¿Quiebra de los sistemas públicos de pensiones?

1. Introducción

Se repite de una manera sistemática y machacona que el sistema actual de pensiones es inviable debido al aumento continuado de la esperanza de vida y que, de hecho, el sistema está en quiebra. Este tipo de argumentación y crítica se repite no sólo en España, sino en la mayor parte del mundo desarrollado.

El periódico El Economista, se hacía eco en una noticia publicada el 30 de diciembre de 2012 de las afirmaciones vertidas por el catedrático de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, en las que aseguraba que el sistema de pensiones en España sigue un modelo piramidal que terminará explotando. «Este tipo de estafa sólo funciona si cada vez engañas a más gente», afirmaba con rotundidad. Remachando que este tipo de negocios son ilegales a no ser que los haga el Gobierno. En multitud de países, incluido en España, se está haciendo un negocio parecido al piramidal, que es conocido como el sistema de pensiones.

Este tipo de afirmaciones, que lleva años difundiéndose, comenzó hace ya décadas en medios de comunicación que rozaban el amarillismo, pero actualmente se ha extendido a los medios académicos, sirva como ejemplo el caso de Xavier Sala i Martín.

Lo que en realidad se está sugiriendo es que el sistema adecuado es el de capitalización, garantizado a través de la cotización –preferentemente de forma obligatoria– en la empresa privada.

Lo pretensión de este artículo, es testar si el sistema de pensiones de reparto es eficiente, y además comparar un sistema público de reparto con un sistema de capitalización privado, eludiendo analizar sistemas más o menos intermedios o mixtos.

En el artículo, para realizar el análisis de los sistemas de pensiones, se acude a aspectos y cifras aparentemente con escasa relación, pero que forman una urdimbre sin la cual algunos fenómenos resultan incomprensibles. Cuéntese necesariamente con la evolución de los siguientes datos estadísticos:

– Evolución de la esperanza de vida en España.
– Población total y su distribución por edades.
– Número de inmigrantes.
– Tasas de fecundidad femeninas.
– Número de abortos desde su legalización.
– Paro.
– Número de invalideces.
– Número de afiliados a la seguridad social o de ocupados.
– Tasa de ocupación en relación a los habitantes de edades comprendidas entre 15 y 64 años.
– Porcentaje de empleados públicos en relación al número de ocupados.

Las cifras estadísticas están tomadas del INE, salvo alguna puntual donde se precisó su estimación y que viene indicada al final del cuadro.

La esperanza de vida, junto con el número de personas ocupadas en relación al de pensionistas, son los elementos claves para valorar las posibilidades de un sistema de pensiones. Estos datos van acompañados de las otras series estadísticas mencionadas más arriba, debido, entre otros motivos, a que las cifras y situaciones están influidas, unas veces por motivos políticos y otras por los métodos de cálculo.

2. Consideraciones previas

Las dos alternativas básicas que se presentan para garantizar una pensión de jubilación son el sistema público de reparto y el privado de capitalización.

Pensiones contributivas, sometidas al sistema de reparto.- El personal activo contribuye con una cuota proporcional a su base de cotización, sabiendo que su aportación está destinada a financiar las pensiones de los pasivos actuales que en fechas anteriores contribuyeron a su vez a financiar las pensiones de los pasivos en esas fechas. A su vez, esa contribución la realizan en la confianza de que, cuando ellos alcancen la edad de jubilación o queden inválidos para el trabajo, percibirán una pensión acorde con su base de cotización y con el período cotizado. Llevan, o deben llevar, una administración independiente.

Pensiones no contributivas con carácter de asistencia social.- Cubiertas a través del presupuesto del Estado con cargo a los impuestos. Estas pensiones no tienen que ver con la contribución realizada –generalmente no realizada– y se consideran de asistencia mínima.

Pensiones privadas de capitalización.- Se basa en la capitalización de las aportaciones realizadas por cada individuo y técnicamente el cálculo de la pensión futura tiene en cuenta el flujo de aportaciones que van asociadas a un rendimiento financiero –garantizado o no– y a la probabilidad de que ocurra el suceso que da lugar a la pensión (básicamente jubilación e invalidez). Semejante al ahorro.

