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1989

589-1789

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1989
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La unidad religiosa, encrucijada de la teología y la política

LA UNIDAD RELIGIOSA, ENCRUCIJADA
DE LA TEOLOGIA Y LA POLITICA
POR
RAFAEL GAMBRA
En el presente año de 1989 coinciden tres aniversarios y
conmemoraciones de gran relevancia
histórica que, no por dis­
tantes entre sí en el tiempo, dejan de gwttdar profundas conexio­
nes.
En él se cumple el 14.0 centenario del 111 Concilio Toleda­
no, origen de nuestra unidad religiosa y nacional, el 2
.• centena­
rio de
fa Revolución francesa y el 25 .0 aniversario del Concilio
Vaticano
II.
En el III Concilio de Toledo el rey godo Recaredo abjura
del atrianismo para abtazar, junto con sos obispos y magnates a
él asistentes, la fe católica. Pueblos y culturas diferentes se fun­
den
allí sobre cimientos religiosos firmes creando de este modo
la comunidad histórica que durante mil cuatrocientos años se ha
llamado España. A
él se debió, ante todo, el efecto sobrenatoral
de la saJvación de innúmeras almas arropadas en su fe por un
ambiente religioso sin fisUtaS, pero también cuantiosas repercu­
siones, tanto nacionales como universales. Dentro de nuestra pa­
tria, el que ésta
vivieta durante tres siglos en paz interior, ajena
a las luchas religiosas que asolaban a Europa y libre de
las ten­
siones familiares
y educativas que nacen de una pluta!idad de
confesiones.
En un ámbito universal, ella permitió una reconquista de ,
nuestro suelo frente al Islam que conservará su sentido y em­
puje durante .ocho siglos hasta una victoria final que salvaría
para
la Cristiandad los límites de Europa. Ella hizo posible la
conquista
y civilización de América que, católica por la fe uná­
nime
de sus protagonistas, se incorporará así a la Cristiandad oc-
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cidental. Ella sostendtá en Europa la lucha contra la herejía, por
cuya virtud Francia y Bélgica son hoy básicamente católicas.
La
lucha, asimismo, contra el turco, detenido en el sitio de Viena y
en Lepanto por obra, en gran medida, de las armas españolas,
salvando
así a Europa y a América de ser hoy musulmanas. Ella
inspiró al propio tiempo la gran reforma tridentina, de
cuyos
beneficios ha vivido la Iglesia hasta nuestra época.
A lo largo de la historia, los españoles tuvimos a honra la
preservación de esa unidad religiosa católica desde la alta Edad
Media hasta
la época actual. Así se mantuvo, en efecto, hasta
la vigente. Constitución laica
de 1978, con la sola excepción de
los cinco años de la
II República. Incluso las Constituciones li­
berales del siglo pasado, por más que afirmasen como origen del
poder el propio pacto constitucional, incluían en el mismo
la
unidad religiosa y la confesionalidad católica del Estado como
puntos primordiales de esa
convención. Es decir, el rey y las
leyes reconocieron siempre a la religión católica como religión
oficial, y los cultos públicos,
la enseñanza y las costlllllbres se
regularon dentro de los supuestos básicos
de la fe católica.
Los sucesivos centenarios de aquel concilio toledano fueron
siempre recordados como una gloria
nacional, símbolo de fideli­
dad y de paz espiritual. Distinto está siendo el caso del actual
centenario
-el décimocuarto--, cuya conmemoración coincide
con el presente año 1989.
Ya. no se ha recordado como el origen
gozoso de
algo vigente, sino, por vez primera, como algo preté­
rito, superado. Tampoco
las autoridades civiles y religiosas lo
han conmemorado como un bien pasado pero añorable, sino, todo
lo más, como una situación «cultural» que tuvo
su razón de ser
en otras épocas, pero que ha sido
ya sustituida por formas nuevas
de convivencia civil y religiosa «pluralistas», «laicas» o «huma­
nistas».
Ya lo dijo el Cardenal Primado ante una pregunta. de los
periodistas sobre cómo habría de tratarse esa efemérides. «No
queremos darle de ninguna manera
aires apologéticos ni triun­
falistas
-ha sido su respuesta-: subrayaremos su significado
cultural y humano a
la luz del más cercano de Ios concilios, el
Vaticano II».
