drug legalization, 2010, pág. 3.

[3] Alejandro GAVIRIA y Daniel MEJÍA (eds.), Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2011, págs. 35 y 36.

[4] INCB (International Narcotics Control Board)/JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), Informe anual, 1992, pág. 2.

[5] Ricardo ROCHA, Las nuevas dimensiones del narcotráfico en Colombia, Bogotá, UNODC, Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, 2010, capítulo 4.

[6] Daniel MEJÍA, «Políticas antidroga en el Plan Colombia: costos, efectividad y eficiencia», en Alejandro GAVIRIA y Daniel MEJÍA, Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, capítulo 3.

[7] Ricardo ROCHA, op. cit., capítulo 4.

[8] Alejandro GAVIRIA, «Guerra en El Sur», El Espectador, 5 de febrero de 2012.

[9] Ibid.

[10] UNITED STATES SOUTHERN COMMAND, Precision targeting, 2011.

[11] CICAD–OEA (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Informe final grupo de expertos en narcotráfico marítimo (quincuagésimo período ordinario de sesiones del 2 al 4 de noviembre de 2011), Buenos Aires, 2011.

[12] INCB (International Narcotics Control Board)/JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), Informe anual, 1992, pág. 2.

[13] http://www. eltiempo.com/politica/lucha-contra-las-drogas-en-colombia_11820502-4.

[14] Orlando DIÁZ REYES, La séptima plaga, Bogotá, 2011, pág. 63.

[15] Ibíd., págs. 57-58.

[16] http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/el-amparo-uno-de-los-barrios-ms-peligrosos-de-bogot_11271063-4

[17] http://www.eltiempo.com/justicia/como-pueblo-de-la-heroinadescribe-el-mundo-a-santander-de-quilichao_11777062-4