El actual sistema de financiación de la Seguridad Social, como sistema de reparto, se apoya en la idea de la solidaridad, que opera en tres aspectos:

– Solidaridad entre generaciones
– Solidaridad de los activos con respecto a los pasivos
– Solidaridad nacional

El sistema existente actualmente en las pensiones contributivas, es el de reparto, y así está definido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, que recoge lo establecido en leyes anteriores y de manera destacada en la Ley General de la Seguridad Social de 1966 que a su vez recoge la legislación anterior, y entre otras la del Seguro de enfermedad de 1942.

Para que el sistema funcione, es imprescindible que exista solidaridad en el tiempo, es decir intergeneracional, de forma que los activos del año 1 estén dispuestos a aportar los fondos necesarios para cubrir las pensiones de los pasivos existentes, que han sido cotizantes, en ese año. Suele argumentarse de que no adquieren ningún derecho, puesto que no aportan nada para sus propias pensiones, pero en el sistema va implícito el pacto de que a cambio de sus aportaciones para mantener las pensiones de los pasivos en ese momento, los activos futuros aportarán las pensiones de los pasivos de esa época.

Además, el sistema exige una solidaridad nacional, pues es inviable para colectivos reducidos y por otra parte la composición de los colectivos es forzosamente heterogénea en ingresos y actividades. Las posibles desigualdades existentes en los activos tienden a suavizarse en las pensiones de los pasivos, puesto que dependen de las bases de cotización que tienen topes superiores moderados.

3. El sistema público de pensiones de reparto

Las críticas al sistema público de pensiones se centran en dos aspectos: el aumento de la esperanza de vida y la ineficacia de la gestión pública.

La esperanza de vida

El principal argumento en contra del sistema público de pensiones o sistema de reparto, se basa en que el aumento de la esperanza de vida pone en peligro el sistema. La crítica llega a la descalificación, como la mencionada del catedrático de la universidad de Columbia, Xavier Sala i Martín, que llega a calificar al sistema de estafa.

Veamos la consistencia del argumento a través de la evolución de la esperanza de vida que se refleja sintéticamente en el Cuadro I.

El avance espectacular de la esperanza de vida, en España, se produce de manera significativa con el mayor avance entre 1940 y 1981 en el que se pasa de una esperanza de vida africana a otra que supera a la de la Europa desarrollada y se coloca entre las primeras del mundo junto con la de Japón.

Lo que se demuestra en el mencionado Cuadro I, es que la esperanza de vida de los mayores de 65 años en 1981, es prácticamente la misma que la de los mayores de 70 años en 2009. Ello se traduciría, en principio con que bastaría prolongar la edad de actividad a los 70 años para que el problema planteado por el aumento de esperanza de vida durante 28 años, y consiguientemente la del número de pasivos, quedara resuelto holgadamente.

En una sociedad en la que se incrementa la esperanza de vida, y simultáneamente también se incrementa la salud y facultades de las personas de más edad, es congruente prolongar el período de actividad. Por otra parte, la edad de jubilación a los 70 años estaba ya establecida en algunos colectivos y se ha implantado la jubilación a los 67 años en la mayoría del mundo desarrollado, y en Suecia se ha iniciado un debate sobre la ampliación de la edad de jubilación a los 75 años. Esto se ve reforzado con que hemos pasado de una sociedad con mayoría de población activa en el sector primario, a otra en que la mayoría de los activos pertenecen al sector terciario y al denominado actualmente como cuaternario, en las que las condiciones de vigor físico son secundarias por el carácter sedentario de los trabajos.

CUADRO I
Esperanza de vida en España (datos del INE)

Otro de los obstáculos que se podrían presentar al sistema de reparto, es el de la prolongación de la vida humana propiamente dicha, es decir que a corto plazo una parte importante de la población alcanzara los 150 años. Esa perspectiva no es realista a corto o medio plazo. Desde hace más de tres milenios, el reloj biológico del hombre se para a los 100 años. Moisés murió a los 120 años (Deuteronomio, 34,7) y su hermano Arón a una edad parecida, Josué a los 110 años. Posteriormente, los reyes de Israel frecuentemente morían a una edad próxima a los 100 años.

Ya en la era cristiana, a título de ejemplo, los emperadores Augusto, murió a los 77 años, y Tiberio a los 79 ó San Juan que superó los 100 años, y en el siglo VI Justiniano I alcanzó los 76 años o su general Narsés los 95.

Es decir la esperanza de vida ha aumentado considerablemente pero el límite de edad, desde hace al menos 3.500 años, siguen siendo unos 100 años.