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LA UNIDAD RELIGIOSA. TEOL(X;IA Y POLITICA
A quienes afirmamos hoy que es moralmente obligatorio' y
prácticamente necesario tratar de. restablecer en España la con­
fesionalidad del Estado y la unidad católica, se nos suelen
opo­
ner tres objeciones aparentemente de peso:
La primera es de carácter a la vez teológico y psicológico, y
tiene su origen remoto en el nominalismo ocamista y en el pro­
testantismo: ¿Por qué
la Iglesia defendió siempre como nece­
saria
la confesionalidad del Estado y valoró sobre toda otra si­
tuación la unidad religiosa de un pueblo? ¿Por qué se opuso en
todo tiempo a
la libertad religiosa en el fuero externo (libertad
civil) y a
la laicidad del Estado? Si la fe es una virtud teologal,
infusa en cada alma, y Ja profesión religiosa es lo más íntimo o
personail del hombre, ¿por qué no ha de disponer éste de la más
absoluta libertad de conciencia,
de práctica y de expresión re­
ligiosas? ¿Por qué no admitir una completa independencia entre
el orden civil y el religioso, entre el Estado y la Iglesia?
La segunda objeción es de carácter fáctico, exisrencial o his­
tórico: de hecho la unidad religiosa no existe ya en la sociedad,
ni siquiera en España, donde una gran parte de la población es
ajena a
la práctica del catolicismo, sea por indiferencia o des­
creimiento, sea por adhesión al marxismo ateo, sea por !a pro
paganda reciente de otras religiones. Tan utópico como implan­
tar la unidad católica en Japón sería implantarla hoy
en cual­
quier latitud del planeta.
La tercera objeción se basa
en un argumento de autoridad
eclesiástica: la propia Iglesia, en
la Declaración Dignitatis huma­
nae del Concilio Vaticano II, ha decretado la m,ertad religiosa
en el fuero externo de las conciencias y presionado sobre los go­
biernos católicos para que la establezcan legalmente.
Para responder a estas objeciones parece necesario
aclarar
previamente lo que entendemos por unidad religiosa.
La unidad religiosa y la confesionalidad del Estado no su­
ponen imponer a nadie una
fe religiosa (lo que es moralmente
ilícito y físicamente imposible), ni menos aún, su práctica. Ni
siquiera prohibir
el culto privado --0 público localizado-de
otras religiones. Supone,
s!, que las leyes se atengan a una mo-
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ral inmutable cuyo cimiento religioso se hallará, en último tér­
mino, en los Mandamientos de la Ley de Dios. Y que el Estado
profesará y protegerá la religión católica como única verdadera
y exteriorizable públicamente. Aclarado esto, nos cumple respon­
der a aquellas tres objeciones. Diremos a la primera:
El primer y fundamental
de los Mandamientos que obligan
al hombre
es el de amar a Dios sobre todas las cosas, y esto le
obliga, tanto en el plano individual, como
en el colectivo o so­
cial. Porque el hombre es social por naturaleza, y no cabe dis­
tinguir una naturaleza individual sujeta al deber religioso y otra
social exenta de tal vínculo, es decir, religiosamente neutra. El
cristiano debe formar una sociedad cristiana, con leyes, institu­
ciones y costumbres inspiradas en su fe o,
al menos, no hostiles
a ella. Y lo mismo que en el plano personal tiene el cristiano
obligación de preservar su
fe, de no exponerla a peligros, así
también asiste al gobernante católico
el deber de preservar la
fe ambiental, ·de promover las condiciones idóneas para su man­
tenimiento y expansión. Al igual que
el hombre no puede sub­
sistir físicamente en estado de aislamiento, sin ayuda de la
so­
ciedad, así tampoco la fe y la virtud pueden conservarse am­
bientalmente sin el apoyo de un medio adecuado que está for­
mado por la
estructura familiar, las costumbres y las instituciones
cristianas.
La expansión del cristianismo en sus primeros siglos
frente
al Imperio romano y frente a las propias pasiones huma­
nas tuvo un cierto carácter milagroso, como lo tuvieron
las sú­
bitas conversiones de los pueblos bárbaros. Pero no pueden pe­
dirse milagros cuando está en la mano -y en el deber-de los
hombres preservar y ampliar
el patrimonio de fe que han here­
dado de sus padres. Para Platón, la ciudad (la
polis) es, ante
todo, un sistema de adecuación
(paideia), y no cabe una tras­
misión moral sin una previa comunión religiosa.
Si este deber de formar sociedad religiosa fuera suscepnble
de
más o de menos, reconoceríamos un caso cumbre en la gé­
nesis de nuestra propia patria, nacida de los reductos primeros
de la Reconquista, cuyo factor diferencial fue precisamente el
cristianismo, como religioso fue
el sentido de su lucha.
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LA UNIDAD REUGIOSA. TEOLOGIA Y POUTICA
Pero esto, además de un deber religioso, es para el hombre
una necesidad
práctica en el orden político: si la vida sociru. y
las leyes dejan de apoyarse en unos principios trascendentes para
convertirse en opinión y
sufragio, todo queda sometido a discu­
sión, y el desorden moral y civil crece hasta hacerse inconteni­
ble.
Como acaeció a los romanos en su última decadencia, llega
el momento en que la sociedad no soporta ni sus males ni sus
remedios.
No puede subsistir, en efecto, un gobierno estable que no
se asiente en lo que se ha llamado una «ortodoxia pública», es
decir, un punto de referencia que permita apelar a criterios· su­
periores de autoridad y obligatoriedad, base de las instituciones,
las leyes y las sentencias. Y un consenso ambiental
-más o me­
nos consciente---sobre Ias normas de conducta y los valores vi­
gentes en esa sociedad, normas que van más allá de la mera
voluntad
humana o de la utilidad pública. Al igual que toda ci­
vilización histórica se ha formado siempre en torno a una viven­
cia
religiosa (piénsese en la Cristiandad o en el Islam), el go­
bierno de los hombres ha de poseer una referencia última a ese
cimiento religioso o sacra!. Cuando éste falta o se niega --<:amo
en la democracia moderna-se cae en el puro positivismo jurí­
dico, y se vive de lo que quede de
fe ambiental en las concien­
cias, en las
familias y en

las costumbres. Cuando nada queda ya,
todo se hace incierto y discutible, y la sociedad se desmorona.
La pérdida de la unidad religiosa es
el origen de la actual diso­
lución
-más o menos rápida-de las nacionalidades y civiliza­
ciones.
La democracia moderna es el régimen nacido de la Revolu­
ción francesa, cuyo bicentenario es la segunda de las conmemora­
ciones que nos trae este año 1989. En él se elimina del mundo
moral y político cuanto trascienda al hómbre mismo:
ya no exis­
tirán principios superiores
ni imperativos de validez absoluta;
todo
será relativo al hombre y a las mayor!as, meras opiniones
computables en
el sufragio y cambiantes por su misma natura­
leza.
La Revolución va a representar en el orden político lo que
el pecado original supuso para la naturaleza humana. Los revolu-
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clonarlos de París rechazan el fundamento religioso de la so­
ciedad y adoran a
la diosa Razón en figura de una prostituta en­
caramada en
el altar de la catedral de París. La Convención esta­
blecerá que
la sociedad es un meto acuerdo entre los hombres
que se regirá
por la Voluntad General sin referencia alguna reli­
giosa. Tal es
el sentido de la Convención (contrato) o Constitu­
ción.
E.l antiguo régimen cristiano es simbólicamente guillotina­
do en la persona del rey y del clero y la nobleza que lo represen­
taban.
El genocidio se extenderá bajo el Terror a todo sospechoso
de fidelidad a la fe o a la monarquía. Se fundaba así el nuevo
Estado laico, liberal y democrático:
la sociedad nueva basada
en la voluntad humana y no en la ley de Dios. La Revolución
francesa se universaliza merced a la
expansión napoleónica y

a
las sociedades secretas ( «sociedades
de pensamiento») de corte
masónico.