Todo esto demuestra que al menos el argumento del incremento de la esperanza de vida, es una falacia.

La ineficacia de la gestión pública

La ineficacia y corrupción de la gestión pública es una acusación que está en el ambiente social y en los medios de comunicación más o menos sensacionalistas y que se extiende casi a cualquier tipo de actividad como puede ser la sanidad, el correo, el ferrocarril, la energía, etc. La pregunta es si eso es inherente al sector público y al sistema o no.

De hecho, la práctica de la empresa pública en Italia el ENI, o en España el INI, demostraron que la eficacia de la gestión privada o pública era parecida compitiendo perfectamente en el automóvil, petróleo, energía, o incluso el ámbito financiero, etc. y ello continúa en Europa en diversos campos como el aeronáutico o telecomunicaciones, a pesar de que se ha extendido la ola de privatizaciones incluso en los antiguos países comunistas.

La competencia de administradores y gestores poco tiene que ver con la titularidad de la propiedad como se demuestra con la quiebra de sociedades privadas o públicas y con las declaraciones actuales de algunos administradores del sector privado o público, que declaran en los juicios que «ellos no sabían nada, que se limitaban a firmar».

La propiedad de la empresa no garantiza nada, lo que garantiza razonablemente la gestión de una empresa es el tipo de selección del gestor y los mecanismos de control de la actividad en cuestión y de su gestión.

4. Estructura de la población y del colectivo de pasivos

Una amenaza a medio plazo para el sistema de reparto, en la que no se suele reparar, es la de la modificación de la estructura de la sociedad en dos aspectos: en el de la distribución por edades, influidas por el descenso de las tasas de fecundidad, y en el de la inmigración, que integra una población relativamente inestable en cuanto al tiempo de su estancia. A ello se une también la posible modificación de la estructura de los pasivos por el incremento de las pensiones de invalidez y la reducción de la tasa de actividad o el número de individuos en paro.

En el cuadro II aparece la evolución de la población total de España, con un desglose de población menor de 15 años y población extranjera desde 1974 y 1976 hasta el año 2011 y en otra columna la evolución del número de abortos a partir de 1987, ya que su legalización es de julio de 1985.

CUADRO II
Evolución de la población total de España

Del cuadro II puede deducirse que la población española crece un 31,7% entre 1976 y 2011, incluyendo la población inmigrante. Simultáneamente, la población de 0 a 14 años, se reduce a poco más de la mitad entre 1981 y 1998 como consecuencia de la reducción paralela del índice de fecundidad. A partir de entonces hay un repunte que coincide con el incremento de población extranjera.

Si deducimos la población inmigrante oficial de 5.751.500, residente en 2011, el crecimiento bruto resultante de la población española sería del 15,7%, pero aún este crecimiento incluye los nacidos de padres extranjeros con unos índices de fertilidad superiores a los españoles. Además este crecimiento oculta, que dado que el índice medio de fertilidad español durante el período 1981-2011 es el 62% del preciso para mantener estable la población, quiere decirse que la fertilidad actual de la sociedad española es el equivalente al mantenimiento de una población aproximada de unos 23.400.000 habitantes.

En comparación con la evolución actual –también durante un período de 35 años– el crecimiento de población entre 1940 y 1976 pasó de 26.015,907 miles de habitantes a 35.824,2 miles, con un aumento del 37,7%, y con unos índices de fertilidad relativamente altos y suavemente decrecientes. En realidad se continuaba la tendencia de natalidad y fertilidad suavemente decrecientes iniciada en 1932 e ininterrumpida y que tendían a un mantenimiento estable de la población a medio plazo.

Caso paradigmático, por el peso de su población y PIB en España, es el de Cataluña, que en 1999 tenía una población de 6.207.500 habitantes, de los cuales 144.900 eran extranjeros y en 2011 pasa a una población de 7.539.600 habitantes, de los cuales 1.185.900 son extranjeros. El dato de Cataluña resulta todavía más relevante si comparamos la evolución global de la población catalana entre 1940, con 2.890.974 habitantes (de los cuales 762.455 son inmigrantes de otras provincias) que pasa a más que doblar su población en 1976 y a 5.958.208 en 1981 como consecuencia de la tremenda inmigración interior, atraída y fomentada por la intensidad de las inversiones en el período 1940-1976. En definitiva, mientras el total de la población española se incrementa en un 37,7% en el período 1940- 1976, la población de Cataluña experimenta un crecimiento de más del 100%.