Este régimen «de opinión», antropocéntrico y relativista, ex­
cluye de la política al cristiano consciente. Sólo podrá participar
en ella desde partidos de oposición, no ya al gobierno, sino al
sistema mismo;
es decir, desde partidos marginales de carácter
meramente testimonial. Porque,
por principio, el católico no pue­
de
admitir la Voluntad General como fuente de la ley y del
podet.
En rigot, excluye también al hombre mismo, a todo hom­
bre sinceramente interesado en la labor política al destruir la
consistencia misma de esa lahot. ¿Quién edificará con fe y em­
peño si sabe que construye sobre arena movediza? ¿Que cuanto
afirme o establezca no poseerá más vigencia y validez que la opi­
nión mudable
de las mayorías? El régimen de partidos o de opi­
nión elimina
en la política el sentido de la acci6n al negar ob­
jetivos y referencias válidas pot sí mismas, y elimina la estabili­
dad
o consistencia que toda obra humana requiere, al menos en
su intención. La política deja así de ser empresa humana para
convertirse en
;uego de partidos y profesión de políticos.
Cuando se establece
la democracia moderna como sistema y
se acepta la «libertad religiosa» (y el consecuente laicismo
de
Estado), resulta ya imposible mandar ni prohibir cosa alguna.
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LA UNIDAD REUGIOSA. TEOLOGIA Y POLITICA
¿ En nombre de qué se preservará en una tal sociedad el matri­
monio monógamo e indisoluble? ¿Bajo qué
título se prohibirá
el aborto, la eutanasia o el suicidio? ¿Qué se podrá oponer al
nudismo, a la objeción de
conciencia militar, a las drogas o a la
promiscuidad de las comunas? Bastará con que el afectado por
el mandato o la prohibición apele a· una religión cualquiera -in­
cluso inventada o individual-que autorice tal práctica o la pro­
híba. ¿Qué límite podrá poner el Estado a esa libertad religiosa
si
se la supone basada en «el derecho de la persona»?
Quien desee divorciarse o vivir en poligamia no tendrá sino
declararse adepto a múltiples religiones orientales o al Islam o a
los mormones. Quien desee practicar la eutanasia o inducir al
suicidio, podrá declararse sintoísta. El que quiera practicar el
nudismo público alegará su adscripción
a la religión de los ban­
túes, y los objetores al servicio militar buscarán su apoyo en los
Testigos de Jehová. En
fin, los que vivan en promiscuidad o se
droguen hallarán un recurso en los antiguos cultos dionisíacos o
báquicos. La inviabilidad última
de cualquier gobierno humano
( que no recurra a la arbitrariedad
y la fuerza) se hace así patente.
La llamada «libertad religiosa» es, por su misma esencia, Ja muer­
te de toda autoridad
y gobierno.
Mientras esto llega
-y está a la vista en el horizonte his­
tórico--- la religión verdadera pierde rápidamente audiencia al
verse privada del apoyo de las leyes y las costumbres, al ser re­
legada a la condición de una opción entre mil y enfrentada al
estallido de
las pasiones. Y otras religiones -sobre todo las
ocultistas e
hinduístas-ocupan en el corazón de los hombres
el puesto que ha dejado, por su propia abdicación, la religión de
sus padres y de
su civilización.
De donde
se deduce que ni una religiosidad ambiental o
popular puede subsistir sin el apoyo
de una sociedad religiosa­
mente constituida, ni
el poder público puede ejercerse con auto­
ridad
y estabilidad si se prescinde de una instancia superior -re­
ligiosa-de común aceptación.
La segunda objeción se refería, como dijimos, a la imposi­
bilidad de restablecer la unidad religiosa en Espafia porque, de
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hecho, esta unidad se ha perdido en la sociedad contemporánea
y sobre una sociedad «plural» no
se puede gobernar confesional­
mente.
A ello cabe responder: cuando decimos que el pueblo espa­
ñol sigue siendo, no
sólo histórica, sino básica y visceralmente
católico, no ignoramos el
gran proceso de descristianización que
ha sufrido
de un siglo a esta parte, ni c6mo ese proceso se ve
hoy intensamente reforzado.
No obstante lo cual:
a) Ninguna otra religión se ha afianzado en nuestra patria
desde tiempos de Recaredo
ni ha obtenido más que adhesiones
muy localizadas y pasajeras. Tampoco ha brotado de nuestro sue­
lo ninguna otra religión ni aun herejía, por más que algunas de
éstas hayan encontrado cierto eco.
b) Si en una hipótesis, un inmenso cataclismo (un terremoto
generalizado o una guerra atómica, como ejemplos) se abatiera so­
bre nuestro suelo, el 80 % de sus habitantes recurriría al Cielo
bajo los nombres de Cristo y de su Santísima
Madre. Y el 20 %
restante lo haría cuando el peligro fuera para ellos inminente.
Nadie, por supuesto, invocaría a otro Dios ni bajo otros nom­
bres, y
casi ninguno moriria conscientemente sin esa invocación.
Por más que esta
reacción respondiera en muchos casos al miedo,
no deja por eso de revelar
la mentalidad religiosa profunda de
la casi totalidad de la población.
Caso distinto sería
si estos hechos no fueran ciertos y coexis­
tieran entre nosotros varias confesiones, como sucede en otros
países.
En tal caso la prudencia política del gobernante exigiría
una libertad religiosa dentro de los límites en que esas confe­
siones convengan entre sí, pero nunca una completa laicidad del
Estado.
La t!'f=a objeción, en fin, esgrimía la autoridad del Conci­
lio Vaticano
II que, en su Declaración Dignitatis humanae, pa­
rece consagrar como derecho humano jurídicamente respetable la
libertad religiosa y el consiguiente «pluralismo político». Esta­
mos con ello en la
tercera conmemoración que nos trae el presen­
te año:
el 25 aniversario de ese Concilio.
Las ideas liberales y democráticas de la Revolución francesa
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prendieron a mitad del siglo pasado en sectores intelectuales y
del clero en el seno de la propia Iglesia. Es el movimiento lla­
mado
«modernismo» o catolicismo ·liberal que culminará en la
obra
de J. Maritain, para quien la verdadeta cristiandad debe ser
un orden laico sin otra impregnación religiosa que la proverúen­
te de la actuación personal de sus miembros. Estos movimientos
laicizadores fueron reprimidos por la Iglesia en su versión mo­
dernista hasta el Concilio Vaticano II. En éste triunfa la frac­
ción liberal-modernista
y se decreta la llamada «libertad religio­
sa»: la equiparación civil de todas las religiones como asunto pri­
vado ante
la ley neutralista del Estado laico. A partir de este
momento la jerarquía eclesiástica toma sus distancias respecto a
los Estados católicos, o, más bien, procura
su desaparición. Al
propio tiempo un vago humanismo o culto al hombre se entre­
mezcla con
un cada vez más diluido culto a Dios, determinando
un rápido declive en la fe ambiental y en fas instituciones ecle­
siásticas.
A esa declatación conciliar Dignitatis bumanae cabe replicar:
es cierto que ese documento establece más o menos oscuramente
la
libertad religiosa en el fuero externo a las conciencias, y tam­
bién que
el sector progresista dominante. hoy en la Iglesia lo ha
utilizado para procurar
el desmantelamiento de la unidad cató­
lica
y de la confesionalidad del Estado en los países en que exis­
tlan. Sin embargo, ese concilio se declaró a sí mismo como me­
ramente «pastoral» y «no dogmático». Y su doctrina se opone
en este punto a la de todos los concilios antetiores ( éstos, sí, dog­
máticos)
y a todas las encíclicas papales ( algunas también dog­
máticas). La decisión no ofrece duda
(1 ). Por otra parte, una
declaraci6n es el rango menor entre las disposiciones de que cons­
ta el Concilio. Cabe interpretarla como una mera directiva cir-
(1) En una conferencia titulada La declaraci6n de libertad religiosa y
la calda del régimen nacional, publicada en el Boletín de la Fundación
Francisco Franco (núm. 36, afio 1985), hice un cotejo entre la declaración
Dignitatis humanae y la endclica Quanta cura de Pfo ix, haciendo ver
que lo que la una decreta coincide casi en los mismos términos ron lo que
la otra condena.