En el cuadro II la columna sobre el número de abortos legales es relevante por su influencia en los índices de fertilidad en el futuro de la población española. En los últimos 5 años se supera ampliamente la media de 100.000 abortos, habiendo representado la destrucción de 571.322 vidas humanas en ese período, que a su vez ello viene a representar aproximadamente el equivalente a una reducción del índice de fertilidad de 0,32/mujer. Es decir sin los abortos legales producidos a partir de la ley del aborto de 1985, los índices de fertilidad se hubieran mantenido estables en 1,7 y el impacto negativo de la reducción de natalidad con la consiguiente reducción de los índices de fecundidad se hubiera atenuado.

No sólo en España, sino en gran parte del mundo, se da la extraña contradicción de por un lado promover la práctica de las relaciones sexuales prematuras, que de forma natural desembocan en embarazos, y por otro lado se propone como solución –a los embarazos más o menos deseados– la práctica del aborto, cuyas cifras se han disparado.

CUADRO III
Afiliados a la S. S., parados, pensiones de jubilación e invalidez

 El nº de pensiones de invalidez, está en miles a partir del año 1996. A partir del año 1998, los pensionistas de invalidez mayores de 65 años pasan a incluirse en las pensiones de jubilación, de ahí el salto cuantitativo.

En el cuadro III se incluye en una columna la cifra de personas ocupadas o afiliadas a la seguridad social, puesto que, a efectos de tasa de actividad, es un dato que se presta poco a su «maquillaje» y por tanto menos manipulable que las cifras de parados utilizando criterios dispares. Ello no quiere decir que la cifra de ocupados sea totalmente homogénea puesto que los criterios de contabilización han variado, como por ejemplo incluir como ocupados personas que lo son muy parcial u ocasionalmente. Una cierta distorsión en la comparación, se ha producido también por una fuerte reducción de la llamada economía sumergida a partir de los años 80, no sólo en el empleo doméstico, servicios sociales y hostelería, sino también en industrias como la confección, juguetes y el calzado con importante volumen en los años 60 y 70 y que se subcontrataba en trabajos a domicilio sin altas en la seguridad social y a la que habría que sumar el empleo a tiempo parcial de un pluriempleo que estaba generalizado en esos años y que desde luego no cotizaba. La columna de las cifras de parados es complementaria de la de ocupados, y resulta menos fiable, como se puede comprobar comparando las cifras de parados de 2007 y 2011 que aumenta en 3,2 millones, mientras que las cifras de ocupados se reducen en 1,75 millones y que deberían de corresponderse o asemejarse a la cifra de incremento de parados si no fuera por un aumento casi paralelo del número de inmigrantes.

En el cuadro IV se desglosa el número de habitantes por edad superior a los 14 años, para comprobar la potencialidad de actividad de la población y su evolución. A través de ello se pueden estimar las posibilidades de sostenimiento del sistema, al comprobar la evolución del número de pasivos en relación al de activos efectivos y potenciales.

La tasa de actividad se obtiene por la relación de ocupados en cada año con el número habitantes comprendidos entre 15 y 64 años, que consideramos como de activos potenciales.

CUADRO IV
Desglose de número de habitantes por edades

 Para 1976, con la excepción de las cifras de población y ocupados, la distribución por edades son estimaciones.

Del cuadro IV podemos sacar la conclusión de que, en España, incluso en épocas de población ocupada relativamente alta, la tasa de ocupación sobre la población comprendida entre 15 y 64 años, es modesta, puesto que generalmente en los países desarrollados es de aproximadamente el 65% y frecuentemente se supera este porcentaje. Destaca el caso de Alemania, con 81,73 millones de habitantes, de los que están comprendidos entre 15 y 64 años 54,02 millones con una tasa de actividad de ocupados del 76,8%. En el cuadro se comprueba la brutal reducción de la actividad, con el consiguiente incremento del paro real, en los años 80 y que se prolonga en los 90, totalmente anormal y explicable por el tremendo desmantelamiento industrial, y que normalmente en España, incluso teniendo en cuenta la baja tasa actividad histórica, no debería ser inferior al 57%.