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cunstancial, táctica de «pastoral», que, como toda táctica, ha de
probar en la práctica su eficacia
y validez.
No faltan autores para quienes la
formación de un criterio en
esta materia no
requiere llegar a esos extremos, ya que bastaría
una recta interpretación del texto conciliar para ponerlo de acuer­
do con
la doctrina anterior. Una y mil veces nos dicen estos auto-­
res que no hemos entendido el ·sentido y el alcance verdaderos
de esa declaración. De
Roma ha venido reiteradamente la incita­
ción a que sea interpretada «de acuerdo con la ttadición». Mu­
chos autores católicos derrochan prodigios de ingenio para ha­
llarle un sentido en consonancia con la secular doctrina anterior.
Mienttas tanto, otros, los progresistas que redactaron la
decla­
ración y que la aplican, han desttuído en su nombre cuanto que­
daba en el mundo de unidad católica y de confesionalidad en los
Estados.
A todo esto, dicho texto conciliar cumple ahora 25 años.
Si
durante un cuarto de siglo multitud de personas medianamente
cultas no han alcanzado a encontrarle un sentido compatible con
la tradición, si son múltiples las interpretaciones vigentes,
¿podrá
alguien dudar de que ese texto es, cuando menos, confuso o am­
biguo, carente de la claridad y precisión que su importancia re­
queriría, a la que tiene derecho el pueblo fiel a quien va dirigido?
Reiterar una y mil veces que no lo hemos entendido constituye,
al
cabo de 25 años, una ofensa contta la inteligencia más elemen­
tal de una extensa parte del pueblo fiel. En tal caso, ¿no entra­
rá en las obligaciones de la autoridad el redactarlo de nuevo, pre­
cisarlo, rectificarlo si
es necesario?
A mi juicio
el texto es suficientemente claro, no reviste os­
curidad ní se presta más que a una interpretación. Sólo que esa
interpretación obvia
es inconciliable con la docttina anterior; es
su conttadicción
literal, más aún si se relaciona con la Constitu­
ción conciliar Gaudium et spes, que es su filosofía.
Cabe
también juzgar esa declaración por sus efectos, apli­
cándole la norma de juicio que el mismo Cristo nos enseñó:
por sus frutos
los conoceréis. Y ello con la perspectiva indiscu­
tible que nos ofrece
ya un cuarto de siglo de su aplicación. Y
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esos efectos son ruinas de ruinas por doquier. No hay dogma, ni
norma, ni costumbre
de la Iglesia que se haya visto discutido y
contestado. El catolicismo ha retrocedido en su ámbito más que
lo que retrocedió en
las más crueles invasiones de la historia.
Compárese la situación moral
y. religiosa actu"1 de cualquier pa­
rroquia, de las órdenes religiosas, de las familias,
de los pue­
blos.. . con la de hace veinticinco
años y la impresión resultará
desoladora. Y
más acusadamente en los países y regiones donde
la influencia de la Iglesia era mayor.
El día -si llega-en que el hombre occid.enta:l emprenda
su camino de Damasco,
es decir, en que, desengañado de la
Ciudad del Hombre, busque de nuevo la Ciudad de Dios,
ha­
brá de recorrer en sentido inverso y rectificándolas las dos últi­
mas conmemoraciones. Ante todo, retornando
la Iglesia a la doc­
trina política que ·siempre mantuvo: la necesidad de que la vida
del hombre
-tanto individual como colectiva-se funde en
principios religiosos, en la
Ley de Dios. En segundo término, ab­
jurando del racionalismo ateo de la Revolución y abrazando aque­
llo que para España representó el
III Concilio de Toledo, con­
memoración primera de este •año: la fundamentación del hom­
bre y de la sociedad humana bajo
el dulce yugo de la ley divina.
Haga Dios que este año,
pródigo en conmemoraciones esen­
ciales, sirva a la humanidad
-y ante todo a la Iglesia-como
punto de
reflexión para rectificar los caminos torcidos y reen­
contrar la
luz de la verdadera paz.
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