Si sumamos a la población potencialmente activa los habitantes comprendidos entre 65 y 69 años, el margen de ocupación es todavía mucho mayor. Aplicando una tasa de actividad comprendida entre el 60 y 65%, la población ocupada aumentaría en más de tres millones, reduciendo simultáneamente el número de pensionistas comprendidos en esa edad de 65 a 69 años en el mismo porcentaje del 60% al 65%. De hecho, se ha adoptado a medio plazo, y de manera progresiva, la decisión de prolongar legalmente la edad de jubilación a los 67 años.

También debe tenerse en cuenta que si la cifra de inmigrantes en España fuera semejante y proporcional a las cifras francesas en 2011, el número de inmigrantes residentes en España sería inferior en unos tres millones, es decir unos 2,75 millones, con lo que la población total española se reduciría a unos 44,19 millones. Esta reducción repercutiría en un fuerte descenso del número de parados.

En el cuadro V se refleja junto a la población total en cada año, el número de ocupados en empleo público. Este dato es relevante pues su peso resulta negativo en la creación de empleo privado productivo. Indirectamente el excesivo peso del sector público, reduce la tasa de actividad. A esto se une la corruptela de creación de empresas públicas de dudosa justificación y con contrataciones de personal sin ningún tipo de selección objetiva.

Bien entendido que las cifras son orientativas, dado que existe una horquilla de desviaciones inducidas por motivos políticos de imagen, dando lugar a que en parte los datos no son totalmente homogéneos. Debe tenerse en cuenta que mientras el sector público propiamente dicho ha adelgazado debido a la privatización de empresas y servicios e incluso reducción significativa en algunos casos como ocurre en el de las Fuerzas Armadas, en contraste el empleo público ha aumentado a pesar de ello y del incremento de la informatización que teóricamente hace que la gestión requiera menos personal y sea más ágil.

Junto a estos datos aparecen reflejados el del número de pensiones estimadas cada año y la relación entre ocupados y pensionistas, o dicho de otro modo el número de activos que soportan cada pasivo. La evolución negativa es clara puesto que el aumento de pasivos es mucho más rápido que el de activos. Por eso en la última columna, y para algunos años, se ha estimado qué ocurriría si los activos prolongaran su vida laboral hasta los 70 años; por ejemplo en este caso, en 2011, el 56,57% (tasa de actividad de ese año) de las personas de edades entre 65 y 69 años estaría también ocupada y a su vez no sería pensionista, lo que daría lugar a 5,76 ocupados por pensionista.

CUADRO V

Las cifras de ocupados de los años 1976, 2011 y 2012, corresponden al tercer trimestre de cada año.
La cifra de ocupados en el sector público en 1974 es una estimación, aunque en algunas publicaciones aparecen cifras inferiores. El número de pensiones estimadas se realiza a partir 1998, fecha en la que se traspasan estadísticamente unas 800.000 pensiones de invalidez de mayores de 65 años a pensiones de jubilación.

La relación de activos ocupados por cada pasivo por jubilación en 1976 es de 6,388, lo que mantenía en equilibrio, y con superávit, el sistema público de reparto. Desde el punto de vista de mantenimiento del sistema, la crítica más destacada es que el aumento de la esperanza de vida hace inviable el sistema.

Efectivamente es evidente el incremento de esperanza de vida, pero es igualmente evidente el incremento de las condiciones físicas de las personas de más edad, por lo que la tendencia en todo el mundo desarrollado es prolongar la edad de jubilación a los 70 años. Si en los años 2009-2011 se hubiera prolongado la edad de jubilación a esa edad el número de activos por jubilado hubiera sido superior. Para introducir algunas matizaciones se han elaborado otros cuadros comentados.

Tanto las cifras de activos como la de pasivos están artificialmente distorsionadas a través, al menos, de los siguientes factores:

– Un porcentaje de empleo público sobre el total de activos (cuadro V), que ha pasado del 6,7% en 1974 y del 10,735 en 1976 a porcentajes crecientes que llegan en torno al 18% en los últimos años, y que resultan un peso superior sobre los activos, al menso indirecto, muy superior al que representa el incremento de pasivos.

– En cuanto al número de pensiones de jubilación, es patente que los incrementos más fuertes se producen precisamente en paralelo con la reducción del número de activos, por incremento de paro. Ello se debe en buena parte a los ERE, que dan lugar al incremento de jubilaciones anticipadas, que es una corruptela o una distorsión de la cobertura contributiva destinada a jubilación y simultáneamente un maquillaje de las cifras de paro.

– En los cuadros III y IV se comprueba que junto a las cifras de paro se mantienen unos índices de actividad en torno al 56%, en los períodos de mayor expansión, que son aproximadamente un 20% inferiores a lo que sería sano, y que se aproximaría a las cifras de los países desarrollados en los que se supera el 65%.

– Como se observa en el cuadro III el número de invalideces se incrementa artificiosamente en 1.083.800 entre 1976 y 1996, contra toda lógica puesto que la salud teórica de la población debe mejorar. Esto se debe a la uso de la corruptela de una laxitud en la definición de la invalidez, con el objeto de reducir artificialmente el paro en el período en que se produce una mayor destrucción de empleo. La crítica no se dirige al uso de esta práctica, que también, sino a la distorsión de las cifras de pasivos con relación al de ocupados.

– En el cuadro II se observa la evolución del número de extranjeros residentes en España que pasa de 198.000 en 1981 a 5.751.500 en 2011, con los mayores incrementos entre 2004 y 2011 en el que pasan de 3.034.300 a 5.751.500, coincidiendo con un altísimo incremento de las cifras de paro.

5. Comparación del sistema de reparto y el de capitalización

Por simplificación, en la comparación se considera el sistema de reparto como público y el de capitalización como privado.

Sistema de reparto

– En el sistema de reparto, al no existir el compromiso expreso de garantizar los eventos que puedan incidir en los activos cotizantes, sus críticos aducen que puede interrumpirse en cualquier momento perdiendo sus beneficiarios las cotizaciones. Ello es parcialmente cierto, y sería una quiebra del sistema, pero eso es común a cualquier empresa pública o privada aunque exista un contrato formal explícito y eso se comprueba a diario.

– En el sistema público la mejora de la esperanza de vida pone en peligro el sistema al exigir un mayor esfuerzo a los activos ocupados en relación con un número de pasivos crecientes. Eso es cierto, pero los incrementos de esperanza de vida se han producido en su mayor parte en el período 1940-1976 y ha continuado más suavemente en el período 1976-2011 con una tendencia previsiblemente decreciente. Además según se ha visto a lo largo del artículo esa circunstancia se puede paliar simplemente ampliando la edad de jubilación en paralelo con el aumento de esperanza de vida de los mayores de 65 años.

– El sistema de reparto no tiene reservas para los casos de oscilaciones en el número de ocupados. Esa es una simplificación excesiva que ni siquiera se da en la práctica actual ni en el pasado reciente, pues lo lógico es que exista un excedente creciente y acumulativo que sirva de provisión e invertido en valores nacionales seguros de gran liquidez. Es una cuestión técnica estimar el importe de las provisiones y los plazos para constituirlas.

Sistema de capitalización

– Según los defensores del sistema privado de capitalización, existe una relación entre las cotizaciones y las prestaciones que la empresa de seguros garantiza realizando la inversión de las cotizaciones. Ello es cierto, pero existe también parcialmente –si bien suavizado– en el sistema de reparto al exigir un mínimo de cotización y cierta proporcionalidad entre los períodos de cotización y las prestaciones. Por otra parte las empresas privadas que emplean el sistema de capitalización dependen de sus inversiones y pueden quebrar, como de hecho ocurre incluso en empresas de grandes dimensiones.

– Los incrementos de la esperanza de vida afectan igualmente a la empresa privada y de hecho, esta modifica periódicamente las tablas de mortalidad aplicadas a los seguros.

– El sistema de capitalización impulsa el ahorro y consiguientemente la inversión. Lo que es cierto, pero exige un mayor esfuerzo detrayendo recursos al consumo.

Una ventaja importante en el sistema de reparto es que su administración es relativamente simple y económica pues precisa unos gastos de administración modestos. El sistema privado de capitalización tiene unos gastos de administración y comisiones elevados además de la exigencia de beneficios a repartir por la empresa.

En cuanto a la ventaja de la eficiencia de la gestión privada ello carece de base contrastada, ya que solamente hay empresas bien o mal gestionadas al margen de que sean públicas o privadas. La eficiencia se puede resumir en el empleo de una gestión profesionalizada y un sistema de control o intervención riguroso e independiente. El talón de Aquiles del sector público es la politización y en el privado la tendencia a la endogamia en la gestión y puestos directivos. Por otra parte una actividad que tiende al monopolio o a un fuerte y reducido oligopolio, es preferible que sea controlada y gestionada por el sector público menos propenso a supeditar todo a la maximación de los beneficios.

6. Conclusión

Incidencias y amenazas al sistema de pensiones

Al margen de las circunstancias que se suelen aducir como crítica al sistema público de reparto, existen en cambio otras circunstancias que si ponen en peligro el sistema, como pondrían, en su mayoría, en peligro cualquier tipo de sistema:

Inmigración.- Los incrementos de extranjeros residentes en España carecen de sentido en una economía como la española con modesto desarrollo y sin apenas oferta de trabajo.

Los efectos de una inmigración desordenada son negativos para los propios inmigrantes a los que se les engaña con unas falsas expectativas de trabajo, que se reducen a llevar una vida marginal o de delincuencia como se demuestra en las altas cifras de reclusos extranjeros en proporción a su población. A ello se une la alta proporción de empleo que bordea o llega a lo delictivo como en la prostitución, transporte y distribución de droga, mendicidad, venta callejera y ambulante, etc. De hecho en el año 2009 y según datos del Ministerio del Interior, el 34,5% de la población reclusa eran extranjeros, mientras que el porcentaje de extranjeros en ese mismo año sobre el total de la población era del 12% lo que indica que la proporción de delincuentes entre los extranjeros es casi tres veces superior a la de los españoles.

El efecto de la inmigración sobre la sociedad española es el de aumentar la presión sobre los salarios al existir una amplia población dispuesta a trabajar por salarios muy bajos, incidiendo en el aumento de las cifras de paro. Resulta inexplicable que España sea el país de UE con mayor proporción de extranjeros con el 12,3% de la población y más del doble de un país como Francia con el 5,8% de la población a pesar de ser más desarrollado y con una prolongada tradición de inmigración tanto africana como de la Europa meridional.

Esperanza de vida.- El incremento de la esperanza de vida sobre el sistema de pensiones de reparto, siendo real, se ha demostrado sobradamente que está exagerado y por otra parte sería común a un sistema de capitalización que en caso de aumento de esperanza de vida impediría mantener una renta vitalicia garantizada al nivel inicialmente contratado.

Natalidad.- Por el contrario, un nivel natalidad bajo que dé lugar a unas tasas de fecundidad inferior al 2,1/mujer, necesario para mantener estable la población, pone en peligro no sólo el sistema de previsión social y todo lo que genéricamente se conoce como Estado de bienestar, sino incluso la propia existencia de industrias como la construcción de viviendas o mobiliario ya que aún las viviendas existentes quedarán vacías en buena parte y con repercusiones negativas en toda la sociedad como conjunto, incluido su sustrato cultural.

Al margen de consideraciones éticas y legales, que son fundamentales, y teniendo en cuenta únicamente factores económicos, la legalización del aborto, unida a la agresión a la familia y el fomento de los medios anticonceptivos han hecho imposible el mantenimiento de la población y son el mayor peligro para cualquier sistema de previsión social sea público o privado.

En España la drástica reducción de natalidad nos ha llevado a las tasas de fecundidad más bajas del mundo (incluida la China de la suicida política del «h i j o único»), hasta el punto que la reducción de la población será tal que en un siglo el número de mujeres en edad fértil (comprendidas entre 14 y 45 años) será del orden de la cuarta parte de la actual y suponiendo que se mantengan los índices de fertilidad actuales. Es decir la fecundidad precisa para mantener una población de unos 11 millones de habitantes, si bien la población total será en esas fechas del orden de 25 millones con una alta proporción de ancianos que no podrán ser atendidos. Todo esto bajo la perspectiva que lo que define el futuro de la población total es la tasa de fecundidad de su población femenina.

Si lleváramos al extremo la reducción de natalidad, de forma que durante una generación no hubiera nacimientos, todo el sistema económico dejaría de funcionar, y el más rico del mundo por mucho que hubiera ahorrado perecería de inanición por falta de habitantes capaces de producir bienes que lo mantengan.

Otros.- Existen otra serie de factores que si tienen cierto peso y contribuyen al deterioro de cualquier sistema de previsión.

Administración.- El sistema no soporta una administración desordenada o irregular, como no lo soporta ningún sistema o empresa. Es elemental el desglose de ingresos y gastos por garantías.

Al ser un sistema de cobertura, las prestaciones están destinadas a cubrir las incidencias de los cotizantes y no otros, desglosando las coberturas de forma que las jubilaciones sean cubiertas con las aportaciones estimadas, las invalideces con las suyas, el paro con las suyas. Una gran parte de jubilaciones anticipadas y de las invalideces actuales y del próximo pasado son en realidad paro, etc.; no es admisible que consideren inválidos a aquellos que no lo son, en ningún sistema ni privado ni público. Ello no es incompatible con la cobertura de prestaciones a no cotizantes que deberán hacerse a nivel presupuestario aprobadas por el Legislativo y con cargo a los impuestos. A su vez, para que una administración sea eficiente debe tener un sistema de intervención y auditoría integrada y servida por funcionarios, que lo hagan de forma independiente y profesionalizada.

Empleo público.- El mantenimiento del empleo público, recae en definitiva sobre los productores de bienes y servicios, y si alcanza un nivel exagerado hace insoportable el peso sobre el sector productivo propiamente dicho y simultáneamente potencia la aspiración de los que buscan empleo a optar por el sector público, retroalimentándose el sistema. Empeora la situación si el acceso al sector público no es por medio de una selección objetiva como es el de oposiciones u otro. El acceso arbitrario al sector público además de deteriorar el nivel de competencia del personal, favorece su expansión artificiosa. Bajo nivel de actividad.- El sistema económico debe favorecer un nivel de actividad que represente una alta proporción de la población potencialmente activa y que se aproxime al de otros países europeos desarrollados para poder sostener un «sistema de bienestar» viable y acorde con el nivel económico. El aumento del número de aportaciones garantiza el sostenimiento del colectivo de pasivos.

Un nivel actividad aceptable es incompatible con una inmigración desordenada, escudándose en una supuesta solidaridad internacional, que lleva a los inmigrantes a la depresión y degradación al frustrar unas falsas expectativas fomentadas desde el país de acogida. Si se pretende ayudar al desarrollo, lo lógico es realizar inversiones en los países de origen de la emigración, destinándolas preferentemente a salud y educación y fomentando los aumentos de productividad en agricultura y favoreciendo la inversión en empresas productoras de bienes de consumo que mejoren el nivel de vida interno.

En resumen podemos concluir:

1. El sistema de pensiones de reparto es muy eficiente.

2. El sistema de pensiones de reparto es más eficiente, en cuanto más económico en la gestión y menos exigente en la inmovilización de recursos, que el de capitalización. El sistema de reparto implica la solidaridad de toda la sociedad y el de capitalización es la antítesis de la solidaridad.

3. El sistema de reparto está expuesto al peligro de la falta de solvencia de todo el sistema económico. El sistema privado de capitalización está expuesto a la falta de solvencia de la empresa que lo garantiza y además a la falta de solvencia del Estado. El sistema de capitalización, está sometido además a la aleatoriedad y fluctuación de los tipos de interés y seguridad de las inversiones en mucha mayor proporción que el sistema público de reparto.

4. Los riesgos a que está sometido el sistema de reparto son múltiples y de todos ellos el de más simple solución es el del aumento de la esperanza de vida, que queda solventado con la prolongación del período de actividad de la población acorde con ese incremento de la esperanza de vida.

5. El riesgo de más difícil solución a medio plazo es precisamente el de la reducción de la fertilidad femenina muy por debajo de la tasa de mantenimiento de la población de 2,1/mujer. La suicida reducción de la población de una sociedad hace insostenible cualquier sistema de previsión sea público o privado y la propia supervivencia de la sociedad.

6. Llevar a sus últimas consecuencias la eliminación del sistema de reparto, implica la supresión de las cotizaciones obligatorias y por tanto volver al capitalismo salvaje del inicio del siglo XIX, dejando a los ciudadanos que se defiendan con el ahorro individual para cubrir su futuro y al que no ahorre le quedará como única salida la mendicidad. Hace 30 ó 40 años esta salida se consideraba impensable, incluso como expresión de humor negro, pero hoy comienza a vislumbrarse como posible y en cierto modo el pasar a un sistema de capitalización de contribución voluntaria es prácticamente lo mismo, eliminado el enfoque social y solidario del sistema.